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Mientras el gobierno federal canceló el proyecto turístico de Royal Caribbean en Mahahual tras una presión social sin precedentes, los vecinos de Topolobampo, Sinaloa, llevan 13 años intentando detener una planta de amoniaco que devastaría la Bahía de Ohuira.

México tiene dos batallas ambientales abiertas al mismo tiempo, en costas opuestas del país, y las dos dicen algo sobre cómo el desarrollo económico sigue chocando contra los ecosistemas que lo hacen posible.

En el Caribe, el gobierno federal anunció que no aprobará la construcción del parque acuático de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera a Semarnat revisar el proyecto y la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena confirmara que la empresa deberá buscar otro sitio. Pero en el Pacífico, los vecinos de Topolobampo, Sinaloa, salieron a las calles el fin de semana para frenar otro proyecto: una planta de amoniaco que podría destruir la Bahía de Ohuira.

Hoy, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el tema es más relevante que nunca.

Lo que estaba en juego en Mahahual

El proyecto "Perfect Day México" de Royal Caribbean contemplaba la construcción de un parque acuático con toboganes, ríos artificiales y bares sobre 107 hectáreas en la zona costera del sur de Quintana Roo, con apertura prevista para 2027. El problema es la ubicación: Mahahual alberga el segundo sistema arrecifal más grande del mundo, lo que encendió las alarmas de biólogos, defensores del medio ambiente y la propia comunidad.

La propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto reconocía pérdida de vegetación costera, afectaciones a manglares protegidos y reducción permanente de hábitats para fauna silvestre, calificados como daños permanentes, irreversibles y acumulativos. Colectivos como Greenpeace y Salvemos Mahahual documentaron además que la construcción pondría en peligro al jaguar, la tortuga blanca y otras especies en riesgo, además de generar presión sobre los servicios de agua y drenaje de una comunidad de poco más de dos mil habitantes que recibiría hasta 21 mil turistas al día.

La respuesta ciudadana fue contundente: más de 4.1 millones de personas firmaron peticiones en línea contra el proyecto. La presión funcionó. La Profepa clausuró obras por destrucción de manglares y compactación de selva baja, y Semarnat cataloga ahora el proyecto como un riesgo para la soberanía ecosistémica. Aunque los tribunales aún no dan una resolución definitiva, el mensaje político del gobierno fue claro.

El otro frente: Topolobampo y la planta de amoniaco

A diferencia de Mahahual, el caso de Topolobampo no llegó a las tendencias de redes sociales ni reunió millones de firmas. Pero lo que está en juego es igual de grave.

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la compañía suizo-alemana Proman AG, lleva más de una década tramitando la construcción de una planta que produciría dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco, un compuesto de uso agrícola, farmacéutico y energético. El proyecto arrancó en 2013, pero la resistencia local nunca desapareció y el fin de semana volvió a tomar fuerza cuando llegó maquinaria al puerto pesquero.

El colectivo ecológico "¡Aquí no!" es la voz más organizada contra el proyecto. Sus argumentos no son vagos: señalan directamente lo que la propia empresa reconoce en su Manifestación de Impacto Ambiental Regional. La planta succcionaría más de dos mil metros cúbicos de agua de mar por hora y, al retornarla, elevaría la temperatura del agua en tres grados. Las consecuencias para la vida marina en la Bahía de Ohuira, un ecosistema con delfines, lobos marinos, aves migratorias, dunas y manglares, serían devastadoras. Las estimaciones del colectivo apuntan a la destrucción del 60% de la producción de camarón en la bahía, más de 500 toneladas anuales.

La comunidad mayo-yoreme habita los territorios de la Bahía de Ohuira desde tiempos ancestrales y depende de la pesca, la agricultura y el turismo. El colectivo advierte que la degradación del ecosistema obligaría a familias enteras a abandonar su territorio, con lo que se perdería no solo un modo de vida, sino también sus prácticas culturales: arte, danza, cocina, religión. Lo llaman, con precisión, un etnocidio cultural.

GPO responde que el sitio donde se instalará la planta ya era una zona industrializada sin vegetación ni fauna, y que Semarnat así lo verificó. La empresa dice que tiene programas de conservación para manglares, delfines, tortugas y aves migratorias. La petición en Change.org, lanzada en mayo de 2026, ya supera las 125 mil firmas.

Un patrón que se repite

Lo que conecta a Mahahual con Topolobampo es el mismo mecanismo: proyectos de gran escala que presentan manifestaciones de impacto ambiental donde ellos mismos documentan daños severos, mientras argumentan que esos daños son manejables o que el territorio ya estaba degradado. La pregunta que queda en el aire es quién tiene la autoridad real para decidir si eso es suficiente.

En el caso de Mahahual, la presión social masiva y la exposición mediática forzaron al gobierno a tomar una postura. En Topolobampo, el proceso lleva 13 años y la planta todavía no tiene un "no" definitivo.

Hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, México tiene dos respuestas distintas para el mismo problema: la participación ciudadana. Una llegó con cuatro millones de firmas y protestas en el Palacio de Bellas Artes. La otra espera, con 125 mil firmas y vecinos en la calle, que alguien le preste la misma atención.


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