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La organización Human Rights Watch ha presentado el informe sobre desapariciones forzadas ocurridas durante la administración de Felipe Calderón, un delito que revela la pesarosa realidad del sistema judicial mexicano, corrupto y displicente.

El estado de seguridad pública en que ha vivido México en los últimos años es consecuencia, en buena medida, de las políticas gubernamentales en torno al consumo y comercio ilegal de drogas, la confrontación pretendidamente directa a las organizaciones criminales que tiene en el narcotráfico su principal fuente de ingresos económicos, pero casi exclusivamente a través de la vía armada, militar o policiaca, que según algunos ha contribuido menos a resolver el problema que, por el contrario, a intensificar la violencia que ha caracterizado parte de la vida pública mexicana reciente.

Paralelamente a esta situación, delitos como la extorsión, el secuestro, la tortura, el homicidio y el tráfico de armas, han experimentado también un incremento notable: a la sombra dela impunidad y del miedo, de la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades locales y federales del país y de la sensación de vulnerabilidad generada entre la población, cárteles del narco e incluso personas que solo simulan su pertenencia a estos, han diversificado la empresa delictiva hacia estas y otras operaciones que solo son posibles en un país de instituciones jurídicas endebles, corruptas e incluso de salarios incapaces de competir con las ofertas salariales de los cárteles (como es el caso de los cuerpos policiacos en el interior del país).

Por desgracia, la violencia asociada al narcotráfico ha permitido que, so pretexto de la seguridad, paulatina y casi imperceptiblemente han surgido prácticas ilegales que, sin embargo, son habituales lo mismo entre organizaciones criminales que entre autoridades del Estado. En particular, las llamadas desapariciones forzadas, situaciones en que una persona es tomada y retenida sin que se sepa su destino posterior.

En este sentido, la organización Human Rights Watch ha publicado un informe titulado Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, en el cual documenta las desapariciones forzadas ocurridas durante la administración federal de Felipe Calderón, esto es, de 2006 a 2012.

Human Rights Watch presenta 249 casos confirmados de desaparecidos, un número alarmante en sí mismo que lo es todavía más cuando se acota que al menos en 149 de estos (el 60%), hubo miembros de la policía, el ejército o la marina que intervinieron en la desaparición. Dice el informe:

Human Rights Watch ha documentado 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre de 2006. En 149 de estos casos, encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos 149 casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales.

La mayoría de los casos de posible desaparición forzada que documentamos responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares. Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas.

Asimismo, HRW llama la atención sobre la displicencia del sistema de justicia en México, particularmente los niveles donde medios y bajos donde se deberían iniciar los procesos correspondientes para solucionar esta situación. En una idea que lamentablemente se ha vuelto usual en el país y que, todavía más preocupante, se traduce en acciones concretas, personal del Ministerio Público justifica tácitamente la desaparición suponiendo ante los familiares del desaparecido que, probablemente, esto ocurrió por la pertenencia de la víctima a una organización criminal, lo cual de algún modo los exime de la obligación de investigar el delito, en una suerte de traslación punitiva de las instituciones del Estado hacia una entidad más o menos metafísica y omnisciente que reparte castigos a quienes así lo merecen.

Como si esto fuera poco, cuando los agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y funcionarios de seguridad pública atienden a familiares de desaparecidos, es común que sugieran que las víctimas posiblemente fueron agredidas debido a que están implicadas en actividades ilícitas, incluso cuando no tienen pruebas para hacer tales señalamientos. Las autoridades invocan esta presunción infundada como un pretexto para no iniciar investigaciones, y así excluyen y hostigan a personas cuya colaboración podría haber sido crucial para encontrar a la víctima desaparecida. Si bien es razonable que las autoridades evalúen los antecedentes de las víctimas como una posible línea de investigación, Human Rights Watch comprobó que algunos funcionarios asumían automáticamente que las víctimas tenían algún vínculo delictivo antes de iniciar una investigación preliminar, y mantenían esta postura aun cuando las evidencias señalaban claramente lo contrario.

Como sabemos, esto lo hace un ministerio público pero también, en su momento, lo repitió el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont e incluso el entonces presidente Calderón, quienes en más de una ocasión justificaron veladamente el homicidio de personas partiendo de la suposición nunca comprobada formaban parte de algún cartel del narcotráfico o grupo delictivo. El caso más polémico fue el del asesinato de 15 jóvenes en Villas de Salvarcar, una colonia popular de Ciudad Juárez, Chihuhua, a quienes Felipe Calderón no tuvo ningún reparo en calificar de “integrantes de pandillas”, como si esto fuera motivo suficiente o para desestimar la investigación del homicidio o para recalcar entre líneas la justicia del castigo recibido.

Esta, sin embargo, no es el único vicio de operación en el caso de los ministerios públicos. HRW también señala el hecho de que, si la investigación sobre una desaparición se emprende, entonces las autoridades piden a los propios familiares que realicen buena parte de esta, que consigan pruebas y entrevisten a testigos, que llenen ese vacío que, de nuevo, las instituciones judiciales no pueden o no quieren llenar, sea por exceso de trabajo o corrupción en sus niveles más profundos.

El informe es extenso y también desolador. Expone en un detalle el cúmulo de circunstancias en torno al problema delictivo y de justicia en México: quien toma la decisión de desaparecer a una persona, actúa a sabiendas de que la policía no lo va a perseguir, de que el ministerio público no lo va a investigar, de que ningún juez lo va a sentenciar, de que, efectivamente, su acción quedará impune a pesar de tratarse de un delito.

No hay delitos mejores o peores que otros. O al menos el sistema judicial no debería actuar conforme a una arbitraria y subjetiva escala valorativa e investigar y castigar unos y dejar pasar otros. Las desapariciones forzadas, en su pesarosa realidad, son una suerte de cereza podrida para ese sistema infecto que es la justicia mexicana.

Para los interesados, compartimos el informe de HRW en el que está basada esta nota, además del anexo con las 249 desapariciones forzadas documentadas por la organización.

 

Anexo 1: Casos de Desapariciones Documentadas por Human Rights Watch

Twitter del autor: @saturnesco

[HRW]

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El trabajo es la nueva prisión: supermercado obliga a trabajadores a usar brazaletes que monitorean su actividad

Por: pijamasurf - 02/21/2013

El supermercado TESCO utiliza brazaletes electrónicos que monitorean todas las actividades de los empleados, incluyendo descansos para ir al baño.

La discusión sobre la relación entre las máquinas (o la tecnología) y el trabajo humano (o su deshumanización) tiene por lo menos desde el inicio de la era industrial en el siglo XVIII. En muchos aspectos las máquinas o los robots son más eficientes que el cuerpo humano para realizar ciertas tareas --pero desplazar al ser humano presenta una disyuntiva ética, siempre cuando no esta proveyendo la supuesta bonanza y libertad que prometen los entusiastas de la tecnología. Pero si se quiere mantener al ser humano cumpliendo pequeñas labores pueden utilizar máquinas para vigilar y controlar el trabajo humano.

Según un reporte publicado por el Irish Independent, el gigante de los supermercados en el Reino Unido, TESCO, ha atado brazaletes electrónicos a los trabajadores de sus bodegas para medir su productividad, siguiendo sus actividades de cerca para que la administración pueda saber cuando toman un descanso para beber agua o ir al baño. Las pausas se ven reflejadas como bajas en la puntuación del desempeño de productividad de los trabajadores -que después aparentemente son utilizadas para intimidarlos para que trabajen más rápido.  

Los brazaletes les otorgan un cantidad de tiempo por actividad a los trabajadores, por ejemplo veinte minutos para cargar paquetes de refrescos. Si los trabajadores lo hacen en veinte minutos se les otorgan 100pc, pero si lo hacían en diez, se les otorgan 200pc. TESCO negó que descansos para ir al baño afectaban las puntuaciones en su desempeño, sin embargo, un ex-empleado de la cadena de supermercados aseguró al Independent que su calificación después de ir al baño fue 'mucho más baja' de lo esperado.  

En ocasiones, la administración manda a llamar a los trabajadores para decirles que tienen calificaciones bajas y deben mejorar. El resultado principal del brazalete, dice el ex-empleado anónimo, es que los trabajadores se sienten mucho más presionados y se sienten obligados a producir más y más.  

Sobre-trabajar a las personas ha probado no ser lo mejor para las empresas. Estudios han demostrado que a la larga, trabajadores estresados tienden a sufrir más enfermedades y los costos médicos cuestan mucho a las compañías.  

Según la CDC (Centro para el control y prevención de enfermedades), las cargas de trabajo excesivas y el cambio en demandas laborales son las principales causas de estrés en el trabajo.  

La implementación de máquinas para mejorar el desempeño de los trabajadores ha sido utilizado desde hace mucho, hasta el reloj puede ser utilizado para el abuso administrativo, Frederick Taylor fue pionero de medir el tiempo en segundos. Con el avance de la tecnología las empresas pueden monitorear con precisión todos los aspectos de la vida laboral de sus trabajadores, Henry Ford estaría celoso.  

En SuperVision: An Introduction to the Surveillance Society (SuperVisión: Una Introducción a la Sociedad de la Vigilancia), John Gilliom y Torin Monahan hablan de encontrar a una mucama que les dijo que después de limpiar cada habitación, debía avisar a la administración para que pudieran registrar cuántas habitaciones aseaba y en qué tiempo. Gilliom y Monahan explican: "Si un trabajador se queda quieto unos cuantos segundos, la administración lo sabe".  

Los call centers también controlan cada segundo del trabajo de sus empleados. En el call center de Time Warner Cable, los empleados tienen solo 8 segundos para hacer su papeleo, según Gilliom. 

AlterNet doucmentó antes la existencia de relojes biométricos y lectores de huellas dactilares que utilizan escáners de iris, tecnología de reconocimiento de caras para monitorear de cerca a los trabajadores. A diferencia de las tarjetas, que permiten que sus empleados cubran los retrasos de sus compañeros al perforar sus tarjetas, la utilización de atributos físicos únicos como ojos y huellas dactilares asegura que el tiempo de los empleados será monitoreado con precisión y así llevar un registro detallado de pausas y productividad.

[AlterNet]