Este martes 16 de octubre el Senado de la República discute la Reforma Laboral, una de las últimas iniciativas Felipe Calderón antes de que este deje la presidencia de México.
El debate legislativo se da en medio de una gran polémica por lo que se considera un cambio inequitativo en las políticas laborales que privan en el país, y los críticos aseguran que, grosso modo, se busca legalizar una situación francamente desigual entre trabajadores y empleadores, beneficiando a unos, los empleadores, a costa de los derechos de otros, los trabajadores.
Justificados en la eficiencia en la contratación y la pronta creación de empleos y el supuesto impacto que esto tendría en la dinámica económica nacional, se incluyeron cambios que buscan hacer legales prácticas como la subcontratación y el pago por horas que, aunque ya comunes tanto en México como en la mayoría de los países subdesarrollados, favorecen la obtención de ganancias para el empleador en detrimento de las llamadas “conquistas laborales” como el derecho a la seguridad social, al fondo para la vivienda y el retiro, y otros. Igualmente se busca limitar el periodo legal de huelga a seis meses (después de lo cual el trabajador estará obligado a absorber los gastos generados durante el paro) y abrir la posibilidad de nuevas formas de contratación (por ejemplo, el periodo de prueba de seis meses durante el cual el empleador solo está obligado a pagar un salario, sin ningún otro tipo de prestación). Cabe resaltar, sin embargo, que esta no es una situación que se mejore con la promulgación de una ley: los pocos o muchos empleos generados en una economía nacional obedecen a circunstancias mucho más profundas y estructurales de las que una ley es solo la expresión última.
Por otro lado, tampoco se ha visto con buenos ojos que el Partido Revolucionario Institucional, históricamente ligado a los sindicatos caracterizados por la imposición entre sus agremiados de políticas antidemocráticas como el corporativismo y el clientelismo, busque bloquear un apartado de la reforma que justamente obliga a estas organizaciones a ser transparentes en sus manejos económicos y democráticos en su estructura política. De acuerdo con el PRI, estas modificaciones atentaban contra la autonomía sindical, por lo cual no hay forma de que las apoye.
Ya al interior del Senado —como también sucedió en la Cámara de Diputados— la votación no se resolverá fácilmente, pues según los analistas hasta el momento priva una suerte de empate técnico: al PRI y el Partido Verde Ecologista, que votarán en contra, se oponen el Partido de la Revolución Democrática y un amplio sector del Partido Acción Nacional, que buscan su aprobación, esta última una alianza un tanto irónica si se considera que el PRD supuestamente representa los intereses de la izquierda y los sectores menos privilegiados de la población, aunque por ahora parecer ser que el tema más urgente es la transparencia sindical que enfrenta a ambos bloques. La votación podría quedar decidida por los senadores de los llamados “partidos menores”.
En suma, se trata de un momento importante para el desarrollo posterior del ámbito laboral en México. Un debate en el que está en juego la legalización de la inequidad.
El sitio de la periodista Carmen Aristegui ofrece esta síntesis de lo que denomina “los 4 puntos polémicos” de dicha reforma, hasta ahora el resumen más práctico que se puede encontrar en Internet sobre el asunto:
1- Contratación temporal
La nueva reforma permitiría que las relaciones de trabajo sean para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, en las que el trabajador estará sujeto a prueba o capacitación inicial.
Los partidos de izquierda señalan que esta propuesta, que impulsó el Ejecutivo y avaló el PRI, atenta contra la estabilidad laboral, y promovieron un intenso debate al respecto.
Las modificaciones a la Constitución permitirían contratos iniciales por hasta 6 meses, después de los cuales el patrón podría prescindir de los servicios del trabajador; el predictamen establece que en el término de la relación laboral deberá contar con la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento.
2- Sindicatos se salvan
Entre los artículos más polémicos de la propuesta presidencial de reforma laboral, eran el 49 y el 373 relacionados con los sindicatos, mismos que omitieron en el proyecto de dictamen.
El primero de ellos preveía el voto “libre, directo y secreto” para el desahogo de la prueba del recuento de los trabajadores, en los conflictos de huelga y titularidad de contrato colectivo de trabajo y administración de contrato ley.
En cuanto al segundo, indicaba que la directiva de los sindicatos debería rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, “cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical”, en la que incluiría la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, al igual que su destino.
El PRI en la Cámara de Diputados argumentó que no apoyaría estas propuestas del Ejecutivo porque vulneran la autonomía sindical.
3-Legaliza el “outsourcing” o subcontratación
En el artículo 15 se legaliza el “outsourcing”, que se realiza en México desde años recientes, el cual queda establecido como “aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de otra persona física o moral que resulta beneficiaria de los servicios contratados”.
En este apartado, se prevé la preocupación de algunos diputados y trabajadores en el sentido de que se utilice este régimen de subcontratación de forma dolosa para “simular” salarios y dar prestaciones menores.
4- El pago por horas
El artículo 83 contempla que cuando se pague por “unidad de tiempo”, el trabajador y el patrón convendrán el pago por cada hora de prestación de servicio.
Diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano han denunciado que podría haber pagos de hasta 8 pesos por hora, si se permite que avance sin ningún candado esta modificación a la ley.
En el predictamen se agrega a la propuesta del Ejecutivo que “el ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, en ningún caso será inferior al que corresponde a una jornada”, con lo cual se reduce el riesgo de que se cometan posibles abusos de los patrones.
Este miércoles, tras una larga discusión, podría votarse un dictamen para que sea sometido al pleno antes de que se cumpla el plazo de 30 días que tiene la iniciativa preferente del Ejecutivo. El debate de este martes, que sostuvieron los diferentes representantes de los partidos, se centró en la flexibilización laboral y el porqué eliminaron los artículos diseñados para transparentar las organizaciones sindicales.
