*

Tras perder la final del Mundial, el gobierno de Milei decidió que la solución era un decreto migratorio contra extranjeros que "hieran los sentimientos" nacionales.

El hombre que ha llamado “parásitos mentales”, "mandriles” y “parásitos” a sus opositores políticos tanto dentro como fuera de su país, ahora se ofendió y promueve la expulsión y cancelación de residencia a cualquier persona que haya hablado mal de Argentina. 

Es el presidente Javier Milei, quien encontró, por decreto, la cura definitiva contra las heridas de amor propio. Si un extranjero se atreve a criticar a Argentina, ahora podría quedarse sin entrar al país, o directamente ser expulsado si ya vive ahí. El comunicado se publicó la medianoche del miércoles en el Boletín Oficial.

La norma modifica la Ley de Migraciones para negar el ingreso a quienes hayan dirigido mensajes de odio, en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o algún ciudadano por su nacionalidad. También contempla a quienes hayan "ultrajado" símbolos patrios.

Y no solo aplica en la frontera, pues quienes ya residen en Argentina también pueden perder su residencia y ser expulsados si se les atribuyen esas conductas. 

Todo empezó con una final de Mundial

El origen de tanta indignación oficial tiene fecha: el 19 de julio de 2026 con la final del Mundial 2026, cuando Argentina perdió la Copa del Mundo frente a España. Las críticas en redes sociales fueron suficientes para que el gobierno detectara una supuesta campaña "anti-Argentina", financiada –según Milei–, por Brasil y México, con el “generoso” auspicio del Partido Demócrata de Estados Unidos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tuvo que salir a aclarar que su gobierno no anda coordinando ofensivas diplomáticas por un partido de fútbol.

Entre los presuntos agentes de esta conspiración internacional, el canciller Pablo Quirno mencionó a la cantante Rosalía y al actor Samuel L. Jackson. La lista de enemigos de la patria, aparentemente, incluye ahora a Hollywood y a los Grammy.

Y en medio de todo esto, Milei también decidió llamar "ladrón" y "presidiario" al mandatario Lula da Silva durante un acto de la derecha brasileña. 

¿Y el Congreso qué dice?

Aunque el decreto ya lo impulsó Milei, todavía debe pasar por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene diez días hábiles para decidir si esto tiene sentido jurídico o no. 

Eso sí, para no verse tan autoritario, el texto aclara que las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas legítimas quedan excluidas. En teoría, esto significa que cuestionar al gobierno o sus políticas económicas no debería ser motivo de expulsión, aunque en la práctica todo dependerá de quién decida, ese día, qué cuenta como crítica legítima y qué cuenta como ofensa a la patria.

También en Pijama Surf: El Senado argentino frena, por tercera vez, la ley de tierras que impulsa Milei