La situación de las etnias indígenas en América Latina ha sido, desde la conquista realizada por las culturas europeas en el siglo XVI, de marginación y acoso. Salvo en países como Paraguay y Bolivia, donde los llamados pueblos originarios integran la mayor parte de la población, en el resto del continente la desigualdad y las consecuencias desfavorables que esta trae consigo son para ellos su normalidad.
Prueba de ello es el reciente anuncio que hiciera en Brasil un grupo de líderes de la etnia Guarani-Kaiowá, residente en Mato Grosso do Sul, sobre la posibilidad de que 170 personas, entre hombres, mujeres y niños, consumaran un suicidio colectivo por el despojo del que fueron objeto desde hace un tiempo y que las autoridades del país no han podido o querido resolver.
El problema radica en que hacendados de la región, con la asistencia de pistoleros puestos a sus órdenes, ocuparon tierras que los Guarani-Kaiowá consideran tradicionales y pertenecientes a sus antepasados.
El conflicto lleva en pie más o menos una década y comenzó cuando hacendados disputaron a los indígenas la Aldeia Passo Piraju, en Porto Cambira, en donde según registros históricos vivieron hasta los años 20, cuando fueron expulsados por los terratenientes. Hacia el año 2000 miembros de la etnia regresaron y construyeron casas, una escuela y plantaciones. Después, en 2002, se firmó un acuerdo entre indígenas y hacendados, mediado por el Ministerio Público del país, para ceder a la etnia 40 hectáreas de hacienda, pero el propietario de esta se inconformó ante instancias judiciales y hace unos días un tribunal regional federal determinó la salida de las familias y la reintegración del terreno a su dueño.
Por otro lado el líder del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Sarney Filho, es uno de los pocos políticos que han intentado defender la causa de los indígenas y, entre otras medidas, envió una carta al Ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, expresando su preocupación sobre la posibilidad de que el suicido colectivo de verdad se lleve a cabo, un escenario totalmente factible si se toma en cuenta que, de acuerdo con datos del gobierno brasileño, en los últimos años cada 6.5 días un indígena de esta comunidad se quitó la vida, además de que, a decir del Conselho Indigenista Missionário (Cimi) —otra organización que ha hecho suyo el reclamo de los Guarani-Kaiowá— entre 2003 y 2011 más de 500 indígenas fueron asesinados.
Así, en una situación a todas luces injusta, parece ser que la vida es la última moneda que los Guarani-Kaiowá pueden dar a cambio de lo que originalmente era suyo.
Con información de La Tercera, DCI y Revista Época