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La organización Human Rights Watch ha presentado el informe sobre desapariciones forzadas ocurridas durante la administración de Felipe Calderón, un delito que revela la pesarosa realidad del sistema judicial mexicano, corrupto y displicente.

El estado de seguridad pública en que ha vivido México en los últimos años es consecuencia, en buena medida, de las políticas gubernamentales en torno al consumo y comercio ilegal de drogas, la confrontación pretendidamente directa a las organizaciones criminales que tiene en el narcotráfico su principal fuente de ingresos económicos, pero casi exclusivamente a través de la vía armada, militar o policiaca, que según algunos ha contribuido menos a resolver el problema que, por el contrario, a intensificar la violencia que ha caracterizado parte de la vida pública mexicana reciente.

Paralelamente a esta situación, delitos como la extorsión, el secuestro, la tortura, el homicidio y el tráfico de armas, han experimentado también un incremento notable: a la sombra dela impunidad y del miedo, de la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades locales y federales del país y de la sensación de vulnerabilidad generada entre la población, cárteles del narco e incluso personas que solo simulan su pertenencia a estos, han diversificado la empresa delictiva hacia estas y otras operaciones que solo son posibles en un país de instituciones jurídicas endebles, corruptas e incluso de salarios incapaces de competir con las ofertas salariales de los cárteles (como es el caso de los cuerpos policiacos en el interior del país).

Por desgracia, la violencia asociada al narcotráfico ha permitido que, so pretexto de la seguridad, paulatina y casi imperceptiblemente han surgido prácticas ilegales que, sin embargo, son habituales lo mismo entre organizaciones criminales que entre autoridades del Estado. En particular, las llamadas desapariciones forzadas, situaciones en que una persona es tomada y retenida sin que se sepa su destino posterior.

En este sentido, la organización Human Rights Watch ha publicado un informe titulado Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, en el cual documenta las desapariciones forzadas ocurridas durante la administración federal de Felipe Calderón, esto es, de 2006 a 2012.

Human Rights Watch presenta 249 casos confirmados de desaparecidos, un número alarmante en sí mismo que lo es todavía más cuando se acota que al menos en 149 de estos (el 60%), hubo miembros de la policía, el ejército o la marina que intervinieron en la desaparición. Dice el informe:

Human Rights Watch ha documentado 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre de 2006. En 149 de estos casos, encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos 149 casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales.

La mayoría de los casos de posible desaparición forzada que documentamos responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares. Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas.

Asimismo, HRW llama la atención sobre la displicencia del sistema de justicia en México, particularmente los niveles donde medios y bajos donde se deberían iniciar los procesos correspondientes para solucionar esta situación. En una idea que lamentablemente se ha vuelto usual en el país y que, todavía más preocupante, se traduce en acciones concretas, personal del Ministerio Público justifica tácitamente la desaparición suponiendo ante los familiares del desaparecido que, probablemente, esto ocurrió por la pertenencia de la víctima a una organización criminal, lo cual de algún modo los exime de la obligación de investigar el delito, en una suerte de traslación punitiva de las instituciones del Estado hacia una entidad más o menos metafísica y omnisciente que reparte castigos a quienes así lo merecen.

Como si esto fuera poco, cuando los agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y funcionarios de seguridad pública atienden a familiares de desaparecidos, es común que sugieran que las víctimas posiblemente fueron agredidas debido a que están implicadas en actividades ilícitas, incluso cuando no tienen pruebas para hacer tales señalamientos. Las autoridades invocan esta presunción infundada como un pretexto para no iniciar investigaciones, y así excluyen y hostigan a personas cuya colaboración podría haber sido crucial para encontrar a la víctima desaparecida. Si bien es razonable que las autoridades evalúen los antecedentes de las víctimas como una posible línea de investigación, Human Rights Watch comprobó que algunos funcionarios asumían automáticamente que las víctimas tenían algún vínculo delictivo antes de iniciar una investigación preliminar, y mantenían esta postura aun cuando las evidencias señalaban claramente lo contrario.

Como sabemos, esto lo hace un ministerio público pero también, en su momento, lo repitió el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont e incluso el entonces presidente Calderón, quienes en más de una ocasión justificaron veladamente el homicidio de personas partiendo de la suposición nunca comprobada formaban parte de algún cartel del narcotráfico o grupo delictivo. El caso más polémico fue el del asesinato de 15 jóvenes en Villas de Salvarcar, una colonia popular de Ciudad Juárez, Chihuhua, a quienes Felipe Calderón no tuvo ningún reparo en calificar de “integrantes de pandillas”, como si esto fuera motivo suficiente o para desestimar la investigación del homicidio o para recalcar entre líneas la justicia del castigo recibido.

Esta, sin embargo, no es el único vicio de operación en el caso de los ministerios públicos. HRW también señala el hecho de que, si la investigación sobre una desaparición se emprende, entonces las autoridades piden a los propios familiares que realicen buena parte de esta, que consigan pruebas y entrevisten a testigos, que llenen ese vacío que, de nuevo, las instituciones judiciales no pueden o no quieren llenar, sea por exceso de trabajo o corrupción en sus niveles más profundos.

El informe es extenso y también desolador. Expone en un detalle el cúmulo de circunstancias en torno al problema delictivo y de justicia en México: quien toma la decisión de desaparecer a una persona, actúa a sabiendas de que la policía no lo va a perseguir, de que el ministerio público no lo va a investigar, de que ningún juez lo va a sentenciar, de que, efectivamente, su acción quedará impune a pesar de tratarse de un delito.

No hay delitos mejores o peores que otros. O al menos el sistema judicial no debería actuar conforme a una arbitraria y subjetiva escala valorativa e investigar y castigar unos y dejar pasar otros. Las desapariciones forzadas, en su pesarosa realidad, son una suerte de cereza podrida para ese sistema infecto que es la justicia mexicana.

Para los interesados, compartimos el informe de HRW en el que está basada esta nota, además del anexo con las 249 desapariciones forzadas documentadas por la organización.

 

Anexo 1: Casos de Desapariciones Documentadas por Human Rights Watch

Twitter del autor: @saturnesco

[HRW]

Protégete contra visitantes espaciales indeseados con una poliza de seguro de abducción extraterrestre

Por: pijamasurf - 02/21/2013

Extraterrestres podrían intervenir en tu vida, por qué no hacerte rico si es que uno de ellos te quiere sacar a dar un paseo.

Ante la proliferación de reportes de abudcciones extraterrestres que se empezaron a generar en los noventas (persona que creyeron relamente haber sido raptados por extraterrestres), las compañías de seguros, ni cortas ni perezosas, rápidamente capitalizaron este terror cósmico, con sus característicos tentaculos de "calamar vampiro". 

Wikipedia tiene una entrada para los seguros de abducción extraterrestre en la que muestra algunas de las polizas que se ofrecen, en las que "la prueba recae en el reclamante". Algunas compañías ofrecen polizas que cubren embarazos extraterrestres, examinaciones extraterrestres (del tipo anal) y muerte provocada por OVNIs.

La primera compañía en ofrecer seguros de este tipo fue  la St. Lawrence Agency, en Florida, quien sostiene que le ha pagado dos de los solicitantes --entre más de 20 mil que han comprado la poliza. Entre las personas famosas que han adquirido un seguro por una abducción extraterrestre están la actriz Shirley MacLaine y un profesor de Harvard que ha escrito extensamente sobre el tema, según el dueño de St. Lawrence Agency (ese profesor de Harvard podría ser John  Edward Mack, quien llevó a cabo un estudio sobre abducciones fondeado por Laurence Rockefeller.

Aparentemente el grupo religioso suicida Heaven's Gate había comprado una poliza, algo que hizo que su compañía de seguros Goodfellow Rebecca Ingrams Pearson, por demás sospechosa, dejará de vender seguros de abducciones extraterrestres. Este seguro, con un costo de 155 dólares, pagaba 16o mil dólares a quien pudiera demostrar haber sido secuestrado por una persona de otro planeta e incluso cubría embarazo extraterrestre en hombres --por si acaso los aliens tuvieran capacidades insólitas de embarazo.

Por otro lado quizás las personas que adquirieron este producto podrían estar interesados en saber que existe una crema para  que los extraterrestres reptileanos se transformen en humanos, por lo que tal vez tu raptor después de todo si sea un extraterrestre.