La compañía Corrections Corporations, la más grande operadora de prisiones privadas en Estados Unido, ha enviado una propuesta a 48 estados ofreciéndoles comprar sus prisiones para solucionar los problemas presupuestales que atraviesan. La oferta está encaminada a inyectar un flujo de liquidez a los estados necesitados, mientras que la corporación gana un contrato que a largo plazo puede traerle muchos dividendos, siendo que en Estados Unidos, el país por mucho con la más grande población de reos, las prisiones son un gran negocio.
En una carta que obtuvo el Huffington Post, se remarca que la oferta, de hasta 250 millones de dólares, contiene una clausula con el compromiso para los estados de mantener sus prisiones con un mínimo del 90% de ocupación. Esto último resulta inquietante, especialmente para los inmigrantes ilegales (se calcula que 60% de todos los inmigrantes que están tras las rejas lo están en cárceles de Corrections Corporations ) y para los consumidores de drogas. Especialmente cuando Corrections Corporations fondea el lobby American Legislative Exchange Council, un grupo de ultraderecha que se encarga proponer leyes más estrictas en contra de la inmigración.
Toda una estructura, en la que se diluye la frontera entre la burocracia y la empresa privada, en búsuqeda de más prisioneros, más leyes que se acomoden a sus intereses y cárceles más baratas, reduciendo costos y provocando que los internos no puedan salir por buen comportamiento. Este es el oscuro panorma de las prisiones en Estados Unidos, donde una de las pocas luces recientes es la legalización de la marihuana en Washington y Colorado. Y es que en Holanda esto, entre otras cosas, se tradujo en que se cerraran algunas prisiones por falta de prisioneros, y aunque esto también significó pérdida de empleos, ¿qué lógica perversa es la que busca generar más prisioneros --criminales según la ley-- para alimentar a la industria penitenciaria?