Normalmente describir un problema es más fácil que hallar sus soluciones, y en el caso de Michoacán, el problema ha sido durante mucho tiempo inaceptablemente evidente. El Estado mexicano (en todos sus órdenes de gobierno) ha sido incapaz de cumplir con su función principal: dar seguridad a las personas en su vida y propiedades, y ante ello, los pobladores de tierra caliente decidieron primero negociar con delincuentes su tranquilidad, y después, armarse para tomar la justicia en su propia mano.
Civiles armados enfrentando delincuentes y haciendo “justicia” a su entender representa una verdadera afrenta para cualquier Estado que se respete, al menos en teoría; sin embargo, también tiene mucho de lógica y puede ser hasta peligrosamente legítimo, cuando los ciudadanos viven en peligro constante, con amenazas, extorsiones, secuestros, violaciones, robos y todos los delitos que se les puedan ocurrir a los criminales, frente a la incompetencia u omisión de la autoridad.
La situación puede ser muy racional para la gente de tierra caliente: pagan impuestos y no pasa nada, pagan derecho de piso a los delincuentes y éstos no tienen palabra para cumplir, además, asumen pérdidas por no poder desarrollar a plenitud sus actividades económicas (por cierto, es una zona económicamente importante). Desde una perspectiva de racionalidad económica, resulta lógico que hayan decidido invertir en armas y protegerse (les sale más barato).
Desafortunadamente, esta realidad de las autodefensas que hoy vive el estado de Michoacán (y por desgracia entre otros estados), es una respuesta sumamente desesperada y peligrosa para la paz, los derechos y libertades de los mismos pobladores; y para el Gobierno Mexicano es una inaceptable pérdida de soberanía, autoridad, gobernabilidad y preservación del Estado de derecho.
Por otra parte, la ausencia de autoridad y la proliferación de estos grupos armados, los hace muy vulnerables a mutar a organizaciones paramilitares sin controles, códigos y contrapesos (elementos propios de instituciones de un Estado democrático); incluso respondiendo a intereses criminales.
Una sociedad que funciona a plenitud, es decir, cuyos ciudadanos gozan de un Estado de derecho, de libertades y garantías; el Estado asume el monopolio del uso legítimo de la violencia y resguarda la vida y patrimonio de las personas (el ciudadano cede ese derecho natural a favor del Estado para su protección, de acuerdo al gran filósofo Thomas Hobbes). Obviamente, en Michoacán esto no sucede, y surge la gran pregunta de siempre: ¿qué hacer ahora?
En primer término, se debe partir de que la solución no va a venir de los otros órdenes de gobierno (ni del estatal, ni mucho menos del municipal); son autoridades totalmente rebasadas, débiles y corrompidas por el crimen organizado. En este momento, la federación, pese a que ya fracasó anteriormente (en especial en el sexenio de Felipe Calderón), es la única que puede reconstruir la autoridad del Estado en esta entidad.
La primera opción sería que las fuerzas federales retomaran el control mediante la fuerza, desarmaran y sometieran a los grupos de autodefensa. Se estaría tratando de restableciendo el orden y el Estado de derecho en la zona, pero probablemente con un alto costo humano (muchos de estos grupos están bien armados y pertrechados); el uso legítimo de la fuerza empezaría a tener precisamente problemas de legitimidad; se tendrían que abrir dos frentes: uno para someter a las autodefensas y otro para tratar de controlar a los narcotraficantes (que seguramente regresarían con sed de venganza). Evidentemente, ésta sería la opción menos deseable, ya que en un principio, de una manera muy ambigua, las fuerzas federales en algunos casos trataron de establecer.
En otra opción, el Gobierno Federal ha optado por retomar el control del estado a través de la figura del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, cargo que recayó en una persona muy cercana al Presidente Peña Nieto, Alfredo Castillo Cervantes.
Un gobierno estatal débil y sin capacidad de reacción, acosado por los depredadores panistas que buscan en el Senado la desaparición de poderes en ese estado. En este contexto y con la confianza de ser del mismo partido, el gobierno federal ha hecho a un lado al Gobernador Fausto Vallejo, y ha tomado el control a través del Comisionado Castillo para instrumentar las estrategias de política pública, no sólo de seguridad, sino también de desarrollo social, cultura e infraestructura (al menos así se ha hecho público). Los nombramientos del Procurador General de Justicia y del Secretario de Seguridad Pública del estado, gente que ha trabajado con Alfredo Castillo en el Estado de México y la Profeco, confirman quién ejerce ahora el poder y la autoridad en Michoacán.
En los primeros días del Comisionado no se ha establecido de manera transparente un esquema de negociación con los grupos de autodefensa en Michoacán, los cuales siguen actuando bajo la complacencia de la autoridad federal, y de acuerdo a las diferentes crónica periodísticas, aparentemente siguen ganando terreno en las zonas de dominio de los Caballeros Templarios (incluso tomando propiedades y exhibiendo públicamente el lujo en el cual viven los jefes de esta organización criminal), lo que hace creer que en poco tiempo han sido más eficientes que las propias fuerzas federales.
Sin embargo, el pasar del tiempo en este estado de cosas no es lo más idóneo en la reconstrucción del orden, la justicia y la seguridad a través de la autoridad del Estado. Con el tiempo, estos grupos se irán fortaleciendo y, por consiguiente, el proceso de desarme se puede hacer más complicado, pues las garantías y certidumbres de seguridad que debe ofrecer la autoridad pueden ser poco creíbles o solidas; además, se plantearían la cuestión de para qué desarmarse, si se ha sido exitoso y finalmente hay más seguridad que antes.
Seguramente, en todo este tiempo las autoridades federales han tenido diferentes niveles de comunicación (e incluso coordinación) con los grupos de autodefensa, pero si quieres restablecer de manera seria y eficaz la autoridad del gobierno, ése no parece ser el camino más correcto, y como lo exige todo régimen democrático, debería ser de una manera abierta y transparente.
De igual manera, en su realidad política, la figura del Comisionado para Michoacán no puede prevalecer por mucho tiempo, pues ello le puede restar eficacia a la estrategia; y lo más importante desde el punto de vista democrático es que empezaría a tener problemas de representatividad y rendición de cuentas frente a los ciudadanos michoacanos, y con un gobernador tan débil, los reclamos del PAN para la desaparición de poderes cobrarían fuerza y tendrían una mayor base de legitimidad.
Por otra parte, si bien es importante tener un Comisionado federal que coordine y focalice esfuerzos, así como ver el problema de una integralmente, no sólo como una estrategia de seguridad pública (considerando políticas de desarrollo social, económico e infraestructura); también es muy importante el concurso de estos grupos en el diseño de estas estrategias, a fin de ganar en eficacia y legitimidad al momento de ser instrumentadas.
Gobernar solamente a través del poder federal en el mediano y largo plazo es una estrategia muy desgastante, muy costosa e ineficiente. Lo ideal es la reconstrucción de autoridades locales con la participación social, si no vuelves a reproducir, aunque de una manera más crónica, los mismos círculos viciosos.
Michoacán siempre va a ser una plaza importante y geográficamente estratégica para el narcotráfico: se produce mariguana y se importan precursores para exportar a los Estados Unidos drogas sintéticas; además, una zona con gobiernos débiles y economías relativamente prósperas es ideal para la extorsión. Una estrategia fallida que no da certidumbre de seguridad, no genera incentivos para el desarme de los grupos de autodefensa.
Michoacán como oportunidad
Una sociedad que ha decidido movilizarse a través de estos grupos de autodefensa y hacer frente a delincuentes tan peligrosos como son los narcotraficantes, no sólo plantea dudas y miedos, sino también puede abrir la oportunidad de reconstruir de una manera democrática y sólida la autoridad perdida del Estado.
Para ello, el Comisionado mexiquense tendría que sentarse con estos grupos a negociar bajo parámetros muy claros y estrictos: no se puede negociar con criminales y no puede haber ciudadanos armados asumiendo el papel de la autoridad; y en contrapartida, el Estado debe generar las garantías, certidumbre y seguridad a estos grupos al ser desarmados, y en general, obviamente que las autoridades tendrán las fortalezas para hacer prevalecer el orden y la seguridad en el estado.
Posteriormente, se deberá trazar una ruta o proceso de transición para la desmovilización de estos grupos; crear de manera conjunta una agenda de políticas públicas que contribuyan de una manera precisa y efectiva a recuperar el orden y seguridad en las comunidades, así como a reconstruir la autoridad del gobierno.
La participación social dejaría de ser un chocante lugar común, para convertirse en una condición necesaria para el éxito de esta estrategia. Ayudaría a construir una estrategia de políticas públicas eficaz, más precisa y eficiente (inviertes en lo que realmente se necesita); construyes autoridades con controles ciudadanos; logras algo que te ha dado desventaja frente a los criminales: contar con una base social organizada de apoyo (los narcos las han construido a través del dinero o el miedo, un ejemplo son los famosos halcones).
Realmente, el bello y próspero estado de Michoacán puede darse por sí mismo una oportunidad para la paz y la seguridad, y constituirse en un modelo a seguir para otros estados que viven realidades muy parecidas (como su vecino guerrerense) y para el país.
Twitter del autor: @salvadormontero
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