En 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se abrogó la Ley Federal de Radio y Televisión que regía desde los años 60 (modificada por última vez en 2012) para dar paso a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre sus cambios más significativos estuvo la eliminación del artículo 256, el cual exigía que todo contenido pagado por gobiernos extranjeros fuera revisado y autorizado por la Secretaría de Gobernación antes de su transmisión en medios mexicanos.
La eliminación de este artículo dejó un vacío legal que ha permitido a las grandes cadenas televisivas mexicanas negociar directamente con gobiernos y proveedores extranjeros. El resultado era predecible: anuncios internacionales en cadena nacional y en los hogares de miles de familias mexicanas.
Un ejemplo reciente de esta situación es la campaña impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que ha transmitido mensajes antiinmigrantes a través de los principales canales de televisión en México.
En los últimos días, televidentes han visto un anuncio donde Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., lanza un mensaje amenazante a quienes consideren migrar de forma ilegal hacia ese país:
Sheinbaum pide restituir el artículo 256
Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró su desacuerdo con la transmisión del spot durante partidos de la Liga MX. Afirmó que el contenido del anuncio tiene un “alto contenido discriminatorio” y anunció que impulsará la reincorporación del artículo 256 a la legislación mexicana.
¿Qué establecía el artículo eliminado?
La presidenta también informó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha recibido diversas quejas, por lo que ya se envió una notificación a los canales que difundieron el spot, invocando el artículo 1 de la Constitución mexicana, que prohíbe actos de discriminación.
Este mismo día, el Senado de la República discutirá la reincorporación del artículo 256 para restringir este tipo de mensajes en medios nacionales.
Esto plantea interrogantes clave: ¿Debe el Estado intervenir para evitar que propaganda extranjera influya en la opinión pública nacional? ¿Hasta dónde llega la libertad comercial de los medios sin afectar la soberanía informativa? ¿Es esto parte de una nueva guerra mediática contra la migración en América Latina?
El DHS ha afirmado que este es solo uno de varios mensajes de una campaña internacional dirigida a los migrantes, lo que sugiere que esta disputa por el control narrativo apenas comienza.