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La justicia brasileña ratificó la sentencia contra Volkswagen en Brasil por someter a trabajadores a condiciones de esclavitud entre 1974 y 1986 en una hacienda ganadera en el estado de Pará.

Una investigación del diario El País firmada por la periodista Naiara Galarraga Gortázar dio a conocer que la justicia brasileña ratificó la condena contra Volkswagen do Brasil por mantener a cientos de trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud durante más de una década. Los hechos ocurrieron entre 1974 y 1986 en la Hacienda Vale do Rio Cristalino, una propiedad ganadera de 139,000 hectáreas —casi el tamaño de la Ciudad de São Paulo— ubicada en Santana do Araguaia, estado de Pará, operada por la Companhia Vale do Rio Cristalino, subsidiaria de la automotriz alemana.

La sentencia, confirmada en segunda instancia en febrero de 2026, obliga a la empresa a pagar 165 millones de reales brasileños —alrededor de 26 millones de euros— destinados al Fondo Estatal de Promoción del Trabajo Digno y de Erradicación del Trabajo Esclavo en Pará. El dinero no llegará directamente a los trabajadores afectados, sino que financiará políticas estructurales contra la explotación laboral en la región. Es la condena más alta en la historia de Brasil por trabajo esclavo, según el Ministerio Público del Trabajo, que presentó la acción civil pública en diciembre de 2024 a partir de denuncias documentadas por la Comisión Pastoral de la Tierra.

El modus operandi de la hacienda seguía un patrón sistemático. Intermediarios conocidos como "gatos" reclutaban a peones con promesas de trabajo digno, los trasladaban a la selva y los endeudaban desde el primer día: los cargos por alojamiento, alimentación y herramientas se descontaban de salarios que nunca alcanzaban para saldar la cuenta. Vigilancia armada, alojamientos precarios, alimentación insuficiente y ausencia de atención médica —en una zona endémica de malaria— completaban el cuadro. El juez Otavio Bruno da Silva Ferreira señaló en su resolución que las pruebas del expediente demuestran que Volkswagen no fue un inversor pasivo, sino un participante activo en la gestión estratégica de la hacienda que se benefició directamente de esa explotación.

La empresa deberá además pedir disculpas públicas a los trabajadores afectados y a la sociedad brasileña, e incorporar en todos sus contratos con terceros cláusulas que prohíban prácticas similares. No es la primera vez que Volkswagen Brasil confronta su pasado, particularmente del que se benefició con la dictadura de Humberto de Alencar Castelo Branco. En 2020 ya había firmado un acuerdo judicial en el que reconocía haber colaborado con el régimen militar en la persecución política de trabajadores de sus plantas. 

A pesar de ello, la compañía apelará la nueva sentencia al argumentar que su legado de más de siete décadas en el país se ha construido sobre el “respeto a la dignidad humana y el cumplimiento de la ley laboral”.

El caso llegó a los tribunales gracias, en buena medida, al padre Ricardo Rezende Figueira, sacerdote católico de 73 años que desde 1970 ha dedicado su vida a documentar el trabajo esclavo moderno en Brasil. Su testimonio y los archivos que recopiló durante décadas forman parte del expediente que permitió probar la responsabilidad de la empresa. 

Volkswagen es la primera compañía declarada responsable de abusos cometidos en la Amazonia durante la dictadura, lo que convierte esta sentencia en un precedente con implicaciones que van mucho más allá del caso particular: sienta las bases para exigir cuentas a otras corporaciones que operaron bajo la misma lógica extractiva durante aquellos años.


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Imagen de portada: Agenda Estado de Derecho 

Con información de El País