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El presidente de Ucrania Viktor Yanukovych se niega a renunciar y a conceder una amnistía a los manifestantes, un par de decisiones que, en medio de un contexto que también involucra la corrupción generalizada de su gobierno y su cercanía a la Rusia de Vladimir Putin, ha vuelto a encender la mecha de las protestas en Kiev.

Luego de un par de semanas de relativa calma, el día de ayer las protestas en Kiev, la capital de Ucrania, volvieron a convertir la ciudad en un campo de batalla apocalíptico, con un balance de al menos 26 muertos y casi 250 heridos, entre policías y manifestantes, además de cuantiosos daños materiales, pero sobre todo el empeño de la ciudadanía para que el presidente Viktor Yanukovych renuncie a su cargo y cese la corrupción que impera en el gobierno nacional.

En el caso específico de los hechos recién ocurridos, el enfrentamiento se debió al intento de la policía de recuperar edificios gubernamentales y la plaza Euromaidan que se encuentra en poder de los manifestantes. La ofensiva fue parcialmente exitosa para las llamadas fuerzas del orden, que ganaron una esquina de la plaza que desde diciembre estaba ocupada.

En cuanto al contexto general, el motivo que desencadenó la inconformidad popular fue la negativa del presidente Yanukovych por firmar un tratado comercial con la Unión Europea y, en cambio, preferir asociarse con el gobierno de Rusia (esto sucedió en noviembre del año pasado), una especie de retroceso luego de que el país votó en 1991 por la separación pacífica de la ex URSS.

Aunada a esta situación —que en la percepción general no haría sino aumentar los negocios ilícitos y subrepticios del presidente, su familia y sus amigos—, la ciudadanía tampoco aceptó de buen grado la ambición de poder de Yanukovych simbolizada en reformas constitucionales que le otorgarían una enorme capacidad de decisión y ejecución, fortaleciendo así la estructura vertical del gobierno. En un artículo sumamente recomendable, “10 cosas que occidente necesita saber sobre la situación en Kiev”, el periodista ucraniano Tarás Ilkiv asegura que instituciones judiciales y fiscales se encuentran supeditadas a Yanukovych, quien no ha dudado en utilizarlas con propósitos personales de persecución de opositores o para facilitar negocios propios.

Se trata, en suma, de una situación sumamente delicada en la que no parece fácil decir quién triunfará, si la voluntad popular o el grupo minoritario que se aferra al poder e incluso ha amenazado con utilizar al ejército para acabar de una vez por todas con las protestas.

Con todo, en el horizonte inmediato todavía existe la posibilidad de solucionar el conflicto sin que aumenten la violencia y el número de muertos y heridos. El próximo año tendrían que celebrarse elecciones presidenciales en las que Yanukovych podría quedar relevado, pero, como escribe Mary Dejevsky en The Guardian, antes el presidente y el parlamento tendrían que cumplir con sus promesas —ente otras, la de una amnistía general.