¿La realidad se transforma por decreto? Sobre la necesidad de oponerse a la reforma "educativa" del gobierno mexicano
Por: Juan Pablo Carrillo Hernández - 09/03/2013
Incurriendo en uno de los vicios más recurrentes de la política institucional mexicana, el gobierno de Enrique Peña Nieto busca imponer una reforma menos educativa que laboral y burocrática que deja de tomar en cuenta el verdadero contexto educativo de nuestro país, caracterizado por la diversidad de sus circunstancias.
Por estos días parte importante del debate público en México —y también de las voces más o menos difusas e imprecisas que dan forma a la llamada “opinión pública”, o de esa ideología no siempre veraz ni siquiera verosímil que muchos adoptan como perspectiva propia ante un fenómeno social— ha estado ocupado por las posiciones encontradas ante la Ley del Servicio Profesional Docente, una legislación que se ha publicitado como “reforma educativa” de tipo federal y la cual afecta directamente la situación del magisterio del país.
En términos generales, podrían identificarse dos grandes posturas en este enfrentamiento. Por un lado la que defiende el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus afines: la que apoya la reforma y busca aprovechar el poder de la institución, el poder del poder establecido, del poder “reconocido”, para fijar estas nuevas reglas, para, sí, imponerlas, un verbo que no por repetido y acaso propagandístico es menos real: el gobierno tiene la capacidad —cuestionable— de imponer una medida so pretexto del bien común, muchas veces sin que importe que este pretexto sea solo verdadero a medias o, por otro lado, que existan mecanismos que acoten o limiten dicha capacidad. Por otro lado, la oposición a la Ley del Servicio Profesional Docente ha sido defendida sobre todo por los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —una organización surgida en buena medida para contrarrestar la voluntad antidemocrática del Sindicato Nacional de Trabajadores, dirigido en la década de los 80 por Carlos Jongitud Barrios y más recientemente por Elba Esther Gordillo (presa desde finales de febrero de este año, acusada de operación con recursos de procedencia ilícita)—; en este sentido, la CNTE ha propuesto una reforma educativa más bien horizontal y democrática, con algunos matices que intentaré exponer a continuación.
Las diferencias entre ambas posturas son, en cierta manera, simples. Al modelo vertical, impositivo y de homogenización que distingue la ley impulsada por la presidencia de Peña Nieto, se oponen las peticiones de la CNTE de crear un marco que propicie las condiciones de mejora pero desde las circunstancias mismas donde la educación ocurre. Uno de los reclamos más sensatos de los maestros de la CNTE es que es notoriamente injusto pretender evaluar a un profesor rural de la sierra de Puebla o de Guerrero, por ejemplo, con los mismos criterios que quien da clases en una escuela de Monterrey, de la zona marginal de Chalco o de la escuela primaria que se encuentra en las Lomas de Chapultepec. Ninguno es mejor que otro, es cierto, pero al mismo tiempo ninguno es igual que otro por la sola razón de que sus circunstancias no son las mismas y quizá ni siquiera equiparables. ¿Cómo poder poner en el mismo nivel al profesor o profesora que debe enseñar a niños en situación de pobreza, a niños con padres migrantes, a niños a quienes enseña en una lengua indígena o a otros que tienen la escuela a menos de un kilómetro de distancia? Y no se trata, en modo alguno, de despertar la compasión por ninguno de estos casos, sino solo de mostrar, de sugerir apenas, la complejidad social en la que esta ley pretende imponerse. ¿De verdad el proyecto de reforma de Peña Nieto y sus afines toma en consideración todos estos aspectos? ¿O más bien, como se ha dicho en estos días, se trata de una ley más orientada hacia lo laboral y lo administrativo y mucho menos hacia lo educativo? La intención, acusan los opositores, es conseguir un mayor control gubernamental no del sector educativo, sino del cariz administrativo del sector educativo.
Los maestros de la CNTE han insistido en que no están cerrados a la posibilidad de evaluación, una falsa renuencia que se ha utilizado mediáticamente para denostarlos. Solo que esta, argumentan, debe estar en concordancia con las condiciones en las que enseñan e incluso, más allá de eso, la evaluación debe considerarse un esfuerzo paralelo al mejoramiento de dichas condiciones, un mejoramiento que a su vez debiera partir del análisis del contexto específico de cada caso, con lo que el maestro adquiere una posición clave en el proceso de transformación del ámbito educativo.
Sabemos de sobra, aun sin haber profundizado antes en el tema, que el estado de la educación pública es, desde lo material, casi lamentable. Grupos de hasta 60 alumnos por 1 maestro, insuficiencia de planteles, escuelas que carecen incluso de algunos de los servicios básicos (como los sanitarios), cuotas con las que se mitigan algunas de estas deficiencias, el desmantelamiento de las escuelas normales (sobre todo las rurales) por decisión de los últimos gobiernos del país y otras situaciones que reflejan el desinterés —que se cuenta ya en décadas— del Estado mexicano por su obligación de garantizar la mejor educación posible a su población. ¿Y solo con una ley se pretende revertir tan desoladora realidad? Mejorar esas condiciones parece ser la condición sine qua non de la exigencia —una exigencia igualmente horizontal, en la que los protagonistas sean maestras y maestros, las y los estudiantes, jefas y jefes de familia: la escuela como el vector de comunidad que es.
Con todo, lo encomiable (y sorprendente) es que aún en esa situación, la educación pública de México no se ha derrumbado, y quizá solo por eso —pero no solo por eso—, la oposición magisterial debe ser escuchada. Y remarco el “debe” en oposición al “merece” que a veces se utiliza en estos casos. La pluralidad, la disidencia, no son una concesión del gobierno, probablemente sí de la autoridad, pero no del gobierno. El gobierno está obligado a dar lugar a dicha oposición y, en este sentido, las marchas, las protestas, el campamento en el Zócalo y otras acciones que tan mal vistas son por algunos, no son sino uno de los recursos últimos de aquellos a quienes se les niega dicho derecho.
Por último una palabra sobre estas acciones, ya que han surgido en el texto. Los medios mainstream, los medios conservadores, los medios que se benefician del statu quo y por lo tanto contribuyen a perpetuarlo, se complacen en elevar un bloqueo vial a categoría de catástrofe. “La ciudad paralizada”, cacarean, como si la ciudad, la enorme ciudad de México, esa hidra indomable de 10 millones de habitantes, se limitara al cruce de dos avenidas emblemáticas pero fuera de eso más bien insignificantes frente a ese todo monstruoso que es el Distrito Federal. Pero tristemente hay personas que hacen suyo este “enojo”, hacen suyo el discurso porfirista de la ciudad amenazada por los bárbaros; los explotados hacen suyo el discurso del explotador y repiten irreflexivamente los insultos que se dedican a quienes según se dice “no trabajan”; el egoísta hace suya la ideología del individualismo que odia irracionalmente cualquier asomo de organización colectiva (solo porque este es uno de los primeros y más importantes pasos para revolucionar y aun detonar el sistema de dominación capitalista). ¿Por qué no pensar, por un momento, que las cosas pueden ser distintas? ¿Por qué no tener disposición, por un momento, de escuchar al otro? ¿Por qué no reconocer que, al final, hay circunstancias comunes que nos hermanan y nos sitúan en un mismo plano: la desigualdad, la desventaja perpetua ante los poderosos, el desamparo al que el sistema mismo nos tiene condenados —porque no puede funcionar de otra forma?
¿Por qué no pensar, por un momento, que las cosas pueden ser distintas?
En este enlace, la propuesta educativa de la CNTE (PDF).
Twitter del autor: @saturnesco
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