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Congelan a gurú mientras se decide si está muerto o meditando

Por: pijamasurf - 06/05/2014

Mientras la corte decide si Su Santidad Shri Ashutosh Maharaj está muerto o, más bien, en un estado de meditación profunda, sus discípulos lo mantienen congelado en un refrigerador industrial en un ashram en la India

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That is not dead which can eternal lie.

And with strange aeons even death may die.

H.P. Lovecraft

 

La familia de uno de los gurús más importantes y ricos de la India asegura que aquél murió en enero de este año. Sus discípulos, sin embargo, dicen que en realidad se encuentra en un estado profundo de meditación, lo cual ha desatado una batalla legal por el cuerpo.

Su Santidad Shri Ashutosh Maharaj, el fundador de la orden religiosa Divya Jyoti Jagrati Sansthan, con una propiedad valuada en 100 millones de dólares, se encuentra en un congelador industrial en su ashram, en Jalandhar, en el  estado indio de Punjar.

De acuerdo con sus discípulos, él simplemente entró en un samadhi profundo, y decidieron congelarlo para preservar su cuerpo para cuando despierte de la meditación. El gurú (ya sea que esté vivo o muerto) estableció su secta en 1983 para promover conciencia sobre la paz global y crear un mundo “donde cada individuo se convierta en una encarnación de la verdad, la fraternidad y la justicia, mediante la ciencia eterna de la autorrealización”.

Según uno de sus discípulos, Maharaj ha pasado muchos años meditando en temperaturas bajo cero en los Himalayas, así que el frío no le parecerá inusual mientras se encuentra en ese samadhi profundo.

La corte de Punjar y los oficiales locales apuntaron que no se puede forzar a los seguidores del gurú a creer que está muerto, ya que es un asunto de espiritualidad. Su esposa e hijo, no obstante, creen que esta negación tiene que ver con retener el control sobre su vasto imperio financiero y están llevando a cabo una investigación para que liberen su cuerpo para ser cremado.

La geolocalización es sinónimo de vulnerabilidad para los mexicanos, pues las instituciones carecen de consenso social para perpetrar este tipo de acciones

casaEn México, la geolocalización de teléfonos inteligentes ha sido un tema muy polémico en los últimos meses. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, permite que los ministerios públicos pidan a las compañías telefónicas la geolocalización por medio del celular, sin previa orden de un juez. Por la pésima fama del sistema de justicia en México -únicamente se resuelve 0.08% del total de los delitos- y la corrupción tradicional incrustada especialmente en los ministerios públicos, muchas personas desconfían de que las autoridades puedan emplear esta información inclusive con fines delictivos.

La anterior medida fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pese a la crítica de numerosas organizaciones sociales. Sobre este mismo tema, estos días se anunció que el SAT (Sistema de Administración Tributaria) podrá geolocalizar los hogares con fotografías y corroboraciones geográficas, que integrará a su sistema para cotejar los datos del contribuyente y evitar los engaños o el cese de pagos.

En este caso, el escepticismo social se repite: ¿quién podía apropiarse de esa información?; ¿está segura en esa institución? En 2010 se descubrió que el padrón del IFE (Instituto Federal Electoral) se vendía en uno de los mercados más peligrosos del país, Tepito, en la Ciudad de México. Más tarde, en 2013, se encontró disponible el mismo padrón de datos en la página www.buscardatos.com.

Está sucediendo un fenómeno del cual no había que cuidarse tanto hace diez años que inició el boom de las redes sociales. La información es quizá la principal llave a la identidad, misma que puede ser usada con fines sombríos, desde lo más básico como estrategias de marketing hasta aspectos mucho más graves, como robo de identidad o secuestros.

La nueva medida del SAT resuena peligrosa para muchas personas que desconfían de las instituciones mexicanas. Aunque podría tratarse de una paranoia social, no es descabellado creer que la información sobre la localización de los hogares pueda vulnerar la seguridad, más aún si los datos de la ubicación exacta de los hogares están disponibles en la misma institución que resguarda la información sobre las utilidades de los contribuyentes.