*

Surgen en México grupos ciudadanos armados ante la delincuencia

Por: Ana Paula de la Torre - 02/10/2013

En el estado de Guerrero, al sur de México, un grupo civil armado trata de ofrecer seguridad a las comunidades ante la incapacidad del gobierno por garantizarla.

 El fenómeno de la violencia en México ha propiciado el nacimiento de grupos de autodefensa civiles que además de evidenciar el hartazgo de la población ante la ineficiencia de las autoridades para frenar la delincuencia, abre al debate de la posibilidad del “comunitarismo” como una forma de gobierno más eficaz.

En el debate internacional al parecer la última forma de gobierno a la que podremos acceder como sociedades, son las democracias y los estados-nación vigentes desde el siglo pasado. Las discusiones teóricas sobre el perfeccionamiento de los sistemas de gobierno, proponen nuevos canales de participación, más no el hecho de que las personas puedan reemplazar el papel gubernamental .

Además de los más de ochenta mil muertos en los últimos seis años, producto de la guerra contra los cárteles del narcotráfico que el gobierno lleva a cabo en México, la población ha sido objeto de extorsiones a lo largo de la república por parte de estos mismos grupos. Los gobiernos en sus tres niveles han sido incapaces de proteger a la sociedad de estos abusos.

El pasado 6 de enero se dio a conocer en Guerrero[1] un grupo ciudadano armado y encapuchado, que se hace llamar “Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero2. De acuerdo con sus integrantes, el objetivo es defenderse de las extorsiones y abusos de los que son objeto por parte del crimen organizado. La medida es causa de polémica pues, por un lado, este tipo de acciones rompe con la legalidad en el sentido de hacer justicia por mano propia. Sin embargo, si el estado es incapaz de garantizar seguridad mínima a sus habitantes, resultaría absurdo no hacer algo al respecto cuando se es víctima.

El grupo de autodefensa instaló un tribunal popular para iniciar el proceso de enjuiciamiento de 55 personas a quienes mantenían retenidas. La semana pasada liberaron a once de ellas ante 500 habitantes en la explanada del Palacio Municipal de Ayutla de los Libres. Hasta ahora la organización se ha extendido a seis municipios. El 7 de febrero, algunos de los representantes de la misma mantuvieron una reunión con el Secretario de Gobernación Federal en donde se acordó la liberación de por lo menos veinte de los detenidos.

Este peculiar contexto nos invita a analizar un fenómeno particularmente complejo: el argumento de lucha del grupo ciudadano, compuesto por unos mil campesinos e indígenas, es que constitucionalmente la soberanía reside en el pueblo, y por lo tanto les corresponde, ante el abandono gubernamental, devolver la seguridad y dignidad a sus comunidades. Sin embargo, la inciciativa también tiene un aspecto cuestionable, por ejemplo el hecho de que un presunto delincuente fuese abatido por este grupo con armas de fuego el pasado 22 de enero, en el poblado de Atliaca –sobra decir que no hubo juicio de por medio ni existió garantía alguna para el agredido–.

La postura del Gobierno Federal ha favorecido el diálogo, pero no deja de llamar la atención que se halla solicitado, y no exigido, a líderes de este movimiento que restablezcan el estado de derecho. Mas allá de calificar el fenómeno, este caso representa una oportunidad para reflexionar en la relación entre soberanía, legalidad, y estado, y definir la prioridad jerárquica de estos conceptos en tiempos de crisis.

Twitter del autor: @anapauladelatd

 


[1] Estado ubicado al sur de México, que es uno de los más pobres del país –según cifras de Coneval 67.4% de su población vive en pobreza– y que además es hogar de una extensa población indígena con grupos como me'phaas, nahuas, amuzgos y afromestizos.

Conecta con Pijamasurf