Hay rutas cortadas, gasolineras vacías y hospitales que empiezan a reportar escasez de oxígeno. Bolivia lleva más de días sumergida en una espiral de protestas que no da señales de ceder. Varios grupos incluidos sindicatos campesinos y centrales obreras mantienen bloqueado el tránsito en seis de los nueve departamentos del país, mientras el gobierno de Rodrigo Paz intenta abrir una salida negociada.
La cifra más reciente habla de 70 puntos de bloqueo registrados por la Administradora Boliviana de Carreteras, concentrados principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí. La acumulación de cortes ha derivado en desabasto de alimentos y combustible, y ese desabasto, a su vez, provocó que los transportistas urbanos de La Paz se sumaran al conflicto con un paro indefinido propio, agravando aún más la situación en la capital.
La consigna central de los manifestantes es la renuncia de Paz, un presidente de centroderecha que llegó al poder apenas en noviembre, cuando el ciclo de 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS) se rompió en las urnas. Desde el gobierno, la responsabilidad del caos se le atribuye directamente a Morales, a quien acusan de movilizar a sus bases para desestabilizar una democracia que apenas retomaba el pulso.
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Sin embargo, el legado del ex mandatario es, en ese sentido es un terreno en disputa, pues durante su gestión —casi 14 años continuos con dos reelecciones de por medio— Bolivia registró un crecimiento económico sostenido y logró reducir la pobreza extrema a menos de la mitad, en buena medida gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y a condiciones internacionales favorables para las materias primas. Pero esos logros convivieron con señales de deterioro institucional: acumulación de poder, clientelismo, opacidad en el manejo de recursos públicos y decisiones que pusieron en riesgo áreas naturales protegidas.
El quiebre llegó en 2019 cuando Morales buscó una nueva reelección apoyándose en una resolución judicial que ignoraba tanto el texto constitucional como el resultado de un referéndum en el que la ciudadanía había rechazado habilitarlo. La maniobra fracasó y su gobierno colapsó.
Pesan acusaciones sobre Morales
Ya fuera del poder y con la reelección vedada por los límites constitucionales, Morales optó por llamar a anular el voto en las elecciones siguientes. El gesto fue leído por muchos analistas como el anuncio de una postura de confrontación permanente frente a cualquier gobierno que no fuera el suyo.
Lo que siguió no fue, sin embargo, una campaña política abierta. Morales se replegó a la región cocalera del Chapare, su principal base de apoyo, para eludir una orden de aprehensión dictada en su contra. Las investigaciones que la motivaron son de una gravedad considerable, pues se le acusa de trata de personas y de haber dejado embarazada a una menor de 15 años mientras ocupaba la presidencia. Él lo niega todo y sostiene que el proceso judicial es un mecanismo de persecución fabricado por sus adversarios políticos.
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¿Por qué hay protestas contra Rodrigo Paz?
En contraparte, el descontento con Paz no surgió únicamente desde la oposición histórica. Parte del malestar viene de quienes contribuyeron a llevarlo al poder. Sectores que en su momento apoyaron su candidatura, incluidos varios con raíces en el propio MAS, denuncian que el gobierno que resultó de las urnas no se parece al que imaginaron.
Las razones son concretas. Desde los primeros meses de gestión, Paz tejió alianzas parlamentarias con partidos de derecha, lo que le permitió gobernar pero alejó a sus bases originales. En ese mismo período, el vicepresidente que había sido pieza clave en su victoria electoral quedó marginado del círculo de decisiones. Ningún representante de la mayoría indígena del país fue designado para ocupar posiciones de peso en el gabinete, una ausencia que no pasó desapercibida en un país donde esa población es mayoritaria.
A eso se sumaron medidas con impacto directo en la vida cotidiana. El gobierno impulsó una reforma agraria orientada a favorecer a la agroindustria que generó alarma entre comunidades campesinas e indígenas, quienes advierten que los deja expuestos a perder sus tierras. La eliminación de los subsidios al combustible disparó los precios casi un 90%, golpeando especialmente a los sectores de menor ingreso. Y como si fuera poco, reportes de automovilistas sobre gasolina en mal estado que dañaba los motores de sus vehículos terminaron por convertir un problema económico en uno de credibilidad para la administración.
¿Tensión por represión?
Mientras las negociaciones avanzan a paso lento, el gobierno tomó una decisión que generó alarma inmediata entre la población y es que promulgó una reforma legal que elimina límites a la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto interno. Para los movimientos sociales y varias organizaciones civiles, la medida huele a preparativo para una respuesta de fuerza.
No obstante, el titular del Ejecutivo insistió en que recurrir a un estado de excepción no está sobre la mesa como opción inmediata y que el camino elegido sigue siendo el del diálogo político. Pero la nueva ley ya está vigente, y la desconfianza entre ambos bandos hace que cada movimiento del gobierno sea interpretado con lupa.