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Desapariciones forzadas: la cereza podrida del sistema de justicia en México

La organización Human Rights Watch ha presentado el informe sobre desapariciones forzadas ocurridas durante la administración de Felipe Calderón, un delito que revela la pesarosa realidad del sistema judicial mexicano, corrupto y displicente.

Por: Juan Pablo Carrillo Hernández - 21/02/2013 a las 11:02:00

El estado de seguridad pública en que ha vivido México en los últimos años es consecuencia, en buena medida, de las políticas gubernamentales en torno al consumo y comercio ilegal de drogas, la confrontación pretendidamente directa a las organizaciones criminales que tiene en el narcotráfico su principal fuente de ingresos económicos, pero casi exclusivamente a través de la vía armada, militar o policiaca, que según algunos ha contribuido menos a resolver el problema que, por el contrario, a intensificar la violencia que ha caracterizado parte de la vida pública mexicana reciente.

Paralelamente a esta situación, delitos como la extorsión, el secuestro, la tortura, el homicidio y el tráfico de armas, han experimentado también un incremento notable: a la sombra dela impunidad y del miedo, de la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades locales y federales del país y de la sensación de vulnerabilidad generada entre la población, cárteles del narco e incluso personas que solo simulan su pertenencia a estos, han diversificado la empresa delictiva hacia estas y otras operaciones que solo son posibles en un país de instituciones jurídicas endebles, corruptas e incluso de salarios incapaces de competir con las ofertas salariales de los cárteles (como es el caso de los cuerpos policiacos en el interior del país).

Por desgracia, la violencia asociada al narcotráfico ha permitido que, so pretexto de la seguridad, paulatina y casi imperceptiblemente han surgido prácticas ilegales que, sin embargo, son habituales lo mismo entre organizaciones criminales que entre autoridades del Estado. En particular, las llamadas desapariciones forzadas, situaciones en que una persona es tomada y retenida sin que se sepa su destino posterior.

En este sentido, la organización Human Rights Watch ha publicado un informe titulado Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, en el cual documenta las desapariciones forzadas ocurridas durante la administración federal de Felipe Calderón, esto es, de 2006 a 2012.

Human Rights Watch presenta 249 casos confirmados de desaparecidos, un número alarmante en sí mismo que lo es todavía más cuando se acota que al menos en 149 de estos (el 60%), hubo miembros de la policía, el ejército o la marina que intervinieron en la desaparición. Dice el informe:

Human Rights Watch ha documentado 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre de 2006. En 149 de estos casos, encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos 149 casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales.

La mayoría de los casos de posible desaparición forzada que documentamos responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares. Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas.

Asimismo, HRW llama la atención sobre la displicencia del sistema de justicia en México, particularmente los niveles donde medios y bajos donde se deberían iniciar los procesos correspondientes para solucionar esta situación. En una idea que lamentablemente se ha vuelto usual en el país y que, todavía más preocupante, se traduce en acciones concretas, personal del Ministerio Público justifica tácitamente la desaparición suponiendo ante los familiares del desaparecido que, probablemente, esto ocurrió por la pertenencia de la víctima a una organización criminal, lo cual de algún modo los exime de la obligación de investigar el delito, en una suerte de traslación punitiva de las instituciones del Estado hacia una entidad más o menos metafísica y omnisciente que reparte castigos a quienes así lo merecen.

Como si esto fuera poco, cuando los agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y funcionarios de seguridad pública atienden a familiares de desaparecidos, es común que sugieran que las víctimas posiblemente fueron agredidas debido a que están implicadas en actividades ilícitas, incluso cuando no tienen pruebas para hacer tales señalamientos. Las autoridades invocan esta presunción infundada como un pretexto para no iniciar investigaciones, y así excluyen y hostigan a personas cuya colaboración podría haber sido crucial para encontrar a la víctima desaparecida. Si bien es razonable que las autoridades evalúen los antecedentes de las víctimas como una posible línea de investigación, Human Rights Watch comprobó que algunos funcionarios asumían automáticamente que las víctimas tenían algún vínculo delictivo antes de iniciar una investigación preliminar, y mantenían esta postura aun cuando las evidencias señalaban claramente lo contrario.

Como sabemos, esto lo hace un ministerio público pero también, en su momento, lo repitió el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont e incluso el entonces presidente Calderón, quienes en más de una ocasión justificaron veladamente el homicidio de personas partiendo de la suposición nunca comprobada formaban parte de algún cartel del narcotráfico o grupo delictivo. El caso más polémico fue el del asesinato de 15 jóvenes en Villas de Salvarcar, una colonia popular de Ciudad Juárez, Chihuhua, a quienes Felipe Calderón no tuvo ningún reparo en calificar de “integrantes de pandillas”, como si esto fuera motivo suficiente o para desestimar la investigación del homicidio o para recalcar entre líneas la justicia del castigo recibido.

Esta, sin embargo, no es el único vicio de operación en el caso de los ministerios públicos. HRW también señala el hecho de que, si la investigación sobre una desaparición se emprende, entonces las autoridades piden a los propios familiares que realicen buena parte de esta, que consigan pruebas y entrevisten a testigos, que llenen ese vacío que, de nuevo, las instituciones judiciales no pueden o no quieren llenar, sea por exceso de trabajo o corrupción en sus niveles más profundos.

El informe es extenso y también desolador. Expone en un detalle el cúmulo de circunstancias en torno al problema delictivo y de justicia en México: quien toma la decisión de desaparecer a una persona, actúa a sabiendas de que la policía no lo va a perseguir, de que el ministerio público no lo va a investigar, de que ningún juez lo va a sentenciar, de que, efectivamente, su acción quedará impune a pesar de tratarse de un delito.

No hay delitos mejores o peores que otros. O al menos el sistema judicial no debería actuar conforme a una arbitraria y subjetiva escala valorativa e investigar y castigar unos y dejar pasar otros. Las desapariciones forzadas, en su pesarosa realidad, son una suerte de cereza podrida para ese sistema infecto que es la justicia mexicana.

Para los interesados, compartimos el informe de HRW en el que está basada esta nota, además del anexo con las 249 desapariciones forzadas documentadas por la organización.

 

Anexo 1: Casos de Desapariciones Documentadas por Human Rights Watch

Twitter del autor: @saturnesco

[HRW]


Comentarios

  1. fernando garcia dice:

    por eso estamos como estamos los mexicanos, preferimos que nada pase y todo se quede como esta,al presidente que realmente hizo un esfuerzo por limpiar el país ya lo queremos sacrificar.

  2. Ruffles dice:

    que tristeza…
    Desde chico escuche que México es un país de costumbres… un país donde es costumbre dar mordida al transito… un país donde es costumbre usar palancas para avanzar… un país donde es costumbre comprar cosas robadas…

    después nos quejamos de que los tránsitos nos extorsionen, nos quejamos de que alguien avance en su trabajo por encima de nosotros sin ningún tipo de merito y nos quejamos de que nos asalten…

    nos quejamos del comportamiento como sociedad que nosotros mismos generamos y perpetuamos por años… y obviamente vivimos en una sociedad degenerada, corrupta y totalmente viciada… donde nadie querrá arriesgarse por no perder el puñado de “beneficios” que aun tenemos… donde todos vivimos en un estado de “desvinculación cómoda” con lo que nos rodea, ya que “si no me afecta, desaparece para mi, por que yo estoy bien”… nos metemos en el juego de los medios de comunicación (o desinformación, ya que seguramente esta nota nunca vera un medio masivo) y somos felices con el fútbol y las novelas…

    Tenemos el gobierno que nos merecemos… y hasta que empecemos a cambiar individualmente no habrá cambio social..



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