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En una ejemplar medida, el Estado uruguayo planea legalizar la venta de marihuana e implementar un registro para consumidores a los cual proveerá de esta sustancia cuya calidad estará certificada

En lo que parece ser la medida más prudente y celebrable que haya surgido en torno a las drogas en Latinoamérica en los últimos años, Uruguay legalizará la venta de marihuana y generará redes de distribución estatales. El gobierno de José Mujica impulsará 16 medidas con el fin de combatir la inseguridad  bajo la premisa "guerra a la pasta base", con las que busca dar un duro golpe al narcotráfico y blanquear el mercado de estupefacientes.

Actualmente el consumo y la posesión para uso personal de marihuana no están penalizados en Uruguay. El Estado habilitará locales para vender marihuana en los que se registrará a los consumidores para regular las conductas adictivas; la venta no será libre y  estará prohibida para los menores de 18 años. La calidad de la marihuana será certificada por el Estado y se establecerá un máximo de cigarrillos por consumidor; aquellos que se excedan deberán someterse a tratamientos de rehabilitación.

El presidente Mujica hizo un sondeo entre legisladores de su bancada -el oficialista Frente Amplio-, los que coincidieron en que el proyecto tendrá un rápido tratamiento parlamentario para convertirse en ley.

No hay duda de que se trata, de llevarse a cabo (como todo parece indicar), de una inteligente medida política por parte del Estado uruguayo, señal de no estar coludido con las mafias que controlan este negocio en gran parte de los países del mundo. Aunque Uruguay no es uno de los lugares en los que mayor tráfico de drogas existe, en comparación con otros países de Sudamérica, y los intereses de países como Estados Unidos tienen menos injerencia, de cualquier forma podría servir como un excelente ejemplo a seguir. Celebramos el atrevimiento del ejemplar presidente Mujica, quien anteriormente fue noticia mundial al conocerse que dona el 90% de su salario a fondos de ayuda social.

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El sexenio de Felipe Calderón termina y, como siempre que finaliza un ciclo, cabe preguntarse por los cambios sucedidos a partir del inicio. ¿México es mejor o peor que hace seis años? Es difícil decirlo, pero, por lo pronto, parece que sí es más impune, menos justo y más desigual.

En pocas semanas Felipe Calderón dejará de ser presidente de México, terminando así un periodo que casi desde el inicio estuvo signado por la violencia, el terror, la muerte, el sufrimiento y otras realidades afines que siempre se superaron a sí mismas en la escala de lo cruento y lo doloroso: a los "ajustes de cuentas" se sucedieron las decapitaciones y las torturas, a estas las matanzas multitudinarias, las decenas de cuerpos arrojados primero en parajes más o menos deshabitados como La Marquesa y después en plenas ciudades como Boca del Río y algunas otras de la zona del Golfo de México, el descubrimiento de fosas clandestinas también atestadas de cadáveres anónimos (estas en Durango y Guerrero especialmente) o los atentados contra la población civil como el incendio del Casino Royale en Monterrey.

En cada uno de estos acontecimientos llegó a decirse que las cosas no podían ir más lejos y, sin embargo, cada uno estableció una nueva marca en esta frenética carrera del horror, puntos sin retorno insoslayables al momento de pensar retrospectivamente en lo que nos queda de esta administración encabezada por el panista.

La pregunta, por supuesto, no es sencilla y como tal no admite una sola respuesta. Puede decirse, quizá justificadamente, que en ciertos aspectos México no es peor que hace seis años. De entrada, a pesar de las muchas muertes, no nos encontramos sumidos en el caos y la desesperación. En todo caso la nuestra es una especie de “aura mediocridad”, una zona de confort y conformismo que explica en buena medida la pasividad mayoritaria con que se acepta la realidad de nuestro país que, en otras circunstancias sociales, se creería con elementos suficientes para desencadenar un cuestionamiento de amplio alcance hacia la manera en que han actuado gobernantes y autoridades.

A este contexto debemos, entre otras cosas, que al menos en un elemento muy específico México sí haya experimentado un retroceso: la percepción que se tiene sobre la impartición de justicia.  Mientras el territorio nacional se cubría de sangre y de luto, los escritorios de los ministerios públicos y las oficinas de investigación policíaca —tradicionalmente indolentes de por sí— se vieron sobrepasados, sepultándose expediente tras expediente en investigaciones que solo en una ínfima proporción se han resuelto con satisfacción. Actualmente solo 2 de cada 10 homicidas reciben sentencia condenatoria, según cifras del Poder Judicial Federal y de la Procuraduría General de la República.

Es comprensible, entonces, que ciertos individuos tengan la idea de que pueden delinquir sin temor a recibir el castigo legal correspondiente. Como ejemplos pueden recordarse los de Marisela Escobedo, asesinada a las puertas mismas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, y el de Urbano Macías y José Guadalupe Jerónimo, comuneros de Cherán, asesinados y torturados apenas un par de semanas atrás, ambos altamente significativos por la voluntad de cambio y verdadera transformación que representaban. Sin embargo, quizá ninguno tan elocuente de esa idea de impunidad que intento definir que el de los hombres que después de robar y violar a un grupo de jóvenes que acampaban en un paraje rural cerca de la ciudad de México, en Ixtapaluca, continuaron con su vida como si nada, viviendo en su residencia habitual, sin intentar esconderse u ocultarse por un tiempo, seguros como estaban, según declararon algunos de ellos, de que "no los iban a agarrar".

Es posible, claro, que con cifras y estadísticas se rebata esta premisa. Sin embargo, al menos en lo que respecta a la percepción colectiva, a la idea más o menos vaga pero definitiva con que alguien piensa el funcionamiento del aparato de justicia mexicano y a partir de la cual decide cometer o no un crimen, el daño está hecho. Si alguna herencia deja Felipe Calderón, es un enorme daño a la credibilidad y la legitimidad de nuestras instituciones públicas de justicia.

Twitter del autor: @saturnesco