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La organización Human Rights Watch ha presentado el informe sobre desapariciones forzadas ocurridas durante la administración de Felipe Calderón, un delito que revela la pesarosa realidad del sistema judicial mexicano, corrupto y displicente.

El estado de seguridad pública en que ha vivido México en los últimos años es consecuencia, en buena medida, de las políticas gubernamentales en torno al consumo y comercio ilegal de drogas, la confrontación pretendidamente directa a las organizaciones criminales que tiene en el narcotráfico su principal fuente de ingresos económicos, pero casi exclusivamente a través de la vía armada, militar o policiaca, que según algunos ha contribuido menos a resolver el problema que, por el contrario, a intensificar la violencia que ha caracterizado parte de la vida pública mexicana reciente.

Paralelamente a esta situación, delitos como la extorsión, el secuestro, la tortura, el homicidio y el tráfico de armas, han experimentado también un incremento notable: a la sombra dela impunidad y del miedo, de la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades locales y federales del país y de la sensación de vulnerabilidad generada entre la población, cárteles del narco e incluso personas que solo simulan su pertenencia a estos, han diversificado la empresa delictiva hacia estas y otras operaciones que solo son posibles en un país de instituciones jurídicas endebles, corruptas e incluso de salarios incapaces de competir con las ofertas salariales de los cárteles (como es el caso de los cuerpos policiacos en el interior del país).

Por desgracia, la violencia asociada al narcotráfico ha permitido que, so pretexto de la seguridad, paulatina y casi imperceptiblemente han surgido prácticas ilegales que, sin embargo, son habituales lo mismo entre organizaciones criminales que entre autoridades del Estado. En particular, las llamadas desapariciones forzadas, situaciones en que una persona es tomada y retenida sin que se sepa su destino posterior.

En este sentido, la organización Human Rights Watch ha publicado un informe titulado Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, en el cual documenta las desapariciones forzadas ocurridas durante la administración federal de Felipe Calderón, esto es, de 2006 a 2012.

Human Rights Watch presenta 249 casos confirmados de desaparecidos, un número alarmante en sí mismo que lo es todavía más cuando se acota que al menos en 149 de estos (el 60%), hubo miembros de la policía, el ejército o la marina que intervinieron en la desaparición. Dice el informe:

Human Rights Watch ha documentado 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre de 2006. En 149 de estos casos, encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos 149 casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales.

La mayoría de los casos de posible desaparición forzada que documentamos responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares. Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas.

Asimismo, HRW llama la atención sobre la displicencia del sistema de justicia en México, particularmente los niveles donde medios y bajos donde se deberían iniciar los procesos correspondientes para solucionar esta situación. En una idea que lamentablemente se ha vuelto usual en el país y que, todavía más preocupante, se traduce en acciones concretas, personal del Ministerio Público justifica tácitamente la desaparición suponiendo ante los familiares del desaparecido que, probablemente, esto ocurrió por la pertenencia de la víctima a una organización criminal, lo cual de algún modo los exime de la obligación de investigar el delito, en una suerte de traslación punitiva de las instituciones del Estado hacia una entidad más o menos metafísica y omnisciente que reparte castigos a quienes así lo merecen.

Como si esto fuera poco, cuando los agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y funcionarios de seguridad pública atienden a familiares de desaparecidos, es común que sugieran que las víctimas posiblemente fueron agredidas debido a que están implicadas en actividades ilícitas, incluso cuando no tienen pruebas para hacer tales señalamientos. Las autoridades invocan esta presunción infundada como un pretexto para no iniciar investigaciones, y así excluyen y hostigan a personas cuya colaboración podría haber sido crucial para encontrar a la víctima desaparecida. Si bien es razonable que las autoridades evalúen los antecedentes de las víctimas como una posible línea de investigación, Human Rights Watch comprobó que algunos funcionarios asumían automáticamente que las víctimas tenían algún vínculo delictivo antes de iniciar una investigación preliminar, y mantenían esta postura aun cuando las evidencias señalaban claramente lo contrario.

Como sabemos, esto lo hace un ministerio público pero también, en su momento, lo repitió el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont e incluso el entonces presidente Calderón, quienes en más de una ocasión justificaron veladamente el homicidio de personas partiendo de la suposición nunca comprobada formaban parte de algún cartel del narcotráfico o grupo delictivo. El caso más polémico fue el del asesinato de 15 jóvenes en Villas de Salvarcar, una colonia popular de Ciudad Juárez, Chihuhua, a quienes Felipe Calderón no tuvo ningún reparo en calificar de “integrantes de pandillas”, como si esto fuera motivo suficiente o para desestimar la investigación del homicidio o para recalcar entre líneas la justicia del castigo recibido.

Esta, sin embargo, no es el único vicio de operación en el caso de los ministerios públicos. HRW también señala el hecho de que, si la investigación sobre una desaparición se emprende, entonces las autoridades piden a los propios familiares que realicen buena parte de esta, que consigan pruebas y entrevisten a testigos, que llenen ese vacío que, de nuevo, las instituciones judiciales no pueden o no quieren llenar, sea por exceso de trabajo o corrupción en sus niveles más profundos.

El informe es extenso y también desolador. Expone en un detalle el cúmulo de circunstancias en torno al problema delictivo y de justicia en México: quien toma la decisión de desaparecer a una persona, actúa a sabiendas de que la policía no lo va a perseguir, de que el ministerio público no lo va a investigar, de que ningún juez lo va a sentenciar, de que, efectivamente, su acción quedará impune a pesar de tratarse de un delito.

No hay delitos mejores o peores que otros. O al menos el sistema judicial no debería actuar conforme a una arbitraria y subjetiva escala valorativa e investigar y castigar unos y dejar pasar otros. Las desapariciones forzadas, en su pesarosa realidad, son una suerte de cereza podrida para ese sistema infecto que es la justicia mexicana.

Para los interesados, compartimos el informe de HRW en el que está basada esta nota, además del anexo con las 249 desapariciones forzadas documentadas por la organización.

 

Anexo 1: Casos de Desapariciones Documentadas por Human Rights Watch

Twitter del autor: @saturnesco

[HRW]

5 signos que demuestran que la riqueza extrema mata la empatía y racionalidad

Por: pijamasurf - 02/21/2013

Los ricos pueden ofrecer miles de excusas para justificar las grandes injusticias de la sociedad, prueba de que la riqueza extrema afecta la racionalidad y el sentido común.


Es difícil comprender como programas vitales para la sociedad pasan por cortes presupuestales en un mundo donde hay individuos con ingresos de billones de dólares. La respuesta es que la riqueza extrema mata al cerebro -la honestidad y empatía mueren primero.

1-Excusas para la desigualdad

El consejero de Goldman Sachs, Brian Griffiths dijo al respecto: “Tenemos que tolerar la inequidad para poder lograr más prosperidad y oportunidades para todos.”

La distribución de la riqueza en Estados Unidos se ha vuelto tan extrema que la mitad de los estadounidenses no tienen riqueza alguna, sus deudas rebasan sus bienes. En términos de ingresos, el 1% más rico logró lo imposible, ganó 100% más en el 2011 que en el 2009, mientras que los ingresos disminuyeron para el 99%.

Aunque parece increíble de justificar, el Heritage Foundation declaró que a los estadounidenses pobres les va bastante bien con sus televisores y aires acondicionados -no importa que para el quintil más pobre, la deuda exceda en promedio por $27, 000 dólares el valor de sus posesiones.

2- Excusas para el Fraude Bancario

Parece imposible que alguien se atreva a justificar el Fraude Bancario o que alguien esté en contra de las penalizaciones para aquellos que lo han hecho, pero lo hacen. El secretario de la Tesorería de E.U.A, Hank Paulson nos advirtió que sin el rescate a los bancos, la economía global colapsaría dentro de 24 horas. El secretario de Justicia Auxiliar, Lanny Breuer agregó que los cargos criminales desestabilizarían a todo el sistema bancario.

3- Excusas para un salario mínimo sin aumentos

A pesar de que la intención de tener un salario mínimo establecido es asegurar igualdad y la repartición de ingresos con trabajadores de bajos ingresos, un aumento al salario mínimo ha sido rechazado porque se dice aumentará el desempleo. Paul Ryan explica "Yo creo que causará inflación. Yo pienso que es contraproducente en muchas maneras. Se termina quitándole el empleo a personas que se encuentran el el último peldaño de escalera económica."

El Instituto de Políticas de la Economía calculó que incrementar el salario mínimo en realidad crearía hasta 100,000 trabajos para mediados del 2014.

4-Excusas para no pagar impuestos

En vez de excusas, algunos los jefes de corporativos a veces emplean una rotunda negación de hechos reales.

Un portavoz de GE dijo “Estamos comprometidos a actuar con integridad en relación a nuestras obligaciones tributarias.”

GE pagó 0% de impuestos del 2008 al 2010.

Pero los jefes corporativos encuentran maneras de justificarse, dicen que pagar impuestos “lastima” la economía.

Eduardo Saverin, el compañero de cuarto en a universidad de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, usó recursos estadounidenses para ganar billones, y luego renunció a su nacionalidad para evitar pagar impuestos. Un escritor de la revista Forbes lo llamó un héroe. Se publicó en American Thinker “El Código fiscal estadounidense es tan opresivo que personas inteligentes y exitosas como Saverin son obligados a renunciar a su nacionalidad.” Quizá los defensores de Saverin no saben que los impuestos pagados en Estados Unidos se encuentran entre los más bajos del mundo.

5- Excusas para no tener impuestos

Madres en Estados Unidos pagan un 10% de impuestos cuando compran la ropa de sus hijos, pero en Wall Street insisten que un impuesto a las transacciones financieras arruinaría la economía. Se sabe que el FTT, por sus siglas en inglés (Financial Transaction Tax), ha sido exitoso en otros países y podría generar billones de dólares al año.

Podemos concluir, que se puede justificar a los excesivamente ricos por su falta de racionalidad, honestidad y empatía. Ellos realmente creen que la redistribución de bienes que solo beneficia al 1% les demuestra a los demás lo que se puede lograr trabajando y con un poco de iniciativa, todos podemos aspirar a eso, bien lo dijo Charles Koch: “Quiero lo que es justo para mí -y eso es TODO.”

[AlterNet]