Siete años después de que un pequeño país de África occidental llevara a Myanmar ante los jueces de La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió este jueves 19 de noviembre una sentencia sin precedentes. El tribunal concluyó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el estado de Rakáin.
En los campamentos de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh, cientos de personas siguieron la lectura del fallo en directo. Muchas lloraron. Uno de los sobrevivientes, cuyos padres y cuatro hermanos fueron asesinados, dijo que la decisión demuestra que los rohinyás decían la verdad.
El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, explicó que las fuerzas de seguridad birmanas mataron a miles de civiles, ejercieron violencia sexual de forma generalizada y atacaron a niños y a personas que intentaban huir. Según la sentencia, los actos incluyeron asesinatos, daños físicos y psicológicos graves y medidas para impedir nacimientos dentro del grupo.
Para los magistrados, la única inferencia razonable ante esos hechos es que existió la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá del norte de Rakáin. Ese es el elemento central que distingue al genocidio de otros crímenes. La Corte reconoció los ataques del grupo armado ARSA, pero consideró que la respuesta militar fue desproporcionada y se dirigió contra la población civil.
Myanmar negó siempre las acusaciones y defendió que sus operaciones respondían a una insurgencia. El tribunal rechazó ese argumento. La votación estuvo dividida, con nueve jueces a favor y seis en contra, una cifra poco habitual que se observará con atención en otros litigios.
Qué deberá hacer el gobierno birmano
La sentencia obliga a Myanmar a investigar a los sospechosos de participar en los hechos y, cuando corresponda, procesarlos y sancionarlos. También debe indemnizar a las víctimas y facilitar el retorno de las personas desplazadas.
El fallo es definitivo y no admite apelación. Establece la responsabilidad internacional del Estado, pero no condena de forma penal a ninguna persona en particular.
El camino de Gambia hasta La Haya
Gambia presentó la demanda en noviembre de 2019, con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica. Pudo hacerlo sin ser parte del conflicto porque las obligaciones de la Convención contra el Genocidio de 1948 interesan a todos los Estados firmantes. Más tarde, otros 11 países intervinieron en el proceso.
En enero de 2020, la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás que permanecían en Myanmar y evitar que se destruyeran pruebas. Aung San Suu Kyi, entonces dirigente del país, viajó a La Haya para defender a su gobierno y calificó los señalamientos de Gambia como incompletos y engañosos.
¿El primer Estado declarado genocida?
La sentencia es la primera en la que la CIJ responsabiliza a un Estado por haber cometido genocidio. Conviene precisar el alcance de esa afirmación. En 2007, en el caso de Bosnia contra Serbia, la Corte determinó que Serbia no cometió genocidio, aunque sí incumplió su obligación de prevenirlo y de castigar a los responsables.
Hoy viven en Bangladesh alrededor de 1.2 millones de refugiados rohinyás, la mayoría en Cox’s Bazar. La CIJ mantiene además abierto el caso de Sudáfrica contra Israel, para el que este precedente será una referencia.