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El fracaso de la guerra contra las drogas y las alternativas para despenalizar su consumo en el mundo

Por: pijamasurf - 11/20/2013

Algunos líderes del mundo, al igual que ciertas legislaciones de E.U., ya han comenzado a despenalizar la portación y consumo de pequeñas cantidades de drogas. ¿La tendencia crecerá o la violencia seguirá recrudeciéndose?

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Las drogas, lo sabemos desde hace tiempo como una verdad incómoda, han ganado la guerra contra las drogas. Entre desplazados, asesinados y afectados directa o indirectamente por la política mundial de criminalizar el consumo de drogas, 230 millones de personas en el mundo consumían alguna sustancia ilegal en el mundo. Frente a este panorama, documentales como Breaking the Taboo y trabajos periodísticos como los presentados por la televisora Al Jazeera llaman con urgencia a considerar nuevos enfoques para lidiar socialmente con la producción, almacenamiento, venta y consumo de drogas.

Figuras como el anterior secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y el anterior presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, entre otros ex mandatarios como César Gaviria de Colombia, integran una Comisión Global de Políticas sobre Drogas que se encarga de presentar la aterradora evaluación de lo que ha sido la sanguinaria política de "lucha contra las drogas", iniciada por el corrupto Richard Nixon a principios de los '70 y adoptada como modelo a seguir por países como México, Ecuador y Chile, como el único enfoque de estado frente al problema.

En una editorial de la mencionada Comisión Global, leemos:

Llamamos a los gobiernos a adoptar maneras más humanas y efectivas de controlar y regular las drogas. Recomendamos que la criminalización del uso de las drogas sea reemplazada por un enfoque de salud pública. También apelamos a los países a probar cuidadosamente modelos de regulación legal como un medio para minar el poder del crimen organizado, que se beneficia del tráfico ilícito de drogas.

Y es que además de los altos costos sociales y de salud que esta guerra acarrea (y que en México ha provocado un ambiente de violencia e inseguridad que los medios de comunicación se han hartado de cubrir durante los últimos 12 años), tal vez los gobernantes presten atención a nuevos enfoques si se plantean desde el costo económico de mantener la guerra: se calcula que desde 1971, cuando Nixon presenta la criminalización de las drogas como solución a un conflicto social más amplio, más de un trillón de dólares se han gastado ($1,000,000,000,000), una cantidad difícil de conceptualizar si pensamos que cada año, a nivel global, esta guerra cuesta $100 mil millones de dólares. El ex mandatario mexicano, Vicente Fox, un empresario disfrazado de político, es una prueba inesperada de que el capitalismo también es parte del ADN de la criminalización: transformar un problema social en negocio, un negocio que tal vez sea una mejor alternativa al enfoque militar de los últimos 40 años.

Tal vez sea más fácil hacernos una idea del alto costo económico de esta estrategia si pensamos que el mercado de las drogas gana cada año lo que los gobiernos del mundo han gastado en cuatro décadas en combatirla.

Algunas propuestas de descriminalización tan extremas como las de Portugal son presentadas como pioneras en documentales como Breaking The Taboo para buscar nuevas soluciones a viejos problemas. En aquel país se descriminalizó el uso de drogas hace doce años, y tener una pequeña cantidad de drogas es equivalente, a nivel de responsabilidad jurídica, a la multa por estacionarse en un lugar prohibido.

En Chile, Ecuador y Colombia, poseer drogas ya no es un crimen, y Uruguay analiza una nueva legislación donde el gobierno producirá y venderá marihuana. ¿Es posible que estos acercamientos acaben con el crimen organizado, al menos con la parte de él que se alimenta de los beneficios de la política de prohibición (como los gángsters de Chicago cuando el alcohol era ilegal)? Puede ser que no, pero es preciso plantearnos una estrategia nueva para lidiar con las drogas; el esquema tradicional, la lucha frontal y directa, es demasiado costosa en términos humanos y materiales, y a la larga, insostenible.

CNDH, ¿oportunismo político o defensa de derechos?

Por: Maite Azuela - 11/20/2013

Los desencuentros entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a partir del caso de presunta agresión de un profesor a una estudiante de 16 años son un asunto sumamente delicado.

Los desencuentros entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a partir del caso de presunta agresión de un profesor a una estudiante de 16 años se hicieron públicos a partir de que la CNDH emitió por primera vez el martes pasado una recomendación para la Universidad.

Captura-de-pantalla-2013-11-13-a-las-20.35.36-f-437x330El asunto es sumamente delicado y desafortunadamente puede ser utilizado con fines políticos, sin que el uso mediático que reciba lleve a un cauce justo su resolución. Es importante notar que la CNDH menciona en su recomendación un retraso en la reacción de la UNAM, sin embargo la Comisión hace público su dictamen siete meses después de la denuncia.

Con imputaciones que van dirigidas al Abogado General de la UNAM, a quien responsabiliza de no haber notificado a la Contraloría Universitaria, la CNDH apuntó en su recomendación que hay elementos para considerar que persiste la impunidad y presenta una versión de lo ocurrido. En síntesis, se afirma que la estudiante había sido acosada por el maestro, quien le pedía unos “besos” a cambio de modificar su calificación. Las pruebas que tiene la Comisión para inculpar al maestro consisten en varios testimonios de los compañeros de clase de la estudiante y un video que podría interpretarse como prueba del forcejeo de notas que se da entre el profesor y la alumna. Además, la Comisión señala que en el servicio médico de la escuela fueron registradas “lesiones en la parte frontal del tórax, petequias (pequeñas manchas internas de sangre) en la base del cuello y ruptura de la uña del dedo anular de la mano derecha. Con estos elementos acusa a la UNAM de no haber realizado sanción alguna a través de las instancias internas. 

Sin embargo, la UNAM destituyó al profesor el 14 de mayo, aplicando la mayor sanción que podía ejecutar. La CNDH se refiere al caso como si hubiera quedado impune por omisiones de la Universidad, pero su declaración resulta falsa, desinformada y con dolo. Previo a su recomendación, Raúl Plasencia, presidente de la CNDH, debió revisar las facultades que tiene la Universidad como institución educativa autónoma, a la que no le compete enjuiciar ni castigar penalmente a ninguna persona. La UNAM acompañó a la víctima a presentar las denuncias ante la fiscalía contra delitos sexuales de la Procuraduría General de la República, a quien definitivamente le correspondería realizar las averiguaciones correspondientes y castigar al profesor, en caso de que resulte responsable de los hechos que se le imputan. 

No vendría mal que la CNDH recomendara a esta fiscalía resolver pronto y rendir cuentas sobre las investigaciones que se han llevado a cabo. Pero quizá al presidente de la CNDH no le resulte tan incómodo ningún funcionario de la PGR, como podría resultarle alguna autoridad universitaria ahora que se avecina la renovación de presidente de la Comisión. Porque, definitivamente, en ellos tendría competidores de experiencia y legitimidad que pueden incomodar sus planes.

Y así, las preguntas empiezan a subir de volumen: ¿La CNDH está realmente preocupada por los derechos de la estudiante? ¿Puede la CNDH asegurar que cuenta con suficientes elementos para inculpar a un profesor? ¿Por qué responsabilizar de impunidad a la UNAM  sin que el debido proceso haya concluido y a pesar de que a los 18 días el  profesor fue despedido? ¿Por qué esperar hasta este momento para emitir una recomendación en la que la UNAM resulta señalada, mientras la PGR no fue tocada ni con el pétalo de una rosa?

Es un buen momento para que los ciudadanos pongamos atención a lo que hay detrás de estas decisiones. El nombramiento de un ombudsman nacional requiere un perfil que ponga por encima de cualquier carrera política la salvaguarda de nuestros derechos humanos. Se acerca la renovación de  su dirigencia y seguramente esta recomendación no será la única con la que se intente quitar del camino a aquellos candidatos que imaginen una CNDH que coloque a las víctimas en el centro de su proceder.

Twitter de la autora: @maiteazuela

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Pijama Surf al respecto.