Si consideramos que el derecho primario de todo ser humano es a la vida, entonces esto podría traducirse a un derecho a no morir asesinado violentamente en las calles de tu ciudad. Y si un gobierno no es capaz de garantizar esto a sus habitantes, entonces podríamos sentenciar, sin temor a equivocarnos, que éste está lejos de cumplir con su razón de existencia.
En el mundo hay ciudades en las que además de enfrentar situaciones más "ordinarias", por ejemplo la lucha por un empleo, padecer largos trayectos debido al tránsito o respirar aire de cuestionable calidad, entre otros, sus habitantes tienen relativamente buenas probabilidades de sufrir un episodio de violencia e, incluso, de morir asesinados.
De acuerdo con un reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia, de las 50 ciudades más violentas del mundo (según la cantidad de homicidios registrados por cada 100 mil habitantes) 32 se ubican en Sudamérica, 13 en Norte y Centroamérica), cuatro son sudafricanas y la otra es la capital de Jamaica, Kingston. Sobra decir que esto representa una alarmante llamada de atención para las administraciones latinas, que evidentemente no están cumpliendo con la más básica de sus funciones prácticas.
El primer lugar lo ocupa Caracas, capital de Venezuela, seguida por la ciudad hondureña, San Pedro Sula; en tercer lugar viene San Salvador, en cuarto el puerto mexicano de Acapulco y en quinto lugar Maturin, también en Venezuela.
