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Tras seis meses de investigación, autoridades federales desmantelan una de las principales redes de robo de hidrocarburos en el centro del país. Se investiga la posible participación de funcionarios.

El gobierno federal dio un golpe contundente a una de las redes de huachicol más grandes del centro del país. Tras seis meses de investigaciones y trabajo coordinado, se logró la detención de 32 personas presuntamente vinculadas con el robo y venta ilegal de hidrocarburos. El operativo se desplegó en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro e Hidalgo.

Según informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ejecutaron 12 órdenes de cateo con el apoyo de 767 elementos de distintas corporaciones. Entre los detenidos se encuentran dos figuras clave: Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, señalado como líder de la organización, y Luis Miguel Ortega Maldonado, El Flaco de Oro, identificado como su principal operador.

El operativo no solo dejó detenidos. También se decomisaron 16 millones de pesos en efectivo, armas de fuego, vehículos de lujo, tractocamiones, contenedores tipo tanque, drogas, medicamentos controlados, y hasta animales exóticos, los cuales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
De acuerdo con las autoridades, la organización operaba a través de tomas clandestinas en ductos para extraer gas LP y gasolina, que después almacenaban en bodegas y distribuían ilegalmente a estaciones de servicio. Esta red, además, habría contado con protección de funcionarios a nivel federal, estatal y municipal, aunque por ahora esa información sigue en investigación.

En Ixtlahuaca, Estado de México, se realizó uno de los cateos más relevantes: ahí fue detenido el presunto líder, junto con 14 personas más. García Harfuch explicó que este grupo no solo tenía capacidad logística, sino conexiones directas con autoridades, lo que les permitía mantener la operación sin mayores interrupciones.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que este tipo de operativos muestran una mayor capacidad institucional para enfrentar al crimen organizado, gracias a las reformas recientes en materia de seguridad y coordinación entre dependencias. Lo dijo en el contexto de la discusión de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En total, se aseguraron 12 inmuebles, 48 vehículos —algunos blindados—, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, ocho pipas, 36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, dos tomas clandestinas y una suma millonaria en efectivo. El siguiente paso, según la FGR, será iniciar procesos de extinción de dominio sobre los bienes asegurados.

Aunque aún no hay nombres oficiales, el propio gabinete de seguridad federal reconoce que se investigan posibles vínculos entre esta red criminal y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

El operativo deja claro que el problema no es solo el robo de combustible. Lo que está en juego es el entramado de impunidad que lo permite.

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Imagen de portada: BBC