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Chile y Uruguay son, por mucho, los países menos corruptos de América Latina, de acuerdo al Corruption Perceptions Index de Transparencia Internacional

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Ceder a favor de tu beneficio personal, a costa de un perjuicio colectivo. Así podríamos definir a grandes rasgos el acto de la corrupción entre funcionarios públicos, lo cual, si además tomamos en cuenta que su propósito original es el de servir a la sociedad (razón por la que cobran un sueldo que proviene del pago de impuestos o del usufructo de la riqueza nacional), entonces implica la perversión de la razón de existir de dichas autoridades. 

La institucionalización de este acto, es decir el imprimir este halo degenerativo en el funcionamiento cotidiano de una administración pública, ha probado ser uno de los mayores males que enfrentan ciudades, estados y naciones alrededor del mundo. Además de implicarle costos incalculables a las arcas públicas de decenas de países, la instauración de la corrupción como modus operandi conlleva otras nefastas consecuencias, por ejemplo, favorece la impunidad o promueve la injusticia, y aunque es una pauta marcada por el propio sistema, esta termina permeando la dinámica social y absorbiendo a la ciudadanía (la cual se vuelve copartícipe de este fenómeno).

Como cada año, la organización Transparencia Internacional publica su Índice de Percepción sobre Corrupción, un listado que incluye a 175 países. Entre los múltiples efectos que acarrea la corrupción en estas naciones no sólo se encuentra el saqueo de recursos públicos en detrimento de los sectores más necesitados de la sociedad (algo que repercute en carencias educativas o de salud pública, entre otros rubros), sino que se "vulneran el desarrollo económico y de justicia, además de destruir la confianza pública en el gobierno y las autoridades". Es decir, más allá de las consecuencias tangibles que acarrea el instaurar la corrupción como parte de la administración de un país, esta práctica termina por enturbiar la atmósfera de manera significativa generando, así, costos a mediano plazo que son particularmente complicados de revertir.

En cuanto al Índice, el cual está basado en la opinión de expertos alrededor del mundo, mide los niveles de percepción en torno a la corrupción del sector público. Sobre los resultados y el valor jerárquico, Transparencia Internacional advierte:

Una baja calificación es generalmente una señal de soborno recurrente, falta de castigo contra los actos de corrupción e instituciones públicas que no responden a las necesidades de sus ciudadanos.  

Los 10 países con menor corrupción son:

10. Canadá

9. Luxemburgo

8. Holanda

7. Singapur 

6. Suiza

5. Noruega

4. Suecia

3. Finlandia

2. Nueva Zelanda

1. Dinamarca

Mientras que en el ocaso de la honestidad y la transparencia se ubican:

174. Somalia

173. Corea del Norte

172. Sudán

171. Afganistán

170. Sudán del Sur

169. Irak

168. Turkmenistán 

167. Uzbekistán 

166. Libia

En cuanto a Latinoamérica, los dos países mejor ubicados son Chile y Uruguay, compartiendo la posición 21, mientras que España aparece en el 37 y México, empatado con Bolivia, en el lugar 103.

Consulta aquí el Índice completo.