Desde hace un par de años comenzó a negociarse, a la sombra del flujo digital abierto, un polémico tratado que busca limitar el libre intercambio de contenidos en internet de acuerdo a intereses mercantiles. Bajo el argumento de proteger los derechos de autor (y en especial la propiedad intelectual), encarnados en el cuestionable y obsoleto emblema del Copyright, las autoridades de distintas naciones (Estados Unidos, Japón, Suiza, la Unión Europea, Marruecos, Jordania, Corea del Sur, Canadá y Nueva Zelanda) negocian la activación de una normatividad que regule el consumo internetero de contenidos e información.
Luego de múltiples reuniones en distintas sedes alrededor del mundo y de un intenso cabildeo frente a los congresistas y parlamentos de varios países, a partir de enero autoridades mexicanas, incluidos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Economía se encuentran analizando y tomando decisiones respecto a este tratado multilateral.
La postura del ACTA básicamente responde a las tendencias dominantes de la geopolítica corporativizada y el fortalecimiento del mercado por encima del bienestar de una denigrada sociedad civil (que a fin de cuentas representa los potenciales consumidores que habrán de dar vida al mercado a través de su consumo). Privilegiar los intereses de la industria por encima del individuo: no es un secreto que en la política internacional tiene mucho mayor relevancia el beneficio de una transnacional que el de un grupo de personas.
Pero más allá de estas cuestiones, quizá subjetivas y completamente debatibles, el mayor reclamo frente a este tratado ha sido la tenebrosa manera en la que se han manejado las negociaciones. El contenido se ha mantenido en la sombra excluyendo tajantemente la participación de la sociedad civil y así bloqueando cualquier posibilidad de discutirlas y generar consensos que realmente representen las necesidades y preferencias de los millones de usuarios de internet en el mundo.
Hoy en la Ciudad de México se realizo un simulacro de una pseudo consulta ciudadana organizado en un salón de la Secretaría de Economía. Como bienvenida, cualquier interesado en asistir debía llenar un formulario, ingresando sus datos completos (quizá para ser fichado), y comprometerse por escrito a no divulgar información sobre el contenido del documento que materializa al tratado. Lo anterior se requirió alegando razones de seguridad nacional. Ahí estuvieron presentes representantes de diversas industrias (cine, música, entretenimiento, etc) y uno que otro ciudadano previa y sutilmente amedrentado.
A pesar de que no pudimos estar presentes, basta para recrear una fotografía del evento el hecho de que algunos de estos “representantes de la industria”, entre ellos el compositor mexicano Armando Manzanero (quien seguramente practica un triste celibato digital), cuestionaron la presencia de ciudadanos como si la discusión se tratase exclusivamente de los intereses industriales y no de las millones de personas que dan vida al espectro digital, y cuya relación con el internet podría ser radicalmente alterada a través de este tratado.
En Pijama Surf mantenemos una postura contraria al ACTA, si bien favorecemos la posibilidad de que se discutan en forma abierta e inclusiva, los intereses de todos los involcurados (empezando por los de la ciudadanía digital), y no podemos evitar el sentir una gran desconfianza frente a la manera en que las autoridades internacionales han actuado para ensamblar dicho tratado, otorgando una lamentable preferencia a los intereses industriales y corporativos por encima del derecho humano a la privacidad, a la información, y al libre intercambio entre los miembros de la sociedad contemporánea.
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