El gobernador de California advierte a los mexicanos sobre la voracidad de las petroleras
Por: Jimena O. - 07/30/2014
Edmund G. Brown apunta a que estas empresas no escatimarán en abusar si el diseño de la apertura energética les favorece (lo cual parece un hecho)
En este momento, México está inmerso en un proceso polémico. Mientras que por décadas el discurso modernizador-privatizador se ha desgastado frente a una realidad con pocas mejorías para muchos, el gobierno priísta en turno, liderado por el presidente Enrique Peña Nieto, intenta vender una vez más la idea de que, ahora si, la modernización rendirá frutos.
Entre los ajustes “modernizadores” que promueve el gobierno está la reforma energética, que en realidad pareciera una reestructuración legal para que las empresas energéticas, PEMEX y CFE, compartan utilidades con las empresas transnacionales del petróleo. Las críticas subrayan que el gobierno pareciera facilitar que PEMEX sea una herramienta de las transnacionales. Como prueba está que, en lugar de paliar los defectos que inhiben la competición de la empresa, como la nula transparencia y corrupción, se saneará su caos financiero con el dinero de los mexicanos (el Pemexproa).
En un contexto en el que incluso la prensa internacional se dijo asombrada por las facilidades de la reforma energética tal como está planteada, el gobernador de California, Edmund G. Brown, advirtió al gobierno y congreso mexicanos de aplicar “mano dura” para regular a las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir en México, “o se los van a comer vivos”.
En un encuentro en el senado mexicano, el gobernador contó la costosa experiencia que ha tenido California por la privatización del sector eléctrico y la crisis provocada por el consorcio Enron, que incurrió en prácticas ventajosas e infló los precios en más de un 800%. Además provocó apagones y generó una deuda que asumió el gobierno, de 10 mil millones de dólares.
Aparentemente, el gobierno mexicano está dispuesto a saciar los interés de las empresas extranjeras; tan es así, que ha incluido polémicas figuras como el no reparto de utilidad de la renta para los trabajadores, la obligada negociación en la explotación de terrenos cuando pertenezcan a particulares (entre ellos, comuneros e indígenas) y mayores facilidades para hacer fracking en México, pese a las advertencias medioambientales contra esta última práctica.