La Cámara de Diputados de México ha aprobado en lo general una reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz transgénico en el país, una decisión que podría marcar un antes y un después en el debate sobre la soberanía alimentaria y la bioseguridad. La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca proteger las variedades nativas de maíz, consideradas un emblema de la identidad mexicana y la base de su alimentación.
La medida implica modificaciones a los artículos 4 y 27 de la Constitución para establecer que el cultivo de maíz en territorio nacional debe estar libre de modificaciones genéticas que superen las barreras naturales de reproducción o recombinación, como las técnicas transgénicas. Además, se destaca la importancia de evaluar cualquier uso del maíz modificado genéticamente con base en criterios de bioseguridad, salud pública y conservación del patrimonio biocultural del país.
Si bien la reforma prohíbe la siembra, no cierra del todo la puerta a la utilización del maíz transgénico en ciertas condiciones, siempre que su impacto no represente una amenaza evidente. Este punto ha generado interpretaciones diversas sobre el alcance real de la medida.
La aprobación de esta reforma se da en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos, principal socio de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Recientemente, un panel de controversias falló en contra de México en relación con sus restricciones a la importación de maíz transgénico, argumentando que estas medidas carecen de suficiente justificación científica.
La prohibición podría escalar la disputa comercial, ya que Estados Unidos presiona para garantizar el acceso de su producción de maíz transgénico al mercado mexicano. Este escenario podría traducirse en sanciones comerciales o en una renegociación de los términos de importación de productos agrícolas.
Para los defensores de la reforma, la prohibición del maíz transgénico es un paso fundamental para preservar la biodiversidad del país y evitar la contaminación de las variedades nativas. Argumentan que la dependencia de semillas modificadas genéticamente pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria y refuerza el dominio de corporaciones transnacionales sobre la producción agrícola.
Por otro lado, los críticos advierten que prohibir el maíz transgénico podría afectar la productividad del sector agrícola, encarecer los costos de producción y reducir la competitividad del país en el comercio internacional. También cuestionan la base científica de la decisión, argumentando que los cultivos transgénicos han demostrado beneficios en resistencia a plagas y mayor rendimiento por hectárea.
La aprobación de la prohibición del maíz transgénico es una decisión que trasciende el ámbito agrícola y se convierte en un símbolo de la lucha por la soberanía alimentaria y la preservación del patrimonio biocultural de México. Sin embargo, también pone al país en una posición delicada en el escenario comercial internacional.
Ahora, el siguiente paso será la discusión en el Senado, donde la medida podría consolidarse o sufrir modificaciones. Lo que está claro es que el debate sobre los transgénicos en México está lejos de haber terminado.
