E.U. aprovecharía la crisis de los niños migrantes para intervenir en la política centroamericana
Por: Miguel Angel Esquivel - 07/21/2014
De oficializarse el status de "refugiados"de los niños centroamericanos ilegales en E.U. este país podría incurrir, con el pretexto de la inseguridad, en la política interior de la zona
El flujo de niños que viajan solos desde Centroamérica a través de México, con rumbo a Estados Unidos, ha aumentado en los últimos años. Hasta junio pasado, el numero se había incrementado de forma considerable respecto al mismo periodo del año anterior.
Los niños migrantes, según información de la Secretaria de Gobernación, proceden principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. 70% son originarios de Honduras y, más específicamente, de San Pedro Sula, una zona considerada como la más violenta del mundo, con un promedio de 97 homicidios por cada 10 mil habitantes. Estos niños parten de sus países de origen con el objetivo de cruzar la frontera con México y llegar a Estados Unidos utilizando el tren de carga llamado “La Bestia”, (abordándolo en Tabasco o Chiapas), el cual ha sido empleado por décadas para conseguir este objetivo, trayendo como consecuencia la muerte de miles de migrantes en accidentes durante su traslado, asaltos y violaciones por parte de grupos del crimen organizado, o incluso el reclutamiento por parte de los mismos.
En los últimos meses el problema se acrecentó de forma alarmante, y ambos gobiernos –México y Estados Unidos-- han emprendido acciones concretas para enfrentar el problema. En México la Secretaria de Gobernación anunció el programa Frontera Sur, el cual expedirá credenciales a los migrantes centroamericanos que llegan a nuestra frontera por Guatemala y Belice durante 72 horas, para permitirles el libre transito en los Estados de Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. También se nombró a Humberto Mayans como el responsable de la nueva Coordinación de Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, siguiendo la misma estrategia que en todos los fenómenos nacionales, la creación de una comisión dependiente de la Secretaria de Gobernación, centralizando por completo la toma de decisiones en el poder ejecutivo, a través de esta meta-Secretaría de Gobernación que se ha ido formando desde el comienzo de la administración.
Durante el anuncio, se hizo especial hincapié en que estas medidas son necesarias porque el transito de centroamericanos por nuestro país responde principalmente a motivos comerciales o familiares, y no sólo para lograr llegar a los Estados Unidos.
Durante una reunión organizada entre México y El Vaticano acerca del tema migratorio, el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, declaró que se destinarán 86 millones de dólares adicionales provenientes de la Iniciativa Mérida para combatir este fenómeno de manera adecuada y que, según él, su gobierno está obligado a enfrentar y garantizar que quienes crucen la frontera lo hagan de forma legal y con fines lícitos, sin perder de vista los derechos humanos y la dignidad de estos migrantes.
Es una realidad que las condiciones económicas, sociales y políticas en estos países es crítica, incluso peor que en el nuestro, y es por ello que el flujo se ha incrementado considerablemente. Además de ello, la violencia ha aumentado debido a la presencia de grupos del crimen organizado en la región; por ello, es lógico pensar que un control migratorio y la modernización de los puntos de cruce fronterizo legales (12) e ilegales (con un número imponderable) en estos estados traería consigo un aumento en la presencia de elementos de seguridad pública y probablemente una militarización, siguiendo las medidas que ya se han tomado a lo largo de la frontera norte de nuestro país y Estados Unidos.
También hemos experimentado daños colaterales por el desmedido flujo migratorio, como el reclutamiento de algunos de ellos por el crimen organizado o el aumento de la inseguridad a lo largo de varios estados del sur, en donde es muy común convivir diariamente con ciudadanos centroamericanos --algunos mendigan, delinquen e incluso han existido casos de violaciones perpetradas en nuestro territorio. A lo largo del sur de nuestro país, existen organizaciones civiles y albergues que ayudan a estos migrantes durante su travesía hacia Estados Unidos; uno de los más conocidos es el del padre Solalinde, quien ya se ha pronunciado contra las medidas que tomará el gobierno federal sobre este problema.
En Estados Unidos se ha desatado un debate entre distintos grupos políticos que ha obligado a Obama a tomar medidas al respecto y solicitar al Congreso 3.7 billones de dólares para atender el problema y destinar estos recursos a la modernización de la infraestructura fronteriza, la construcción de más centros de detención y la contratación de jueces destinados a atender los casos de niños migrantes que soliciten asilo político a Estados Unidos debido a la imposibilidad de una vida digna en sus países de origen.
Durante el gobierno de George W. Bush, específicamente en 2008, se aprobó una ley migratoria que obliga a las autoridades estadounidenses a resguardar a todos los menores de edad que lleguen solos a Estados Unido provenientes de países con los que no comparte frontera --es decir, con excepción de los niños que provengan de México y Canadá-- y garantizar que no sean deportados inmediatamente y, en cambio, un juez atienda su caso, con la intención de solicitar un asilo político.
Con el incremento de niños migrantes y la intención del gobierno de Estados Unidos de procesar cada uno de los casos de asilo político que se presenten, se ha incrementado el número de jueces para esta tarea, además de la reciente petición de la ONU y otras organizaciones internacionales de llamar “refugiados” a estos infantes y denominar al fenómeno como una crisis humanitaria --dándoles un estatus como el que tienen los niños refugiados en Medio Oriente o en África--, se puede incrementar la percepción negativa en la comunidad internacional de estos países, haciendo más factible para Estados Unidos la legitimación de sus acciones para acrecentar una intervención directa o indirecta en la crisis de estos países, o al menos facilitando su influencia política y económica, que comprometería a toda la región.
En un acto con tintes mediáticos, Estados Unidos deportó el 14 de julio a 40 adultos y niños hondureños, para desalentar el flujo migratorio y dejar claro que serán regresados a su país de origen de forma automática los adultos y niños acompañados que logren llegar a suelo estadounidense.
El Congreso de Estados Unidos analiza actualmente si concede o no a Obama tal cantidad de recursos para implementar un plan de cooperación internacional y resolver el problema, lo cual podría desembocar en préstamos a las naciones centroamericanas que lo necesiten, facilitando de esta manera la injerencia en sus asuntos públicos, y en el caso de nuestro país, la participación conjunta para enfrentar el problema -que nos atañe por las consecuencias sociales y de seguridad publica en nuestro territorio-. Al ponderar la cantidad de recursos que serán utilizados para resguardar la frontera, podemos prever que México se convertirá en la plataforma desde la cual Estados Unidos aumentará su presencia en la región centroamericana. Por un lado nuestro país se beneficiaría de estas medidas, al tener mayor control migratorio y desalentar el aumento de las actividades delictivas que se comenten en la región; sin embargo, si no se toman las precauciones necesarias, México podría convertirse sin advertirlo en un cómplice de Estados Unidos y su conocida política exterior imperialista, la cual busca subyugar a los países menos desarrollados, aumentando su dependencia económica y política con las instituciones y gobiernos norteamericanos.
Twitter del autor: @m_alarman
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