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El transfeminicidio de Paola Buenrostro, dio origen a una Ley que lleva su nombre; sin embargo, activistas de la comunidad indican una revictimización en el caso.

Casi diez años después de que un asesinato marcara un antes y un después en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres trans en México, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a un hombre señalado como el probable responsable. 

Agentes de la Policía de Investigación capturaron a Arturo "N" el 31 de agosto de 2026 en Nicolás Romero, Estado de México, tras años de búsqueda que incluyeron la colaboración de la Fiscalía de Baja California y una recompensa de hasta 500 mil pesos ofrecida desde 2023. 

Se trata del presunto asesino de Paola Buenrostro, cuyo caso se convirtió en el primero documentado oficialmente como transfeminicidio en la capital del país.

El caso de Paola Buenrostro en 2016

Paola Buenrostro fue asesinada el 30 de septiembre de 2016 en la Ciudad de México. Su crimen, marcado desde el inicio por fallas en la investigación, se convirtió en un caso emblemático, pues en 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo reconoció como el primer caso documentado de transfeminicidio, y señaló que las autoridades no respetaron la identidad de género de Paola durante el proceso. Arturo "N" fue detenido tras el asesinato; sin embargo quedó en libertad aunque con el proceso en curso. Huyó y las autoridades tardaron una década en recapturarlo. 

Por primera vez, una autoridad capitalina establecía que ciertos asesinatos de mujeres trans respondían a un patrón específico de violencia que merecía un nombre propio dentro del sistema de justicia.

Años más tarde, en 2024, el nombre de Paola fue retomado para impulsar una reforma legal que llevaría su nombre, la Ley Paola Buenrostro, mediante la cual el transfeminicidio quedó tipificado como delito específico en el Código Penal de la Ciudad de México, con penas de entre 35 y 70 años de prisión.

Protestas ante la Fiscalía

En el contexto de la detención de Arturo "N" reavivó un conflicto que estuvo latente desde el inicio del caso. En la audiencia inicial del 1 de septiembre, la Fiscalía imputó al detenido por homicidio calificado y no por transfeminicidio, con el argumento de que la orden de aprehensión se obtuvo en 2016, cuando esa figura legal todavía no existía en el Código Penal capitalino.

La decisión generó protestas inmediatas de integrantes de Casa de las Muñecas Tiresias A.C., la organización que ha acompañado durante años a la familia social de Paola y que ha colaborado con la propia Fiscalía en la atención a personas de la comunidad LGBTTTIQ+. 

En este sentido, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, calificó la detención como "un paso decisivo" para que el caso avance ante los tribunales, con "rigor y perspectiva de género". Para las organizaciones trans, sin embargo, el paso decisivo todavía no llega, pues mientras el crimen no se juzgue con el nombre que ellas mismas ayudaron a instituir en la ley, la justicia para Paola seguirá pendiente.


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