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La reforma constitucional impulsada por el oficialismo también elimina la segunda vuelta electoral y extiende el mandato presidencial de cinco a seis años, generando críticas sobre el debilitamiento democrático.

 En medio del receso legislativo y sin mayor consulta pública, el Congreso de El Salvador aprobó una de las reformas más polémicas de su historia reciente: la reelección presidencial indefinida. Con el respaldo de 57 de los 60 diputados —en su mayoría del oficialista Nuevas Ideas—, el Legislativo avaló también la eliminación de la segunda vuelta electoral y la extensión del mandato presidencial de cinco a seis años.

El cambio, impulsado por el círculo cercano al presidente Nayib Bukele, permite que el mandatario —quien ya se reeligió en 2024 a pesar de la prohibición constitucional— pueda postularse cuantas veces lo desee.

Para la diputada oficialista Ana Figueroa, se trata de un acto de justicia electoral: “Estamos dándole al pueblo salvadoreño el poder total”, dijo. Pero desde las bancadas opositoras, la lectura es diametralmente opuesta. Marcela Villatoro, del partido ARENA, no dejó lugar a dudas al levantar un cartel durante la sesión con la frase que ya recorre el continente: “Hoy murió la democracia”.

En 2021, la Sala de lo Constitucional —controlada por magistrados afines a Bukele— resolvió que reelegirse era un “derecho humano”. Esa decisión fue la antesala para el segundo mandato del mandatario, quien asumió nuevamente en 2024 tras obtener el 82.8% de los votos. Ahora, con la reforma ratificada, la posibilidad de una presidencia indefinida queda completamente abierta.

El actual mandato de Bukele, que debía concluir en 2029, terminará anticipadamente en 2027 para empatar las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales. Lo que no ha cambiado es el silencio del presidente, quien hasta ahora no ha emitido postura alguna respecto a esta nueva puerta abierta hacia su permanencia en el poder.

¿Democracia con popularidad o autoritarismo con aplausos?

Bukele ha construido su figura sobre un discurso de orden, eficacia y lucha contra las pandillas. En apenas tres años, logró reducir la violencia a niveles históricos y posicionar a El Salvador como uno de los países más seguros del continente. Pero ese logro tiene un lado oscuro: detenciones masivas sin debido proceso, represión a voces críticas y condiciones de encierro señaladas por organismos internacionales como violatorias de derechos humanos.

“Prefiero que me llamen dictador a ver muertos en las calles”, dijo Bukele en enero pasado, sin esconder su desprecio por las formas democráticas tradicionales. Sus declaraciones y acciones han generado comparaciones con el modelo venezolano. Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, lo sintetizó así: “Empieza con un líder popular que concentra poder… y termina en dictadura”.

La alarma internacional suena, pero no todos la escuchan

Organismos como Cristosal o Amnistía Internacional han advertido que El Salvador atraviesa una peligrosa transición: de la violencia de las pandillas a una violencia institucionalizada. Mientras tanto, decenas de abogados, activistas y periodistas han tenido que exiliarse. El mensaje de Noah Bullock, director de Cristosal, es claro: “Cambiaron el sistema político en una sola votación legislativa. Este es el camino de los autócratas”.
La vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, tiene otra versión: “El poder ha regresado al único lugar al que verdaderamente pertenece… al pueblo salvadoreño”.

Pero el problema no es el poder, sino qué se hace con él. Y, sobre todo, qué queda en pie cuando las instituciones se convierten en herramientas de un solo hombre.

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