La corrupción que impera en México inhibe, en conjunto con el desánimo colectivo, el fortalecimiento de la sociedad civil. Según el último informe de Transparencia Internacional, este país ocupa el lugar 105 de 177 en cuanto a niveles de corrupción, según la percepción de sus ciudadanos.
Esta misma desconfianza hacia los funcionarios públicos genera un círculo vicioso que impide que la sociedad se organice y exija a sus autoridades, pues de entrada se cree que es una lucha perdida. Sin embargo, entre el escepticismo generalizado, un ejemplo reciente de trabajo civil ha dado frutos. Me refiero a la labor de los miembros del Colectivo Reforma Política Ya, quienes desde hace unos años, y con apoyo reciente de MOVIDEMO A.C., mantuvieron reuniones con legisladores logrando que se incorporaran las figuras ciudadanas como candidaturas independientes, la iniciativa de ley ciudadana y la consulta popular, que hace unos días fue dictaminada.
David Domínguez, miembro de esta A.C., declara que la consulta popular aprobada presenta modificaciones relevantes que son benéficas para la sociedad civil, entre ellas que el Ejecutivo no pueda proponer consultas; también la incorporación de la figura de trascendencia nacional para que aplique una consulta ciudadana, o que el poder legislativo esté obligado a recibir la petición de consulta ciudadana y sea la Corte la que determine si es constitucional o no la consulta, según el tema abordado. Además, se fijó un plazo para determinar la viabilidad de la consulta, el cual Domínguez considera razonable: 30 días.
Cómo aplicar la consulta ciudadana:
¿La Consulta Ciudadana aplicaría para la reforma energética?
—Eso lo decidirá la suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según Domínguez, los aspectos menos favorables de la consulta, son factores como la duplicidad de firmas, es decir, ninguna petición de consulta deberá repetir 20% de signaturas de otras solicitudes previas. A pesar de que los miembros de MOVIDEMO A.C. creen que la ley tuvo algunas modificaciones pertinentes, quedaron inconformes, pues pudo haber sido una legislación mucho más accesible para los ciudadanos. Los legisladores se negaron, por ejemplo, a incluir cualquier alternativa de recolección de firmas vía digital.
Se trata pues de una alternativa antes impensable, algunos legisladores, como el priísta Omar Favad Menseses, creen aún que la sociedad ignora lo que es mejor para ella, y por lo tanto, son los políticos los que deben tomar las decisiones públicas. En los debates sobre la consulta, Favad llegó a afirmar en tribuna, literalmente: “Consultar al pueblo llevaría a la anarquía”. Esto, a pesar de que en los últimos veinte años la economía mexicana apenas ha crecido y al menos la mitad de la población continúa viviendo en pobreza –en 1990, 53% de los habitantes de México eran pobres, según el INEGI; veinte años más tarde, 46.5% continúan en esta situación, en cifras del Coneval. Es decir, hemos vivido veinte años de una política económica que prácticamente no ha mejorado la vida de los habitantes. En pocas palabras, esto ha sido causado por las decisiones de los gobernantes.
Hay quienes creen que es la hora de los ciudadanos en México, simplemente porque no hay otra alternativa. Los políticos no solucionarán los problemas sociales, tal y como históricamente lo hemos comprobado. La hora de los ciudadanos es una urgencia que poco a poco todos vamos concibiendo. Si bien la consulta popular no respondió a la accesibilidad requerida, es un hecho que los ciudadanos cada vez exigen más, incluso si apenas son brotes incipientes, hacerse escuchar.
Twitter de la autora: @anapauladelatd
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