Caso del profesor Alberto Jasso Cruz impulsa propuesta ciudadana «Ley Alberto»
Sociedad
Por: Yael Zárate Quezada - 07/27/2026
Por: Yael Zárate Quezada - 07/27/2026
El 22 de julio, el profesor Alberto Israel Jasso Cruz se quitó la vida y horas antes había grabado un video en el que aseguraba que la acusación de tocamientos indebidos presentada en su contra por una alumna, nueve días atrás, era falsa. Definió su decisión como un acto de rebeldía frente a lo que consideró fallas del sistema de justicia mexicano.
En el plantel Carmen Serdán, donde Jasso Cruz impartía clases, estudiantes lo describieron como un buen maestro y una buena persona. Su muerte generó consternación dentro de la comunidad escolar y abrió una discusión pública sobre los protocolos que aplican las instituciones educativas ante denuncias contra el profesorado.
A partir del caso surgió una propuesta ciudadana conocida como Ley Alberto, impulsada por la organización Equidad y Justicia junto con colectivos y docentes. Aunque no constituye una iniciativa legislativa formal, plantea garantizar el debido proceso para ambas partes involucradas en una denuncia, ofrecer acompañamiento psicológico y asesoría jurídica, y establecer sanciones para quienes presenten acusaciones falsas con la intención de causar daño.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha determinado si la denuncia contra Jasso Cruz fue verdadera o falsa. En redes sociales circula una supuesta disculpa firmada por la alumna, aunque esta no cuenta con confirmación oficial ni ha sido verificada por las instituciones correspondientes.
La discusión pública en torno a este caso obliga a distinguir varios planos. Primero, lo que circula como consenso en redes sociales no equivale necesariamente a un hecho comprobado. Segundo, que esta denuncia en particular pudiera ser falsa no invalida los casos donde el acoso sí ha sido documentado, como el de Víctor “N”, de cincuenta años, señalado por sostener una relación con una alumna de catorce, o el del actor de doblaje, Alfonso Obregón, sujeto a varias acusaciones por acoso.
Una denuncia falsa no anula la existencia de la violencia contra las mujeres ni deslegitima los mecanismos creados para atenderla. Al mismo tiempo, el linchamiento público tampoco sustituye a una investigación formal. Ambas realidades conviven, y el reto pendiente es que las instituciones educativas construyan protocolos capaces de sostener las dos verdades sin sacrificar ninguna.
