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Ante el descontento de la población por la forma en la que se llevó a cabo la elección presidencial de este 1 de julio en México surge la idea de un movimiento de resistencia pacífica basado en la creatividad

La situación que vivimos en este 2012 es muy distinta a la de hace seis años, cuando el movimiento de Andrés Manuel López Obrador estaba solo frente a los órganos gubernamentales que perpetraron el fraude electoral. Sus actos en defensa del voto, pese a lo evidente del sufragio sucio y tendencioso, le costaron caro. La factura llegó años después, pero llegó. A sus adversarios les vino como anillo al dedo para enlodar aún más su ya muy pisoteada imagen pública, manipulada por los principales medios de comunicación del país. Es difícil prever lo que podría hacer en esta ocasión.

Hoy las cosas han cambiado. La marcha nacional convocada para este sábado siete de julio es completamente independiente de López Obrador y el movimiento que encabeza. En ningún momento la han apoyado. Su atención está en el recuento de votos y demás impugnaciones ante el IFE, y es probable que antes de hacer algún despliegue de fuerza popular agote las instancias legales. Eso tomará tiempo. Tal vez ni siquiera en esa última instancia vuelva a tomar las calles. En cambio quienes organizan movilizaciones en estos días son ciudadanos independientes sin nada qué perder desde el punto de vista del capital político. El movimiento #YoSoy132 tiene su agenda, que se ampliará conforme pasen los días. Anonymous también tiene preparadas una serie de acciones en contra de quienes intentan imponer al candidato del PRI. Pero la iniciativa de "Revolución pacífica" viene de un conglomerado de ciudadanos preocupados por el país sin lazos políticos directos, lo cual le da amplio margen para actuar. Tanto el #YoSoy132 como Anonymous se pueden sumar a estas iniciativas, pero la responsabilidad no recae directamente en ellos, sino en la masa de gente que se congregue este sábado, que con toda probabilidad continuará ejerciendo su derecho a expresarse libremente.

Sin compromisos políticos de ninguna índole, la idea de "Revolución pacífica" no parece tan descabellada, y puede funcionar. Para un movimiento o un partido político, tomar medidas drásticas en este sentido tendría un costo demasiado alto. Hay muchas cosas que de plano no podrían hacer. Por otra parte, para el movimiento cívico que estamos viendo nacer los límites son pocos, resumidos en el adjetivo que acompaña la palabra "revolución": pacífica. Mientras sus actos no se salgan del contorno que ellos mismos delimitaron pueden hacer lo que sea. La creatividad sería su mejor arma y dependería de la cantidad de gente que se sume. Mayores serían sus posibilidades de éxito mientras su número aumente. Las marchas serían solo un comienzo. La fuerza cívica tendría como objetivo poner al gobierno y al IFE en jaque sin caer en provocaciones violentas, lo cual implica, reitero, creatividad.

Si en verdad hay voluntad popular, ni el gobierno federal ni el IFE podrían impedir que se detenga esta burda imposición. Dejémoslo claro: esta elección es una infamia, y la posible presidencia de Enrique Peña Nieto sería una tragedia. El cúmulo de irregularidades previas al día de la elección son más que suficiente para impugnar la elección. La masiva compra de votos, de la cual hay miles de pruebas, y los pagos millonarios a la televisora con más audiencia del país fueron los dos factores que hicieron posible lo que sucedió el primero de julio, además de las miles de anomalías durante la jornada electoral. En cualquier país civilizado (perdonen, pero México no es uno de ellos) esta elección se habría impugnado hace tiempo con uno de dos desenlaces: la cancelación de la candidatura del abanderado priísta o la postergación de la elección. Mensajes a la nación que informaran las razones por las cuales se pospondría la elección le darían al electorado una visión más clara de lo que estaría en juego, y el órgano que regula los comicios tendría que observar a los partidos —sobre todo a uno— con mucho más cuidado. Eso no sucedió, y al parecer la intentona de poner a Peña Nieto desde arriba seguirá su curso si el pueblo no lo impide.

Lo que las eventuales acciones drásticas impulsadas por quienes abogan por una revolución pacífica deben buscar es que al menos se repita la elección presidencial, pues la compra de votos y el pago millonario a Televisa incumbe a ésta y no a las otras. Está claro que tendría un costo nacional considerable, tanto en recursos económicos como en gobernabilidad, pero es que no veo otra salida. En todo caso los costos serían menores al daño que sufriría el país de imponerse el candidato del PRI de la manera en que está ocurriendo. Si en una futura elección, esta vez más limpia y equitativa, gana, dicho movimiento popular se vería obligado a aceptar el resultado. Si fuera una elección imparcial no habría motivos para no aceptarlo.

Otra opción que proponen algunos es una segunda vuelta entre el primero y el segundo. En general, la idea de la segunda vuelta no es mala, sin embargo en este caso no sería justa para los otros dos candidatos y para quienes votaron por ellos. Si la elección es impugnada porque uno la compró, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri también fueron afectados.

La manera en que se tendría que conducir una posible segunda elección es compleja, e incluye los tiempos constitucionales para el cambio de poderes. Sería ideal llevarla a cabo antes para no aplazarlo, de lo contrario la disyuntiva legal recaería en la Suprema Corte de Justicia, que se vería obligada a conducir al país por ese lapso de tiempo. Es una cuestión técnica que el movimiento tendría que tomar en cuenta si llegara a crecer en esta dirección. Los detalles tendrían que ser afinados por abogados expertos en la materia.

Estas palabras tienen su fundamento en el artículo 39 constitucional: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno." Si el hartazgo popular llega al grado de lograr organizarse para detener un atropello como el que estamos viviendo, el pueblo está en todo su derecho de exigir elecciones justas y equitativas. Si esto llega a suceder, quedará claro que este país ya no aguanta más. Hace doscientos años se dio la Independencia, hace cien la Revolución. Es hora de una renovación nacional. La brecha entre ricos y pobres se ha extendido a niveles alarmantes, los estragos que ha causado la violencia de Estado en todo el país son imposibles de ignorar, el rezago en educación —parte del problema del fraude electoral— es ya intolerable. Décadas de mal gobierno han dado como resultado esta indignación colectiva. La manera tan burda en la que se comportó el PRI durante la elección es una burla al pueblo de México.

Vivimos días de emergencia. Este es un momento crítico, análogo al tiempo de la Guerra de Reforma en que Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, defendió la en ese entonces nueva Constitución de una manera inamovible en beneficio del pueblo hasta pasar por la cárcel. Al final los liberales se impusieron a los conservadores, y de esa victoria seguimos siendo herederos. Hoy hay tanta gente que clama justicia que es posible prescindir de la violencia si hay volumen, voluntad y creatividad en la fuerza popular que la demanda. El pueblo de México ha sangrado demasiado. 

Twitter del autor: @jpriveroll

* Este artículo refleja la opinión del autor y no necesariamente la postura de Pijama Surf

Gobierno mexicano extorsiona libertad de expresión y expropia banda ancha en favor de monopolios

Política

Por: pijamasurf - 07/04/2012

El presidente de MVS revela que el supuesto rescate de la banda ancha de 2.5 Gigahertz es en realidad una extorsión de alta magnitud --en contra del pueblo de México y favor de la gran televisora privada nacional

Como suele hacerse en México con las decisiones que podrían ser impopulares, el viernes pasado, justo un día antes de la final de la selección mexicana por la medalla de oro y de las expectación que generan los últimos momentos de los Juegos Olímpicos, Dionisio Pérez-Jácome, director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunció que se efectuaría un "rescate" de la banda 2.5 Gigahertz, cuya concesión pertenecía, en su mayoría, a la empresa MVS (Multivisión). En el estupor mediático de las olimpiadas, pocos repararon en la importancia de esta medida.

Este jueves 15 de agosto el presidente de Multivisión, Joaquín Vargas, dio una conferencia de prensa en la que ventiló una extorsión de parte del gobierno federal en el caso de su concesión y plan para ofrecer un servicio de banda ancha que permitiría la transmisión de datos en dispositivos móviles al doble de velocidad y a la mitad de precio para hasta 55 millones de mexicanos.

Vargas argumentó que las razones que dio el gobierno para retirarle la concesión --un supuesto rescate en beneficio de los mexicanos-- han sido tergiversadas.  Las frecuencias de banda ancha no estarían a manos de una sola empresa y se había dispuesto pagar una cuota por la concesión, tomando como parámetro lo que se paga por la misma banda en otros países --pero al parecer el gobierno mexicano le había impuesto cifras exorbitantes, probablemente para hacerle imposible hacer efectiva dicha concesión.

 “Las frecuencias no estarían en manos de una sola persona,  el consorcio garantizaba como mínimo a cinco empresas, se operaba a través de un tercero neutral independiente a los socios de reconocimiento mundial, ofreciendo una verdadera red abierta, es decir que cualquier empresa que obtuviera la autorización de las autoridades podría tener acceso a ella para dar servicios de banda ancha móvil, proyecto que las autoridades también rechazaron”, lamentó.

Vargas también se refirió a un episodio en el que el secretario de Trabajo, Javier Lozano, lo extorsionó para que impidiera que Carmen Aristegui regresara a su espacio noticioso. Carmen Aristegui había sido despedida por Vargas luego de que hiciera una nota sobre el posible alcoholismo de Felipe Calderón, cubriendo solamente lo que legisladores del PRD habían difundido.

“El licenciado Javier Lozano inició manifestando que el señor presidente Felipe Calderón y su señora esposa, estaban enterados de que en ese preciso momento él se encontraba platicando conmigo. A lo largo de la plática, el licenciado Javier Lozano, mencionó textualmente que: ‘hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHz, tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno hasta su último día’”, denunció Vargas.

Todo indica que Vargas había estado negociando con el gobierno federal para poder efectuar su concesión, pero que en esta negociación pesó más la influencia de Televisa (y su alianza con Iusacell), la empresa perfilada a ganar la licitación de esta concesión.  

"El rescate de la banda de 2.5 GHz de MVS tiene dedicatoria porque existen los 'price caps' o topes límite de espectro. En esta lógica, ni Telefónica ni América Móvil podrían participar por la 2.5; sólo Televisa con Iusacell porque los límites de 'price cap' (de los otros operadores) ya se saturaron", explicó Jorge Fernando Negrete, director general de MediaTelecom Policy. 

 El caso es sumamente delicado ya que muestra la manera en la que se toman decisiciones que afectan la vida y el desarrollo de millones de personas: en base a la veleidad de unos cuantos funcionarios y a la pleitesía que se rinde a la corporatocracia, presidida por Televisa (y un par de empresas más,  como Telmex y TV Azteca. A Calderón no le gustaba tener a una periodista, con mucho rating y credibilidad, informando sobre lo que verdaderamente ocurre en el país. Pero además se cuidaban de no ofender al poder mediático --que (im)pone presidentes. Para Televisa la banda ancha es un negocio de miles de millones de pesos, pero no sólo eso: tener una competencia que baje el precio y suba la calidad en las telecomunicaciones amenaza a todo el sistema, todo el status quo. Televisa, la empresa cuyo gran patriarca estructuró bajo la máxima de hacer televisión "para los jodidos", necesita para seguir incrementando sus ganancias --manteniendo su monopolio-- un país de personas sumidas en la pobreza y en la falta de educación. Tener aceso a internet de alta velocidad a bajo costo, amenaza el orden de las cosas. Tampoco hay que pensar que Joaquín Vargas buscaba dinamizar al país, revolucionando las tecnologías, pero ciertamente su propuesta era superior a las que tenemos en la actualidad, y tenía el potencial de permitir el acceso al internet móvil a millones de personas --la ecuación no es tan simple, pero esto podría significar menos personas viendo telenovelas. 

“El rescate de las frecuencias de MVS combina dos hechos abominables. Por un lado, la actuación sesgada de funcionarios públicos –da igual si fueron movidos por la ambición, el miedo o la complacencia negligente-, que han favorecido ilegítimamente los intereses de Televisa, ya sea para aumentar sus activos o para combatir a sus competidores; y, por el otro, la revancha ejecutada desde el gobierno, por quienes matando dos pájaros de un tiro, obsequiaron la petición de Televisa para que MVS saliera del mercado que la televisora pretende avasallar y al mismo tiempo sancionar a quien decidió no doblegarse ante la arbitrariedad de quienes intentaron acallar una voz tan crítica como incómoda”, reflexionó Joaquín Vargas.

Así las cosas, y lo que parece aún menos alentador es que este proceso legal impedirá probablemente por varios años que se use esta banda (ni MVS ni Televisa), en detrimento de la economía y la conciencia de los mexicanos. También, con el regreso al PRI y su estrecha vinculación con Televisa, este tipo  de prácticas, podría incluso ir en aumento. El gobierno mexicano ha usado el eufemismo de "rescate", pero en realidad, junto con Televisa, se trata de un secuestro de la conciencia colectiva, una reducción de la banda a la que tiene acceso.

[Homozapping]