Orina y discriminación como política en la lucha contra las drogas
Por: Luis Alberto Hara - 04/16/2013
Por: Luis Alberto Hara - 04/16/2013
La lucha contra las drogas lleva muchos años en un punto muerto en todo el mundo: la demanda se mantiene constante, el presupuesto militar sigue creciendo mientras el crimen organizado se beneficia al mantener activo un mercado basado en la ilegalidad, además de recibir compensaciones extras al negociar con los gobiernos. Sin embargo, además de la violencia física como la que se ha vivido en la militarización de la lucha de gobiernos contra carteles de la droga, la violencia simbólica es un ingrediente menos visible pero igualmente peligroso, que hace blancos (tanto como la otra) en la población civil.
La conferencia anual de la Drug & Alcohol Testing Industry Association (la asociación de empresas dedicadas a realizar pruebas de drogas y alcohol, o DATIA por sus siglas en inglés) contó en su edición del 2012 con la participación de Robert DuPont, director de políticas sobre drogas durante las administraciones de los presidentes estadunidenses Richard Nixon y Gerald Ford. En un estilo que recuerda a los tele-evangelistas, DuPont compartió la que cree que es la solución a esta guerra, disfrazada de acción preventiva: las pruebas generalizadas de orina para identificar usuarios de sustancias ilegales.
Para DuPont, el dar positivo en una de estas pruebas debería implicar la suspensión de los beneficios de seguridad social, la baja de la persona de los programas de asistencia pública y una pena inmediata de cárcel, sin juicio y sin miramientos. Esto, sin embargo, no parece estar dando resultados: Estados Unidos es el país con la tasa más alta de población encarcelada en el mundo, 756 de cada 100 mil personas. Para el año 2010 más de medio millón de personas cumplían pena de cárcel por delitos relacionados con drogas. Sin embargo, aunque ineficaz, el negocio de las pruebas rápidas para sustancias ilegales parece ser sumamente lucrativo.
Hasta el 2006, el 84% de los empleadores en Estados Unidos reportaban aplicar pruebas de drogas a sus trabajadores. En el año 2004, George W. Bush afirmó que destinaría 23 millones de dólares provenientes del presupuesto de educación (que podría usarse, por ejemplo, para mejorar los programas educativos y mejorar el sueldo de los maestros) para aplicar pruebas de este tipo en las escuelas del país. Pero tal presupuesto tendría que ser mucho mayor: si compráramos un vaso de papel para cada individuo económicamente activo solamente en Texas necesitaríamos 30 millones de dólares, eso sin contar todos los demás gastos agregados.
Y en todo caso no es difícil burlar la prueba.
Pero estas políticas discriminatorias no son nuevas: desde 1971 la Operation Golden Flow (hay que reconocer la elegancia del eufemismo para "orina") aplicó pruebas de orina para identificar adictos entre los veteranos de Vietnam. Desde entonces se sabe que la prueba no es completamente efectiva, pues aunque un subproducto de la marihuana, el carboxy-THC, permanece en el cuerpo días después de que se utilizara cannabis, el cuerpo desecha rápidamente las evidencias de la cocaína y heroína.
"Es como saber que alguien se tomó una cerveza hace tres días", dice Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. E incluso si EU o el mundo tuviera el presupuesto para aplicar tal cantidad de pruebas en las personas, "¿qué va a decirnos eso sobre qué tan funcionales son en el trabajo hoy? Es anticientífico y discriminatorio."
Además del lugar de trabajo, otros estudios han mostrado que en realidad no existe diferencia en los niveles de uso de sustancias entre las escuelas que aplican las pruebas y aquellas que no. Lo que es más preocupante, algunos expertos en políticas sobre drogas han mostrado preocupación de que la angustia por someterse a una prueba de detección lleve a los estudiantes a dejar de consumir marihuana para pasar a drogas como la cocaína, la heroína o el alcohol, las cuales no se detectan generalmente en pruebas de orina. La idea a largo plazo es que conferencias como la DATIA logren llevar al Congreso políticas como esta para aprobarse federalmente, obteniendo importantes beneficios económicos.
A pesar de todo, Robert DuPont y muchos más siguen prestando sus servicios de consultoría en la administración de pruebas de drogas, criminalizando la posesión además de la adicción a las drogas, entendido primariamente como un problema de salud. El problema es que en lugar de arriesgarnos a flexibilizar nuestros paradigmas con respecto a la libertad individual sobre el propio cuerpo, las legislaciones en el mundo siguen construyéndose sobre una base moral, un marco de normalidad que debe mantenerse firme a toda costa --y todo aquel que salga de dicho marco deberá ser reintegrado o en su caso, castigado.
[Con información de Alternet]
