El gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una posibilidad que durante años se mantuvo en pausa: explorar la producción de gas natural mediante fractura hidráulica, mejor conocida como fracking. La discusión no es menor. México depende hoy, en gran medida, del gas que llega desde Estados Unidos, y esa dependencia empieza a tensar tanto la soberanía energética como el crecimiento industrial del país.
México busca reducir su dependencia energética
Actualmente, alrededor del 75 por ciento del gas natural que se consume en México es importado. En términos simples, de todo el gas que mueve fábricas, genera electricidad y sostiene buena parte de la actividad económica, solo una fracción se produce dentro del territorio. El resto cruza la frontera, principalmente desde Texas. Esa balanza es la que el gobierno busca equilibrar.
La propuesta no implica una adopción inmediata del fracking, sino la apertura de una evaluación técnica. La presidenta ha planteado la creación de un comité científico que, en un plazo de dos meses, analizará si existen tecnologías capaces de reducir los impactos ambientales que históricamente han acompañado a esta práctica. El enfoque está en encontrar alternativas más limpias: uso de químicos menos agresivos, reciclaje de agua y procesos más controlados.
¿Qué es el fracking y por qué genera debate?
El fracking es una técnica para extraer gas o petróleo atrapado en formaciones rocosas profundas, conocidas como lutitas o esquistos. Consiste en perforar el subsuelo e inyectar agua a alta presión mezclada con arena y químicos para fracturar la roca y liberar el gas.
El problema es que este proceso puede implicar riesgos importantes. Entre los más señalados están el alto consumo de agua, la posible contaminación de mantos acuíferos y las afectaciones al entorno de las comunidades cercanas. Por eso, su uso ha sido cuestionado en distintos países y, en algunos casos, restringido o prohibido.
El potencial energético frente al costo ambiental
El punto de partida es claro: México tiene reservas importantes de gas, tanto en yacimientos convencionales como en no convencionales. Estos últimos, que requieren fracking para su extracción, incluso superan a los primeros en volumen. Sin embargo, acceder a ellos implica enfrentar riesgos ambientales que han generado rechazo en distintas partes del mundo.
Aun así, el potencial es difícil de ignorar. De desarrollarse estos yacimientos, la producción nacional podría crecer de forma significativa en los próximos años. Algunas proyecciones apuntan a que el país podría incluso triplicar su producción hacia 2035. Esto no eliminaría las importaciones en el corto plazo, pero sí permitiría reducir la dependencia y dar mayor margen de maniobra al sistema energético.
El contexto también empuja la discusión. La demanda de gas natural sigue creciendo, impulsada por nuevas plantas de generación eléctrica, la expansión industrial y proyectos estratégicos. Tan solo en los próximos años, se prevé un aumento cercano al 30 por ciento en el consumo de este combustible.
Además, el gas natural ocupa un lugar particular en la transición energética. Aunque es un combustible fósil, se considera menos contaminante que otros, por lo que funciona como un puente hacia energías más limpias. En paralelo, el gobierno ha reiterado su intención de aumentar la participación de fuentes renovables.
La discusión, entonces, no es solo técnica, sino política y social. Por un lado, está la urgencia de garantizar energía suficiente para sostener el desarrollo del país. Por el otro, la necesidad de hacerlo sin comprometer el medio ambiente ni las comunidades donde se ubican estos recursos.
En ese equilibrio se moverá la decisión. No se trata únicamente de si México puede hacer fracking, sino de cómo, bajo qué condiciones y con qué consecuencias. El resultado de ese análisis marcará el rumbo de la política energética en los próximos años.