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El oficialismo en Argentina no consiguió respaldo suficiente para habilitar la compra de tierras rurales por extranjeros, el eje más polémico de la iniciativa que también toca desalojos y expropiaciones.

El bloque libertario en el Senado argentino consiguió reunir el quórum necesario para sesionar, pero no alcanzó los apoyos que necesitaba para llevar a votación el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. 

La senadora Patricia Bullrich, al frente de la bancada oficialista, anunció el aplazamiento tras varias horas de negociaciones fallidas con sectores dialoguistas que se niegan a respaldar el capítulo que abre la puerta a la compra de tierras por parte de extranjeros. Ese apartado concentra buena parte de la oposición de fuerzas como el kirchnerismo y la izquierda, y es, según coinciden distintos analistas, el núcleo real de todo el paquete legislativo.

En qué consiste la iniciativa

Diseñada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, la ley agrupa reformas a varias normas distintas. Endurece los requisitos para que el Estado pueda expropiar un inmueble, acelera los tiempos judiciales para desalojar viviendas y terrenos ocupados o con deudas de alquiler, y reescribe tanto la Ley de Tierras Rurales como la normativa de Manejo del Fuego. ¿Qué significa?

El centro del conflicto está en la reforma a la Ley de Tierras Rurales. Desde 2011, la norma vigente impide que capitales extranjeros posean más del 15 por ciento del suelo rural del país, ya sea a escala nacional, provincial o departamental, y fija además que ninguna nacionalidad en particular puede concentrar más del 30 por ciento de esa franja permitida. 

El proyecto del presidente Javier Milei, borra ese tope por completo. Como salvedad, conserva la prohibición de que gobiernos extranjeros compren tierra de manera directa, y añade que cualquier empresa con participación estatal extranjera en su capital deberá tramitar un permiso conjunto entre la provincia y la Nación.

Qué advierten quienes se oponen

  • Concentración de tierra en manos privadas foráneas. Desde el Observatorio de Tierras de la UBA señalan que el verdadero comprador de suelo argentino no suele ser un Estado extranjero, sino empresas e individuos privados, exactamente el sector que quedaría sin restricciones con esta reforma.
  • Zonas sensibles sin protección. El proyecto también libera la venta de terrenos ubicados en glaciares, cuencas de ríos y áreas de frontera, hoy resguardados por ley. Organizaciones ambientales temen que esto abra la puerta a un control extranjero mayor sobre reservas de agua dulce y yacimientos minerales.
  • Desalojos acelerados. Si bien el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con su plan original de aplicar un juicio sumarísimo y estiró el plazo de notificación de 3 a 10 días hábiles, persisten dudas sobre las garantías reales para inquilinos u ocupantes frente a un proceso más veloz.
  • Estado con las manos atadas. Al exigir que toda declaración de utilidad pública se interprete de forma restrictiva y al sumar nuevos requisitos para expropiar, la reforma reduce el margen del Estado para actuar sobre una propiedad, incluso cuando exista un interés social o ambiental de por medio.
  • Fronteras más vulnerables. El texto contempla también derogar un decreto de 1944 que protege las llamadas zonas de seguridad fronteriza, otro punto que sus críticos leen como un riesgo directo para la soberanía territorial.

Cabe mencionar que esta es la tercera ocasión que el debate se pospone y que el dictamen, que ya lleva quince versiones desde su primera presentación, deberá esperar hasta el 6 de agosto para volver a intentarlo.

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