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Desde el 22 de junio, plataformas como Uber, Didi y Rappi deben ofrecer seguridad social y contrato. Sin embargo, persisten las dudas entre repartidores sobre cómo afectará su trabajo cotidiano.

El 22 de junio entró en vigor una reforma histórica en México: por primera vez, el trabajo a través de plataformas digitales —como Uber, Didi o Rappi— fue reconocido como una relación laboral subordinada. En teoría, eso significa contratos, seguridad social, aguinaldo, vacaciones, horas extra y libertad sindical. En la práctica, las cosas no son tan claras.

La ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados e impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. El objetivo: formalizar un sector que, desde hace años, opera en el vacío legal. La plataforma SiVa-Contratos ya está activa para que las empresas registren formalmente a sus trabajadores. Pero lo que debería ser una victoria laboral, hoy es también un foco de incertidumbre.

Porque aunque el nuevo marco legal es ambicioso, su implementación todavía está en pañales. Apenas hoy —27 de junio— se publican las reglas generales del IMSS y la Secretaría del Trabajo, y apenas arranca un programa piloto obligatorio de seis meses. Mientras tanto, los repartidores no saben qué sigue, cómo funcionará el sistema, ni quién va a responder si algo sale mal.

Sí hay derechos, pero también hay trampas

La reforma establece que si una persona alcanza el salario mínimo mensual mientras trabaja en la app, entonces deberá ser considerada un trabajador formal. Pero si gana menos, la relación laboral desaparece como por arte de magia. Aun así, aunque no llegue al mínimo, debe contar con seguro por riesgos de trabajo mientras esté conectado. Si deja de aceptar pedidos por más de 30 días, el contrato se rompe automáticamente.

Este tipo de condiciones, ambiguas y condicionadas al rendimiento, hacen que el “avance” se sienta, en realidad, como una puerta a medias. Las plataformas tienen hasta diciembre para presentar iniciativas legales con el IMSS y el Infonavit para garantizar el cumplimiento real de esta ley. Y si no lo hacen, podrían enfrentar multas millonarias que superan los cinco millones de pesos.

La transparencia algorítmica, otra promesa en papel

Uno de los puntos clave es que las empresas deberán entregar una “política algorítmica”: un documento que explique cómo se asignan pedidos, cómo se califican los repartidores y por qué se les castiga o premia. Pero hasta ahora, la mayoría de los repartidores sigue sin conocer ni el documento, ni las reglas, ni los criterios.
Más de 30 reuniones entre autoridades y empresas sirvieron para pulir detalles, pero los trabajadores siguen sin saber cómo les afectará esto en su día a día. Lo que sí saben, es que las plataformas están haciendo lo posible por desinformar.

Las apps no están contentas (y tampoco se están quedando quietas)

En los últimos días, hemos visto protestas organizadas en redes, rumores en grupos de WhatsApp y hasta movilizaciones confusas. ¿Quién está detrás? De acuerdo con Sergio Guerrero, de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, muchas de estas manifestaciones están alimentadas por campañas alarmistas promovidas por las propias plataformas. Una estrategia vieja: sembrar miedo entre los trabajadores para evitar que se organicen o reclamen lo que por ley ya les corresponde.
Mientras tanto, funcionarios mexicanos presumían en Ginebra esta reforma como un avance mundial en derechos laborales, pero en el país, los mismos trabajadores que deberían beneficiarse de ella no entienden ni cómo se aplica ni cuándo se hará efectiva.

¿Y la flexibilidad? También está en juego

A esto se suma un reclamo que ha cobrado fuerza en los últimos días: muchos repartidores argumentan que esta ley no se acopla a su realidad laboral. Una gran parte trabaja solo algunas horas al día, o unos cuantos días a la semana, combinando este ingreso con otras actividades. Para ellos, la formalización no representa un avance, sino una camisa de fuerza. Temen que la ley los “encierre” en un esquema tradicional de horarios fijos que simplemente ya no les funciona como medio de subsistencia. La libertad de conexión —uno de los principales atractivos de este trabajo— podría volverse un espejismo.

¿Revolución laboral o simulacro digital?

La reforma busca corregir una injusticia sistémica: por años, miles de personas trabajaron sin contratos, sin prestaciones, sin respaldo legal. No eran emprendedores ni socios, aunque así les llamaran. Eran y son fuerza de trabajo precarizada, sostenida por un modelo algorítmico que los exprime y desecha sin aviso.

La ley ya cambió. Pero si no se acompaña de información clara, de voluntad real por parte de las empresas y de vigilancia efectiva del Estado, todo esto corre el riesgo de ser otro simulacro bien intencionado… y mal ejecutado.

Porque sí: es un avance. Pero también es una prueba. Y México no se puede permitir fallarla.

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Imagen de portada: Forbes mexico