Hay una pregunta que los gobiernos occidentales llevan años aplazando: ¿hasta qué punto el Estado puede —y debe— regular lo que los niños ven y hacen en internet? El primer ministro británico Keir Starmer decidió hoy que ya no hay más tiempo para esperar. En una rueda de prensa en Downing Street, anunció la prohibición total de redes sociales para menores de 16 años en el Reino Unido, con el objetivo de que la ley esté aprobada antes de Navidad y en vigor en la primavera de 2027.
La medida es la más amplia de su tipo en Europa y va más lejos que la prohibición que Australia implementó a finales de 2024, que ya se consideraba pionera. En el Reino Unido quedarán bloqueadas para menores de 16 años plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. WhatsApp y Signal, en cambio, quedan fuera de la prohibición: el gobierno los considera servicios de mensajería con valor social distinto al de las redes sociales.
Pero la prohibición no se queda en impedir la descarga de aplicaciones. El plan incluye restricciones a funciones específicas consideradas especialmente dañinas: transmisiones en directo y comunicación con desconocidos para menores de 16 años. El gobierno también estudiará la implementación de toques de queda nocturnos y pausas en el desplazamiento automático de contenidos para menores de 18 años, y los menores no podrán usar chatbots de inteligencia artificial diseñados para simular relaciones sexuales.
La respuesta de las grandes tecnológicas fue inmediata y uniforme en su argumento central: la prohibición no protege a los niños, los empuja a lugares peores. Meta advirtió que las restricciones corren el riesgo de aislar a los adolescentes de comunidades en línea y derivarlos hacia alternativas sin controles parentales. YouTube señaló que las prohibiciones generalizadas alejan a los niños de experiencias supervisadas y los acercan a servicios anónimos. Snapchat, por su parte, argumentó que la mayoría del tiempo que los jóvenes pasan en su plataforma es en mensajería privada con amigos y familia, por lo que una prohibición no los protege sino que los desconecta.
El argumento no es nuevo: fue el mismo que se escuchó en Australia, y los datos de los primeros meses allí muestran resultados mixtos. Starmer lo anticipó y lo rechazó de forma directa, comparándolo con el argumento de que no tiene sentido prohibir el alcohol a menores porque algunos adolescentes lo consiguen de todas formas.
El respaldo ciudadano a la medida es sólido: una consulta pública que recogió alrededor de 116,000 respuestas mostró que el 91% de los padres participantes apoyaba establecer una edad mínima de 16 años para acceder a las aplicaciones. Y los datos de fondo son igualmente elocuentes: según el regulador Ofcom, el 95% de los niños entre 13 y 15 años usa redes sociales, y el 37% de los niños entre 3 y 5 años ya tiene acceso a ellas.
Qué cambia con la nueva ley
- Menores de 16 años no podrán descargar ni usar Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ni X
- Se prohíben las transmisiones en vivo y el contacto con desconocidos para menores de 16
- Menores de 18 años no podrán usar chatbots de IA con contenido sexual o romántico
- Se estudiarán toques de queda nocturnos y pausas al scroll automático para menores de 18
- WhatsApp y Signal quedan excluidos de la prohibición
- El regulador Ofcom diseñará los sistemas de verificación de edad
- Entrada en vigor prevista: primavera de 2027
El desafío técnico más inmediato es precisamente ese último punto: cómo verificar la edad de forma efectiva sin comprometer la privacidad de los usuarios ni crear nuevas vulnerabilidades. Ofcom realizará un estudio rápido sobre qué sistemas de verificación son viables para evitar que los niños burlen los controles. La experiencia australiana mostró que las soluciones fáciles —declaraciones de edad, controles parentales voluntarios— no funcionan cuando hay motivación suficiente para eludirlas.
Lo que está en juego es algo más amplio que una ley británica. El Reino Unido se convierte en el referente europeo de un debate que ningún gobierno ha sabido resolver del todo: cómo proteger a la infancia en un entorno digital que fue diseñado, desde su origen, para maximizar el tiempo de atención de sus usuarios, sin importar la edad. Si la ley funciona —o si fracasa— marcará el camino para el resto del continente.