Tortura, hambre e insalubridad en el campo de concentración de Donald Trump para migrantes
Sociedad
Por: Yael Zárate Quezada - 01/20/2026
Por: Yael Zárate Quezada - 01/20/2026
En lo que va de 2026, tres personas migrantes han fallecido bajo custodia en el centro de detención conocido como Camp Montana, ubicado dentro de la base militar de Fort Bliss, a las afueras de El Paso, Texas, que alberga la primera división blindada.
En ese contexto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha advertido que en Fort Bliss se han cometido varias violaciones a los derechos humanos enfocados a la comunidad migrante.
La organización sin fines de lucro dio a conocer el caso de un joven –quien mantuvo su anonimato bajo el seudónimo de "Samuel"– que sufrió vejaciones dentro del mencionado centro militar. El adolescente detalló que perdió parcialmente las funciones de un oído luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingñés) metió los dedos profundamente en sus orejas. Un diente roto y agresiones sexuales se suman a los traumas que sufrió.
De acuerdo con información de ACLU, Fort Bliss ha acumulado 60 violaciones de las normas federales de detención en sus primeros 50 días de operación. El reporte de la ACLU detalla:
“Cada módulo alberga entre 60 y 70 personas que reportan escasez crónica de alimentos, con comidas suficientes para solo unas 50. Se ven obligadas a racionar la comida, saltarse comidas o turnarse para comer; y cuando hay comida disponible, a menudo está en mal estado o parcialmente congelada, lo que provoca vómitos generalizados, diarrea y una rápida pérdida de peso”, indica el informe de la organización fundada en 1920.
Por otro lado, la higiene es otra condición básica restringida en el centro de detención, lo cual agrava el riesgo de adquirir alguna enfermedad o bien, empeora la salud de migrantes que ya tienen algún padecimiento. De acuerdo con el reporte:
“los módulos reciben solo unos pocos rollos de papel higiénico, y las personas pasan días sin jabón, ropa limpia ni acceso a duchas que funcionen. Los detenidos describen tiendas de campaña y baños inundados de agua fétida mezclada con orina y heces, lo que crea condiciones de vida precarias e inseguras”.
Tal es el caso de Francisco Gaspar Andrés, un inmigrante guatemalteco que perdió la vida por una insuficiencia hepática y renal ya que no recibió la atención médica adecuada en Fort Bliss.
En Estados Unidos, los centros de detención están legalmente obligados a garantizar condiciones básicas de vida para las personas bajo custodia, en virtud de varios marcos jurídicos.
El principal fundamento es la propia Constitución de Estados Unidos, particularmente la Octava Enmienda, que prohíbe castigos “crueles e inusuales”, interpretación que la Corte Suprema de Estados Unidos ha extendido a la obligación de proporcionar alimentación adecuada, higiene, atención médica básica y condiciones de seguridad razonables.
En el caso de personas en detención migratoria —que no cumplen condenas penales—, estas protecciones se refuerzan bajo la Quinta Enmienda, que garantiza el debido proceso.
Además, leyes federales, regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional y estándares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas establecen requisitos mínimos de alojamiento, salud y trato humano, cuyo incumplimiento puede dar lugar a demandas civiles y sanciones judiciales.
Este lugar es el centro de detención más grande en Estados Unidos y tiene una capacidad para albergar hasta 3 mil personas, la cual, según el proyecto original, podría llegar hasta 5 mil.
Los detalles de ACLU indican que las personas detenidas por ICE son llevadas aquí y alojadas en tiendas de campaña que sofocan junto con el calor extremo de El Paso.
“Fort Bliss es el primer centro de detención de la administración en una base militar, pero probablemente no el último. Con un costo de $1.2 mil millones, la instalación marca un punto crucial en el esfuerzo de la administración Trump para utilizar al ejército estadounidense, en este caso sus bases, como una herramienta central de la aplicación de la ley migratoria”.
En lo que va de 2026, tres personas migrantes han fallecido bajo custodia en el centro de detención.
El caso más reciente es el de Víctor Manuel Díaz, un migrante nicaragüense de 36 años, cuya muerte fue clasificada preliminarmente como suicidio, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que aseguró haber abierto una investigación para determinar la causa oficial. Díaz había sido detenido el 6 de enero en Mineápolis y trasladado a Texas tras ingresar legalmente a Estados Unidos en marzo de 2024 bajo un permiso de entrada que ya no se concede bajo la actual administración. La muerte de Díaz fue dada a conocer el 19 de enero.
El segundo fallecimiento, ocurrido también este año, corresponde a Geraldo Lunas, cuyo caso ha generado especial preocupación: de acuerdo con información revelada por The Washington Post, un médico forense informó a su familia que la causa de muerte fue asfixia, y que el deceso podría ser clasificado como homicidio en el reporte final, presuntamente relacionado con el personal del centro.
El tercer fallecimiento, del que las autoridades han dado pocos detalles públicos, completa una serie de muertes que han encendido las alarmas sobre las condiciones de detención en estas instalaciones temporales, compuestas por tiendas de campaña dentro de una base militar.
La ACLU ha recopilado la información sobre las condiciones al interior de Camp Montana a través de 45 testimonios de personas detenidas, así como una carta con 16 declaraciones firmadas.
Entre los testimonios se cuentan agresiones como las que vivieron "Samuel", Ignacio y otros inmigrantes, con detalles como que
los agentes “les aplastaron los testículos durante las palizas, una táctica utilizada mientras las personas ya estaban sujetas o después de que se negaron a ser deportadas forzadamente a México”.
Abel, Benjamín y Eduardo –menciona el informe de ACLU– también denunciaron haber sido azotados, pisoteados o golpeados cuando expresaron temor a ser enviados a México o cuando simplemente solicitaron sus medicamentos. Estos no son incidentes aislados; reflejan un patrón de brutalidad que viola incluso los estándares mínimos del ICE.
Si bien, se han enviado cartas y se han utilizado recursos legales para prevenir y alertar sobre los maltratos en estos centros, lo cierto es que el avance en la garantía de los derechos humanos en Estados Unidos está muy lejos de ejercerse. Al respecto, la ACLU señala:
“A pesar de la clara autoridad del Congreso para realizar visitas, anunciadas o no, a las instalaciones del ICE, este continúa aplicando una política que exige a las oficinas del Congreso notificarles con siete días de anticipación sobre las visitas de detención y les niega sistemáticamente el acceso a Fort Bliss y otros sitios”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha hecho un llamado al Congreso para exigir responsabilidades a la administración Trump y garantizar que el ICE detenga de inmediato las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Fort Bliss, así como el uso de recursos violentos en la detención y el control de la inmigración.
