En México, la geolocalización de teléfonos inteligentes ha sido un tema muy polémico en los últimos meses. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, permite que los ministerios públicos pidan a las compañías telefónicas la geolocalización por medio del celular, sin previa orden de un juez. Por la pésima fama del sistema de justicia en México -únicamente se resuelve 0.08% del total de los delitos- y la corrupción tradicional incrustada especialmente en los ministerios públicos, muchas personas desconfían de que las autoridades puedan emplear esta información inclusive con fines delictivos.
La anterior medida fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pese a la crítica de numerosas organizaciones sociales. Sobre este mismo tema, estos días se anunció que el SAT (Sistema de Administración Tributaria) podrá geolocalizar los hogares con fotografías y corroboraciones geográficas, que integrará a su sistema para cotejar los datos del contribuyente y evitar los engaños o el cese de pagos.
En este caso, el escepticismo social se repite: ¿quién podía apropiarse de esa información?; ¿está segura en esa institución? En 2010 se descubrió que el padrón del IFE (Instituto Federal Electoral) se vendía en uno de los mercados más peligrosos del país, Tepito, en la Ciudad de México. Más tarde, en 2013, se encontró disponible el mismo padrón de datos en la página www.buscardatos.com.
Está sucediendo un fenómeno del cual no había que cuidarse tanto hace diez años que inició el boom de las redes sociales. La información es quizá la principal llave a la identidad, misma que puede ser usada con fines sombríos, desde lo más básico como estrategias de marketing hasta aspectos mucho más graves, como robo de identidad o secuestros.
La nueva medida del SAT resuena peligrosa para muchas personas que desconfían de las instituciones mexicanas. Aunque podría tratarse de una paranoia social, no es descabellado creer que la información sobre la localización de los hogares pueda vulnerar la seguridad, más aún si los datos de la ubicación exacta de los hogares están disponibles en la misma institución que resguarda la información sobre las utilidades de los contribuyentes.