Surge Narcopolíticos, portal que evidencia a la clase política con el crimen organizado
Política
Por: Yael Zárate Quezada - 08/15/2025
Por: Yael Zárate Quezada - 08/15/2025
Una colaboración periodística reveló los nombres de varias figuras de la política mexicana y sus presuntos vínculos con el crimen organizado. La investigación, titulada “Narcopolíticos”, expuso a 11 servidores y exservidores públicos que habrían sostenido relaciones cercanas con diversos cárteles en México.
El trabajo, desarrollado por Pie de Nota, la organización Defensorxs y el periodista Óscar Balderas, especializado en Seguridad Pública y Crimen Organizado en Milenio, señala a funcionarios de distintos niveles de gobierno, desde autoridades locales en Michoacán hasta integrantes del Gobierno Federal. Entre los nombres destacan Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), hoy sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos; Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán entre 2015 y 2021, actualmente prófugo; y Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas (1999-2004), recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano por delitos relacionados con su colusión con Los Zetas.
La lista también incluye a Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa con ficha roja en Estados Unidos por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa; Tania Gisela Contreras López, expresidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas; y Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, acusado de liderar la facción La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El portal clasifica a los señalados por partido político, estado en el que operan y cártel con el que han tenido presunta relación.
De Movimiento Regeneración Nacional (Morena) –actual partido en el gobierno– aparecen Hernán Bermúdez Requena, Tania Contreras y Rubén Rocha Moya. Por Movimiento Ciudadano (MC) figura Anabel Ávila Ascención, presidenta municipal de Coalcomán, Michoacán. En Acción Nacional (PAN) está Genaro García Luna; mientras que en el Revolucionario Institutional (PRI) destacan Tomás Yarrington, Edgar Veytia —exfiscal de Nayarit, sentenciado en EE. UU. a 20 años por narcotráfico— y Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla ligado al Cártel de los Beltrán Leyva, hoy en prisión domiciliaria.
En el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se señala a Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador de San Luis Potosí; y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles y Julio César Godoy Toscano, ambos prófugos, con vínculos con La Familia Michoacana y acusaciones de lavado de dinero.
Según la plataforma, se incluye en esta categoría a personas con vínculos comprobables con el crimen organizado mediante investigaciones judiciales, documentos oficiales, reportes de inteligencia o trabajos periodísticos sustentados. Dichos vínculos pueden ser directos o a través de terceros, siempre que existan pruebas de conocimiento o participación.
Asimismo, se señala que “se considerarán como Narcopolíticos a las personas que estén relacionadas, conforme a los criterios anteriores, con organizaciones que incurran en tráfico de armas, drogas o hidrocarburos; trata de personas y explotación sexual; tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; protección política, jurídica u operativa a las actividades anteriores”.
En su descripción, el proyecto advierte: “Narcopolíticos es un registro de los políticos, burócratas, empresarios y otros personajes públicos que han protegido o colaborado con el crimen organizado en México. La complicidad de los agentes estatales y privados con las organizaciones criminales ha sido fundamental para que estas organizaciones pudieran extender su poder y dominio por todo el país. Al exponer estas complicidades, buscamos luchar contra la impunidad (jurídica y social) que ha tolerado estos abusos. Las y los mexicanos no estamos condenados a vivir sometidos a la violencia ni a la corrupción”.
Así, la información, respaldada por documentos, investigaciones y pruebas, busca romper el silencio y la normalización de estas alianzas. Más allá de señalar a los implicados, el portal plantea un reto a la ciudadanía para exigir transparencia, justicia y el fin de la impunidad que por décadas ha protegido a quienes han hecho de la política una extensión de los intereses criminales.
