Generalmente, como si se tratara de un protocolo de buró, cuando un gobierno enfrenta un fenómeno de criminalidad, su primer respuesta es apuntar al encarcelamiento de las personas que presuntamente cometen tales crímenes. Y si bien está históricamente demostrado que la impunidad es uno de los peores adversarios de la justicia, también parece que el inflar las prisiones de criminales no implica la reducción de crímenes.
Estados Unidos es el epítome de la cultura carcelaria. En 2011 había casi 2 millones 300 mil presos en cárceles de ese país, algo así como 770 adultos por cada 100 mil habitantes, lo cual es una proporción difícil de concebir en un país que presume civilidad –por ejemplo, en Japón la taza es de 51 y en Alemania de 78.
Al analizar el caso estadounidense se puede notar que, sin caer en el vicio del conspiracionismo, existen múltiples agendas alrededor de esta cultura, encabezadas por las corporaciones que abastecen de servicios al gigantesco circuito de prisiones de EE.UU. Pero incluso si dejamos este tipo de variables para otra ocasión, existe un argumento contundente que cuestiona esta filosofía del gobierno estadounidense, y en general del encarcelamiento como recurso predilecto de autoridades para combatir la criminalidad: el hecho de que los índices de delincuencia no necesariamente se reducen conforme aumenta el número de presos.
Recién se publicó un reporte elaborado por el Brennan Center for Justice de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York que advierte que, después de cierto punto, no es costeable continuar encarcelando a más personas ya que ello no necesariamente se traduce en menos crímenes.
Oliver Roeder, quien participó en la elaboración del informe, enfatiza en lo siguiente:
Una vez que los peores criminales están en prisión, cada prisionero adicional representará un menor beneficio en términos de reducción de crímenes. El aumento de encarcelamientos –y su efecto para incapacitar delincuentes– pierde su principal sentido.
El propio Roeder refiere al caso de diversos estados que se han visto obligados a reducir, por sobrepoblación, su número de reos. Por ejemplo, en California se tuvieron que aplicar medidas de este tipo, por mandato de la Suprema Corte, desde el año 2000. Sin embargo, durante los 13 años siguientes se registró una reducción de los niveles de criminalidad –es decir, menos presos se tradujo en menos crímenes. En otros 14 estados, incluidos Texas y Nueva York, ocurrió algo similar, mientras que sólo dos casos vieron sus niveles delincuenciales elevarse ante la depuración de presos.
Y ante estos datos surge una interrogante obvia: si encarcelar personas es nuestro principal recurso para reducir la criminalidad, entonces, ¿cómo podemos explicarnos que reducir el número de presos no elevó el número de crímenes sino, aún más sorprendente, también implicó una reducción?
La pregunta está en el aire, y la respuesta a los problemas de crimen que enfrenta casi cualquier sociedad contemporánea parece estar mucho más cerca de la educación que de la coerción.
