Hace unos días un grupo de 73 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) presentó ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, un informe en el que denuncia el aumento desmedido de los casos de tortura durante el sexenio de Felipe Calderón, hasta un 500% más de los que ocurrían antes de que iniciara la llamada “lucha contra el narcotráfico” emprendida por la administración calderonista apenas unos meses después de asumir la presidencia de la República.
"La tortura sigue siendo una herramienta constantemente utilizada por las fuerzas de seguridad y fomentada por el actual pasivo de las autoridades ministeriales y judiciales", declaró en conferencia de prensa Agnieszka Rzczynska, vocera de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, una de las organizaciones que elaboraron el documento, junto a la Organización Mundial contra la Tortura, la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y otras.
De acuerdo con datos recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las denuncias por tortura pasaron de 182 en 2006 a 392 en en 2007 y 1669 en 2011, aunque, como tristemente sucede en el caso de la procuración de justicia en México, las cifras no son del todo precisas por todos los casos que permanecen sin denunciar.
Las ONGs coinciden en que la práctica de la tortura se ha alentado o propiciado desde la autoridad por “"la militarización de la guerra contra el crimen": "Lo que plasmamos es una preocupación de que la tortura es fomentada por el diseño de las actuales políticas públicas en materia de seguridad pública, especialmente por la participación de las fuerzas militares en la detención, retención e interrogación de civiles", dijo Rzczynska al respecto.
En este marco, mecanismos como la detención ilegal y arbitraria se han vuelto habituales entre los cuerpos policiacos y de vigilancia, los cuales derivan después en procesos judiciales viciados que legitiman la tortura al aceptar confesiones de hechos obtenidas por medio de palizas, intentos de asfixia, simulacros de ejecución, atadura de extremidades o amenazas de muerte al detenido y a su familia.
Por desgracia, esta situación tiende a normalizarse en las instancias judiciales mexicanas, por lo cual las ONGs esperan que el Comité contra la Tortura emita resoluciones que obliguen al gobierno a tomar medidas que contribuyan a erradica, y no a fomentar, esta práctica.
Recordemos que hace unos meses Felipe Calderón y otros miembros de su gabinete, además de los grandes capos del narcotráfico mexicano, fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad en que han incurrido durante su "guerra contra el crimen organizado".
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[EFE]
