El día de ayer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció con particular entusiasmo la firma de un convenio de alianza con la empresa Airbnb que, como es sabido, se especializa en ofrecer una plataforma de contacto entre personas que buscan alojamiento temporal en un lugar y otras que pueden proveerlo. En el contexto de la “uberización” de la economía, Airbnb es al sector del hospedaje lo que en su momento fue Uber para la transportación privada.
El convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y Airbnb ocurre luego de un par de años en que la capital del país se convirtió en un punto privilegiado de personas que, como efecto de la pandemia de covid-19, encontraron aquí condiciones de residencia óptimas y ventajosas. En específico, se trata de personas provenientes de países como Estados Unidos, Canadá o algunos países europeos, la mayoría de ellos adultos jóvenes y quienes además cuentan con la posibilidad de realizar su trabajo a distancia.
De hecho, este último fue uno de los factores fundamentales de su “migración”, pues dado el confinamiento impuesto en prácticamente todo el mundo entre 2020 y 2021, y ante la laxitud con que esta y otras medidas restrictivas se aplicaban en México, muchas de esas personas se dieron cuenta de que les resultaba mucho más conveniente mudarse a la Ciudad de México que mantener su vida en ciudades con costos de vida mucho más elevados o en circunstancias más adversas.
En ese sentido, dicha población no es estrictamente “migrante”, al menos no en el sentido que se le da usualmente a esta palabra, asociada más bien a personas que, viviendo en situación de precariedad laboral y económica, se ven forzadas a dejar su país de origen en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
A cambio, términos como “expatriados” (o en su forma de apócope, “expats”) o “nómadas digitales” se han aplicado para categorizar a estas personas, el segundo en especial para resaltar el hecho de que lo “digital” forma parte de su modus vivendi.
En efecto, como decíamos antes, estas personas se caracterizan porque aun habiendo cambiado radicalmente de lugar de residencia, en otros aspectos su vida se mantiene en condiciones idénticas (lo cual, por cierto, no ocurre en modo alguno con los migrantes, quienes están obligados a adaptarse al modo de vida del país adonde arriban).
Los “nómadas digitales” reciben este nombre casi siempre porque su trabajo principal lo realizan de manera remota, esto es, sirviéndose de Internet y sus medios de comunicación y contacto (con la ventaja de que, al menos para Estados Unidos y Canadá, los husos horarios son semejantes con México). Este es un fenómeno netamente potenciado por la pandemia. En ese sentido, se trata de trabajos que realizan para empleadores ubicados en sus países de origen, con un salario pagado en la misma moneda (dólares, euros, etc.) y con todos los beneficios derivados de ello.
De ahí que las condiciones de vida de estas personas en países como México sean claramente ventajosas, en donde ya tan sólo la tasa de cambio entre dólares o euros y la moneda local (el peso mexicano) se inclina notoriamente a favor de las divisas del “primer mundo”. A ello se suma el hecho de que el costo de vida en todos los aspectos (comida, vivienda, transporte, etc.,) también es mucho menor en comparación a sus países de origen.
Como consecuencia de esta situación, varios barrios y colonias en la ciudad de México han visto alterado su estilo de vida y también los precios de bienes y servicios como los alimentos y el arrendamiento de una vivienda. Como parte del fenómeno conocido como “gentrificación” –en el cual la zona de una ciudad se distingue del resto por el tipo de población y servicios que la componen (siempre en favor de personas con un elevado poder adquisitivo y en detrimento de población de menores recursos)– la presencia de los “nómadas digitales” ha ido empujando poco a poco a los habitantes locales fuera de esas zonas.
Es en este contexto que el gobierno de la Ciudad de México está alentando la presencia de Airbnb en la capital y, además, de ese tipo de población en particular, pues el convenio con la empresa está diseñado para atraer el hospedaje de más “nómadas digitales” de otros países. Bajo la idea de “turismo creativo”, tal parece que la firma está dispuesta a capitalizar a su favor un fenómeno que hasta ahora había ocurrido más o menos espontáneamente.
Desde su anuncio, la alianza entre el gobierno de la Ciudad de México y Airbnb ha recibido varias e importantes críticas, en especial porque se le mira como un factor que podría exponenciar el proceso de gentrificación de ciertas zonas de la ciudad y elevar el costo de vida en la capital hasta niveles que sean impagables para los locales.
Las críticas también se dirigen hacia una especie de “sumisión” que se advierte en el acuerdo, pues la atracción de los “nómadas digitales” extranjeros se da en condiciones sumamente favorables que no se dispensan, en cambio, a migrantes en otras condiciones. A los “expats”, por ejemplo, no se les exige pagar impuestos o cumplir con ciertos trámites a los que otras personas (tanto locales como extranjeras) están obligadas. Preguntarse por las razones de ese trato privilegiado nos lleva a considerar la situación desde otras perspectivas.
Derivado de ello, organizaciones que defienden el derecho a la vivienda han comenzado a manifestarse por una mayor transparencia en la firma de este convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y Airbnb, que claramente tendrá efectos para la población de la ciudad en general. Entre otras, la Habitat International Coalition-America Latina (HIC-AL) ha elaborado una carta de protesta dirigida a la ciudadanía en general y a las autoridades de la Ciudad de México, misma que se puede firmar en este enlace.