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En votación histórica, la sociedad chilena asume su inconformidad con la herencia de Augusto Pinochet y vota por la elaboración de una nueva Constitución que rija la vida pública del país

Este fin de semana, la sociedad chilena vivió y fue protagonista de un acontecimiento sin precedentes en su historia reciente, luego de que en un plebiscito convocado por el gobierno, casi ocho de cada diez votantes se manifestaron a favor de renovar por completo la Constitución vigente, la cual es herencia del régimen dictatorial de Augusto Pinochet (1973-1990), el cual, recordemos, se impuso gracias a un golpe militar que resultó también en el suicido de Salvador Allende.

El plebiscito fue respuesta a las protestas estudiantiles y populares ocurridas hace justamente un año, cuando en octubre de 2019 el gobierno municipal de Santiago de Chile, la capital del país, decidió aumentar el precio de acceso al transporte público, concretamente al metro de la ciudad. Al inicio fueron sobre todo los estudiantes de distintos niveles quienes reaccionaron a esta medida con virulencia, argumentando que el costo de vida era ya bastante elevado como para, además, asumir este nuevo incremento. A la inconformidad estudiantil se sumaron pronto otros sectores de la sociedad chilena, congregados por un reclamo muy similar respecto de las condiciones de vida en el país.

A propósito cabe recordar –también en relación con el plebiscito celebrado este domingo– que el régimen de Pinochet fue quizá el primero verdaderamente neoliberal de América Latina, entre otras razones, porque desde el inicio se caracterizó por una abdicación de las obligaciones del Estado a favor de empresas capitalistas privadas. La educación, la salud, el transporte y otras actividades que históricamente, en todas las naciones modernas, ha sido responsabilidad y obligación del gobierno garantizarlas, en el Chile de Pinochet fueron poco a poco entregadas a empresas nacionales o transnacionales cuyo único interés era generar ganancia económica de ello. En esto la administración de Pinochet siguió la tendencia de su época y, además, los dictados de los grupos de poder que apoyaron su dictadura.

Con el paso de los años, la privatización de dichos servicios básicos, aunada a la implementación de otras medidas de política económica igualmente asociadas con el neoliberalismo de los años 80 y 90 del siglo pasado, creó una enorme contradicción en el seno de la sociedad chilena, la cual, por un lado, se encontró hasta hace no mucho entre los países de la región con mejores índices de calidad de vida, pero, por otro, con una precarización creciente en todos los sectores de la población. Dicho de otro modo: en Chile se tenía, sí, una “buena” calidad de vida, pero a un precio muy alto. Eventualmente esta contradicción se volvió insostenible, como demostraron las protestas del año pasado.

En parte eso explica por qué el plebiscito del domingo 25 de octubre es histórico, pues la revocación de la Constitución pinochetiana es también una forma de decir "no" a dicha forma de concebir al Estado y al aparato gubernamental. En ese sentido se espera que la nueva constitución tenga un espíritu completamente distinto, en específico con leyes mucho más atentas a la voluntad y las necesidades populares.

Aun en tiempos de pandemia, poco más del 50% del padrón electoral chileno salió a las calles a responder las preguntas del plebiscito. A la primera de estas, "¿Quiere usted una Nueva Constitución?”, 78.27% de los votantes (5 885 721 personas) se manifestó por la opción Apruebo, mientras que el 21.73% (1 633 932 personas) votó por el Rechazo.

La segunda pregunta del plebiscito fue "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?". Esta tenía implicaciones un tanto más complejas que la cuestión anterior, pero, aun así, la sociedad chilena fue contundente: el 79.24% de los votantes favoreció la opción Convención constitucional, mientras que el 20.76% se inclinó por una Convención mixta constitucional. 

En este punto, la principal diferencia entre una y otra es que la convención constitucional estará integrada por 155 personas elegidas directamente por la sociedad chilena, en un proceso democrático abierto a toda la población en condiciones de votar. La convención mixta hubiera sido, en cambio, una combinación de miembros elegidos popularmente y otros del parlamento chileno ya en funciones. Cabe agregar también que, por primera vez en la historia, la convención constitucional está obligada a garantizar la paridad de género entre sus integrantes y, por otro lado, que también la población indígena del país tendrá asegurado un cierto número de representantes.

Con estos resultados, la sociedad chilena tiene en su horizontes días y meses de intensa actividad política y, sobre todo, de una viva participación popular, pues a fin de cuentas, como decíamos, este plebiscito es efecto directo de una inconformidad generalizada de la sociedad, la cual se hizo evidente en las manifestaciones del 2019. Si los diferentes sectores de la sociedad chilena son coherentes consigo mismos, la elaboración de una nueva Constitución, con todo lo que ello implica, requerirá de su involucramiento cercano y constante para culminar así con una base legal que, en efecto, garantice ciertos niveles de bienestar para toda la población.

 


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Imagen de portada: Rodrigo Garrido / EFE