Preocupan las nuevas leyes que inhiben la protesta social en México
Por: Ana Paula de la Torre - 05/22/2014
En pocos meses se aprobaron dos legislaciones, que en opinión de prestigiadas Ong´s, inhiben la esencial protesta.
La protesta es una insignia de la libertad de expresión. En México vivimos una democracia representativa porque elegimos a los gobernantes, pero una democracia ejercida únicamente desde el voto es pobre, y se precisa de la participación ciudadana para que esta se desarrolle. Pero, ¿y si nuestra única vía de incidencia es el voto? ¿y si los personajes que elegimos están decidiendo contra los derechos colectivos? ¿Debemos conformarnos porque ya fueron elegidos?
La calle es la alternativa más efectiva (por falta leyes sobre participación ciudadana) para visibilizar la inconformidad cuando las decisiones políticas se tornan regresivas. La máxima expresión de lo público, es decir, de aquello que nos pertenece colectivamente, es la calle. Aunque la calle le pertenece a todos --comerciantes, automovilistas, peatones, etc.--, en un análisis dimensional los derechos particulares son, sí, menos importantes que los derechos humanos colectivos.
En ese sentido, organizaciones civiles hacen un llamado por una preocupante tendencia de criminalización e inhibición de la protesta en México, en donde recién se aprobaron dos legislaciones que, según el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta (integrado por 12 prestigiadas organizaciones sociales), inhiben esta libertad. En el estado de Quintana Roo se aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico, y en el Distrito Federal la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
La ley aprobada en el Distrito Federal es preocupante porque condiciona toda manifestación pública a un previo aviso de 48 horas a las autoridades. Lo más grave está estipulado en el artículo 213, pues para las manifestaciones públicas no será posible hacer uso de las vías primarias de circulación, cuando en realidad, el sentido de la protesta es visibilizar los problemas, e incluso incomodar a las autoridades para llamar su atención. Finalmente, en el artículo 214 se estipula que la Secretaría de Seguridad Pública tomará "las medidas necesarias” (sin especificación) para evitar la obstrucción de vías sin circulación continua.
Por su parte, lo más inquietante en la Ley de Ordenamiento Cívico en Quintana Roo es que se pretende sancionar formas comunes de protesta; recordemos que el fin ¡es incomodar! Se castiga el hacer ruido excesivo, obstruir inmuebles o afectar "el funcionamiento normal de las instituciones del Estado y actividades económicas turísticas y sociales”, así como trepar bardas, escalar como acción de protesta edificios públicos y llevar a cabo bloqueos.
Otro indignante caso es el del estado de Puebla. Con la conocida "Ley Bala" se pretendía que los cuerpos de seguridad pudieran hacer uso de armas de fuego en las protestas públicas, pero finalmente, y de forma discreta, los puntos más polémicos fueron derogados de la ley que publicó el gobernador Rafael Moreno Valle.
Cuando los ciudadanos carecemos de vías de incidencia en la política, la calle es nuestra arma más orgánica. Las opiniones de las organizaciones antes mencionadas para denostar las legislaciones están basadas en argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en declaraciones de relatores especiales de las Naciones Unidas.
En México se están dando leyes regresivas en derechos humanos, por ahora está varada la polémica reforma en telecomunicaciones, que censura internet, pero la sociedad se está organizando cada vez más, porque aparentemente, ya no está dispuesta a que los políticos decidan solos, bajo el débil argumento de la democracia representativa.
Twitter de la autora: @anapauladelatd
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