Textiles, identidad y ley: la disputa por lo que no debería ser mercancía
Sociedad
Por: Mateo León - 04/12/2026
Por: Mateo León - 04/12/2026
En México, un bordado no es solo un diseño. Es un lenguaje. Una forma de memoria que se transmite sin libros, a través de manos, hilos y tiempo. Por eso, cuando esos patrones aparecen en escaparates internacionales sin contexto ni reconocimiento, la discusión deja de ser estética y se vuelve política.
En ese escenario se inscribe la reciente iniciativa presentada en el Congreso de Baja California por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, que busca reformar la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural para proteger jurídicamente los diseños textiles indígenas. La propuesta plantea reconocerlos explícitamente como patrimonio cultural y dotar al Estado de herramientas para su defensa, registro y preservación.
La reforma no surge en el vacío. Responde a una problemática persistente: la reproducción y comercialización de símbolos, bordados y patrones tradicionales por parte de marcas nacionales e internacionales, sin autorización ni beneficio para las comunidades que los crearon.
El término “apropiación cultural” no nació en el ámbito mediático, sino en la antropología y los estudios culturales del siglo XX. Se utilizaba para describir cómo elementos de una cultura —particularmente de grupos históricamente subordinados— eran adoptados por otros, muchas veces sin comprender su significado o sin reconocer su origen.
Con el tiempo, el concepto adquirió una dimensión ética y política. Hoy se usa para señalar desequilibrios de poder: cuando una cultura dominante toma elementos de otra y los convierte en mercancía, borrando el contexto y, en muchos casos, desplazando a sus propios creadores.
En el caso de los textiles indígenas, la discusión es especialmente sensible porque estos objetos no son decorativos en su origen. Son portadores de cosmovisión: cada figura, cada color, cada técnica tiene un significado específico vinculado con la historia, el territorio y la identidad de una comunidad.
En los últimos años, México se ha convertido en uno de los epicentros del debate sobre apropiación cultural. Algunos casos han marcado un antes y un después en la discusión pública:
Estos casos no solo evidenciaron prácticas recurrentes, sino también la falta de mecanismos legales claros para proteger el patrimonio cultural colectivo.
Uno de los principales vacíos legales radica en que los sistemas de propiedad intelectual tradicionales están diseñados para proteger creaciones individuales, con autoría definida y duración limitada. Los textiles indígenas, en cambio, son creaciones colectivas, anónimas y transmitidas a lo largo de generaciones.
Ahí es donde iniciativas como la de Baja California adquieren relevancia. Al reconocer los diseños textiles indígenas como bienes protegidos, se abre la posibilidad de construir un marco legal más acorde con su naturaleza.
La propuesta también contempla fortalecer el papel del Instituto de Cultura del Estado y establecer mecanismos de registro y protección más robustos, incluyendo la inscripción de declaratorias en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
El fondo del debate no es solo jurídico. Es también cultural y económico. ¿Qué significa que un bordado tradicional se venda en miles de dólares en una pasarela internacional, mientras las comunidades que lo originaron enfrentan condiciones de marginación?
De acuerdo con datos del INEGI, más de 7 millones de personas en México se dedican a actividades artesanales o relacionadas con el patrimonio cultural, muchas de ellas en condiciones de informalidad. Sin mecanismos de protección, el valor generado por sus creaciones suele concentrarse en intermediarios o marcas externas.
La iniciativa de Baja California, en ese sentido, busca enviar un mensaje claro: el patrimonio cultural no puede seguir siendo tratado como un recurso libre de explotación.
Proteger los textiles indígenas implica algo más que evitar su plagio. Supone reconocer que son parte de un sistema de conocimiento, de una forma de entender el mundo.
Si la ley logra avanzar en esa dirección, no solo se estaría cerrando un vacío legal. También se estaría redefiniendo una relación histórica: la que existe entre cultura, mercado y poder.
Porque al final, la pregunta no es solo quién puede usar un diseño, sino quién tiene derecho a contar la historia que ese diseño representa.
