Codificar la ética: ¿quién regula la deep web y por qué debería importarnos lo que ocurre ahí?
Por: Jimena O. - 10/08/2015
Discutir la manera en que utilizamos las herramientas debería empoderar a los usuarios antes de que los gobiernos manufacturen leyes sobre cuestiones más complicadas que prohibir o autorizar el uso de un programa
No importa si se trata de una rueda o una computadora: la tecnología no puede hacerse responsable del uso que las personas le den. El Internet, como una de las herramientas más prometedoras jamás creadas, nos presenta nuevos problemas a la hora de discutir sobre las necesidades de privacidad de sus usuarios y los usos de la tecnología que pueden ser sujetos a penas legales.
Por un lado tenemos los acalorados debates sobre propiedad intelectual: ¿el robo de una serie de TV puede equipararse al robo de una TV? ¿Descargar cosas de Internet te vuelve criminal?, etc. Por otro, tenemos esa zona inexplorada y amenazante de la red, conocida como deep web o darknet, en cuyas aguas profundas tienen lugar todo tipo de mercados ilegales como tráfico de armas, venta de drogas y consumo de pornografía infantil y cuyo acceso está restringido para usuarios del programa Tor (The Onion Router), un sistema desarrollado por el laboratorio de investigación naval de Estados Unidos. ¿Por qué no prohibir simplemente el uso y descarga de Tor para impedir el acceso a la deep web? Porque Tor también permite que usuarios alrededor del mundo atraviesen las brechas impuestas por gobiernos locales que inciden directamente en la libertad de expresión.
Una arista más del problema proviene del estado de vigilancia electrónica por parte de los gobiernos a los que todos los usuarios de Internet están/estamos sometidos de una u otra manera; el pretexto de esta vigilancia es tener acceso a las acciones que convertirían a un usuario común y corriente en un criminal a través de su utilización de la tecnología con fines maliciosos. Esta lógica ha permitido el arresto y desmantelamiento de redes de intercambio de pornografía infantil, como la infame "Lolita City", una comunidad nativa de la deep web con unos 15 mil usuarios activos que intercambiaron un estimado de 1.3 millones de imágenes de niños.
Algunos sitios de pornografía infantil de hecho llevan la discusión a terrenos que serían monstruosos para un usuario común y corriente. Existen foros con temas como "¿Cuál debería ser la edad legal para el consenso? ¿Qué tal 7?", "Fabricación de víctimas: lo que la industria de la psicología le hace a la gente" o "Pánico moral: cambiando concepciones sobre los abusadores de niños en Estados Unidos". A pesar de que facilitadores de pornografía infantil como Thomas Reedy han enfrentado sentencias de miles de años tras las rejas (Reedy fue sentenciado a mil 335 años), el hecho de que exista un mercado de millones de dólares detrás del intercambio de este tipo de material hace virtualmente imposible que etiquetarlos como "ilegales" evite que nuevos sitios aparezcan y sigan perpetuando sitios pedófilos a costa de niños.
¿Pero es un crimen comparable descargar pornografía infantil a descargar la nueva temporada de tu serie favorita? ¿Es comparable la responsabilidad de los programadores de The Pirate Bay a la de los webmasters de sitios pedófilos?
¿Necesitamos aún más leyes, en este mundo sobrecodificado, para actuar éticamente en un dominio electrónico, como si se tratara de un mundo paralelo al mundo "real"? Las mismas herramientas que permiten que activistas y artistas alrededor del mundo denuncien situaciones de opresión en sus países de origen son las que permiten la formación de comunidades de pedófilos en los intersticios de la red. Tor no es nada más que una herramienta que vuelve imposible saber con certeza de dónde viene un paquete de información, así como a dónde va; pero la buena fe en las herramientas puede hacer que el uso se transforme en abuso; ¿cómo, pues, formular una "moral electrónica" que permita evitar crímenes, proteger la privacidad y la propiedad intelectual?
Si no comenzamos a discutir como usuarios estas preguntas, las leyes draconianas que limitan el acceso a la información en países como China o Egipto pasarán subrepticiamente en la letra pequeña de algo como el Acuerdo de Asociación Transpacífico, una iniciativa que busca crear un superbloque económico entre 12 países que acatarán las iniciativas en materia de derecho transnacional que más convengan a los empresarios, sobre todo en el manejo de propiedad intelectual. Pero la opción de no discutir estos temas es hacer oídos sordos a los trenes que se avecinan por ambos lados del túnel: el tren de la vigilancia informática y la criminalización de los usuarios de Internet, y el tren de los usuarios que cometen claros abusos contra la integridad física y moral de personas (muchas veces niños) a través de su explotación con fines sexuales, así como tráfico de drogas y armas.
