Esta semana se dio a conocer que agentes de la Agencia Antidrogas Estadounidense, la cada vez más sospechosa DEA, que operan en México han estado involucrados en operaciones de lavado de dinero con el supuesto objetivo de “aprender” cómo utilizan las organizaciones criminales mexicanas este mecanismo financiero ilegal.
La información fue dada a conocer por el New York Times el domingo pasado y desde entonces ha despertado, justificadamente, cuestionamientos sobre la verdadera actividad de esta agencia en países extranjeros y también sobre el efecto totalmente opuesto que estas operaciones tienen en contraste con el discurso detrás del que se amparan. Además, estas acciones se suman al taimadamente fallido operativo “Rápido y Furioso” con el que la misma agencia autorizó el tráfico ilegal de armas a México, pretendiendo también que de esa manera conocerían mejor la estructura de los cárteles de la droga.
Por lo pronto se ha anunciado que el Congreso Estadounidense, que ya investiga la operación “Rápido y Furioso”, indagará también sobre ese lavado de dinero en que incurrió la DEA, misma que se defendió diciendo que, a diferencia del tráfico de armamento, el dinero “representa menor riesgo para la seguridad pública” (como si no fuera el dinero, la ganancia, lo que anima, vertebra y explica el narcotráfico y sus deplorables consecuencias).
Asimismo, en comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el procurador estadounidense Eric Holder admitió el fracaso del operativo Rápido y Furioso y aseguró que “utilizar una táctica equivocada es algo que nunca deberá ocurrir de nuevo”.
Sin embargo, lo más probable es que ocurra. Que las drogas, las armas y el dinero sigan fluyendo de un lado a otro con la anuencia de las autoridades que dicen combatir su tráfico ilegal. Porque estos dos ejemplos —auspiciados totalmente por la dependencia gubernamental estadounidense encargada de perseguir los delitos asociados al narcotráfico y, por otro lado, parece ser que con pleno conocimiento de las autoridades mexicanas responsables de tareas idénticas— muestran que el negocio de las drogas puede ser un dispositivo más de control por parte del gobierno estadounidense, una forma de mantener a países como México sumidos en un subdesarrollo conveniente a sus intereses. Lamentablemente, con plena colaboración de los gobiernos nacionales, como el mexicano, que prefieren rendir obediencia a esos intereses que a los del bienestar de su población.
