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Internautas españoles unen fuerzas y dan vida al "Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet"; el enemigo común es la nueva Ley de Economía Sostenible.

censura

Como un contraataque sutilmente orquestado y que amenaza con ser bastante eficaz, los internautas españoles cerraron filas en contra de la última versión de la Ley de Economía Sostenible que el gobierno español envió, el pasado lunes, al parlamento para su aprobación.

Esta nueva versión de la ley modifica su tratamiento de las vigentes leyes sobre copyright y los servicios interactivos. El problema es que otorga al Ministerio Español de Cultura el poder administrativo para eliminar sitios locales o bloquear las IP's de sitios extranjeros sin necesidad de una orden judicial bajo el argumento de “proteger las leyes de propiedad intelectual frente a la piratería por Internet”.

Los blogs y sitios en general de España, al enterarse de esta agresiva medida, se unieron para publicar masivamente el manifiesto. En Pijama Surf nos solidarizamos entrañablemente con la causa de nuestros colegas digitales de España y replicamos la publicación de los diez puntos que componen el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet:

1 Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2 La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3 La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4 La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen sobre todo de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5 Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6 Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7 Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8 Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9 Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10 En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.