La CDMX autoriza a policías auxiliares y bancarios a levantar infracciones
Sociedad
Por: Carolina De La Torre - 06/24/2026
Por: Carolina De La Torre - 06/24/2026
Moverse por la Ciudad de México implica convivir todos los días con uno de los sistemas viales más complejos del país. Entre congestionamientos, autos estacionados en lugares prohibidos, invasión de carriles y cruces conflictivos, el cumplimiento del Reglamento de Tránsito suele convertirse en uno de los principales retos para las autoridades. Ahora, el gobierno capitalino busca reforzar la vigilancia con una medida que amplía el número de elementos facultados para sancionar infracciones.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) podrán levantar multas de tránsito en distintas zonas de la capital. Hasta ahora, esta tarea recaía principalmente en elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito.
La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y forma parte de una estrategia que, según las autoridades, busca fortalecer el cumplimiento de las normas viales durante el periodo en que la ciudad recibe actividades relacionadas con el Mundial de futbol.
De acuerdo con la SSC, los elementos autorizados comenzarán a operar en alcaldías como Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa e Iztacalco. También se incorporarán policías en Xochimilco e Iztapalapa a través de agrupamientos específicos que participarán en labores de vigilancia vial.
La medida estará vigente, por el momento, hasta el próximo 19 de julio. Una vez concluido ese periodo, las autoridades evaluarán sus resultados para determinar si el esquema continúa de manera permanente o si requiere ajustes.
Para asumir estas funciones, los policías recibieron capacitación especializada en seguridad vial. La SSC explicó que el proceso incluyó formación teórica y práctica, además de evaluaciones constantes para verificar que los elementos contaran con los conocimientos necesarios para aplicar correctamente el Reglamento de Tránsito.
Según la dependencia, en esta capacitación también participó la organización Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety, un programa internacional enfocado en la reducción de accidentes y la promoción de calles más seguras.
Las cifras difundidas por las autoridades muestran la magnitud del operativo. Mientras que más de un centenar de elementos recibieron certificaciones específicas para estas tareas, el acuerdo publicado contempla a un total de 1,287 policías autorizados para expedir y firmar boletas de infracción.
La SSC sostiene que el objetivo va más allá de aumentar el número de multas. La intención, afirma, es mejorar la movilidad, promover una mayor cultura vial y garantizar condiciones más seguras para peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y automovilistas.
Además de sancionar faltas al reglamento, los elementos podrán intervenir en situaciones relacionadas con la recuperación del espacio público. Esto incluye la atención de vehículos abandonados, automóviles estacionados en zonas prohibidas y otros casos que afectan la circulación o el uso adecuado de las calles.
Aunque el gobierno capitalino presenta la iniciativa como una herramienta para fortalecer la seguridad vial y mejorar el orden en las calles, el anuncio también ha despertado inquietudes entre algunos sectores de la ciudadanía. La ampliación de facultades para infraccionar llega en un contexto en el que persisten señalamientos y denuncias sobre actos de corrupción, abuso de autoridad e incluso conductas prepotentes por parte de distintos cuerpos policiales de la Ciudad de México.
Para algunos ciudadanos, incrementar el número de agentes con capacidad de imponer sanciones podría traducirse en una vigilancia más eficiente. Para otros, la medida reabre el debate sobre los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas que deben acompañar este tipo de atribuciones.
Durante las próximas semanas, mientras el programa permanezca en operación, uno de los principales retos para las autoridades será demostrar que el aumento de facultades se traduce en una mejor movilidad y en una aplicación imparcial del reglamento, capaz de generar confianza entre la población.
