Desde las costas de Manzanillo, Colima, Greenpeace México lanzó el 7 de julio de 2026 una alerta sobre una de las amenazas ambientales menos visibles pero más profundas del momento: la minería en los fondos marinos que el gobierno de Donald Trump está impulsando de forma unilateral, al margen de los marcos internacionales de gobernanza oceánica. La acción coincidió con la inminente Reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), programada a partir del 13 de julio en Kingston, Jamaica.
La organización desplegó sobre el mar una imagen acuática con el rostro de Trump, acompañada de kayaks con leyendas como "Make our oceans safe again", "No a la minería submarina" y "Trump: Monstruo de las profundidades". Más allá del impacto visual, el mensaje fue político y científico: exigir que las naciones participantes en la ISA, incluido México, resistan las presiones de Washington y respalden una moratoria global que detenga la explotación comercial de las profundidades marinas.
La maniobra unilateral de Estados Unidos
En abril de 2025, la administración Trump emitió una Orden Ejecutiva instruyendo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) a facilitar licencias y permisos de minería submarina a empresas estadounidenses, creando una vía paralela a la ISA y fuera del marco multilateral que regula la explotación del fondo marino internacional.
Esta estrategia representa un quiebre con décadas de gobernanza oceánica construida bajo el principio de que los fondos marinos son patrimonio común de la humanidad, consagrado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. "Estados Unidos podría desencadenar el inicio de la minería comercial en aguas profundas y una competencia internacional por la explotación de los recursos del fondo marino, en la que los ecosistemas y la humanidad pagarían el precio", advirtió Viridiana Lázaro Lembrino, campañista de Greenpeace en Cambio Climático y Océanos.
La Zona Clarion-Clipperton: riqueza mineral y biodiversidad en riesgo
El área más amenazada es la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), una vasta extensión del océano Pacífico de aproximadamente 6 millones de kilómetros cuadrados, ubicada entre los 3,500 y 6,500 metros de profundidad. El fondo de esta zona está sembrado de nódulos polimetálicos, rocas esféricas ricas en hierro, manganeso, níquel, cobre y cobalto, minerales altamente codiciados para la fabricación de teléfonos inteligentes, baterías y vehículos eléctricos.
Sin embargo, la ZCC no es solo un yacimiento mineral. Es también parte de los llamados "corredores azules", rutas esenciales para la migración, reproducción y conectividad de grandes especies oceánicas. Hasta ahora se han descrito formalmente 436 especies de animales del fondo marino en la región, pero las estimaciones científicas apuntan a que entre 6,000 y 8,500 especies podrían habitarla, muchas aún sin descubrir.
La zona se encuentra en las puertas del Pacífico mexicano y su explotación conllevaría riesgos transfronterizos directos. El informe entregado por Greenpeace a la delegación mexicana ante la ISA señala que la Reserva de la Biosfera Pacífico Mexicano Profundo, que protege ecosistemas por debajo de los 800 metros de profundidad, se encuentra cerca de las áreas de contrato de exploración de la ZCC. Las Áreas Naturales Protegidas mexicanas conectadas con el Pacífico también quedarían expuestas a los impactos de la actividad extractiva.
El llamado a México y el principio precautorio
Greenpeace entregó a la delegación mexicana, encabezada por el embajador Roberto Canseco Martínez, el informe "Fuera de las normas: Por qué el Consejo de la ISA no debería tolerar las medidas de Estados Unidos en materia de minería en aguas profundas", elaborado en coordinación con el Centro para la Diversidad Biológica (CDB). El documento propone recomendaciones concretas para garantizar la integridad del régimen internacional y evitar que las acciones unilaterales de Washington condicionen las negociaciones multilaterales.
La organización exhortó a México a asumir un papel de liderazgo en Kingston y a respaldar activamente la moratoria global. "Cuando no existen certezas científicas sobre el impacto que pueden generar las acciones humanas en los ecosistemas, se debe considerar el principio precautorio como enfoque preventivo para proteger los océanos del mundo", subrayó Lázaro Lembrino.
La infraestructura necesaria para la minería submarina, el tráfico de embarcaciones, el ruido, la luz y la contaminación derivada podrían alterar la comunicación de las especies del lecho marino y el comportamiento de cetáceos, tiburones y tortugas marinas que transitan la región. Los efectos, advierte la organización, no serían puntuales sino estructurales: afectarían la resiliencia y la conservación de la biodiversidad a largo plazo en una zona que la humanidad apenas está comenzando a comprender.