En Argentina, el reciente anuncio sobre la implementación de inteligencia artificial para la predicción de delitos ha generado una ola de preocupaciones sobre los derechos civiles. La creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad por parte del presidente Javier Milei ha levantado cejas tanto a nivel nacional como internacional. Esta unidad utilizará algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos de crímenes con el fin de anticipar futuros delitos, además de emplear software de reconocimiento facial, patrullar redes sociales y examinar en tiempo real las grabaciones de cámaras de seguridad.
Este tipo de vigilancia ha llevado a comparaciones inquietantes con la obra de Philip K. Dick, "Minority Report", en la que se explora un sistema futuro que utiliza la tecnología para predecir crímenes antes de que ocurran. En la novela, una unidad de precognición identifica a los criminales antes de cometer sus delitos, planteando serias cuestiones sobre la privacidad y la justicia.
En el contexto argentino, los expertos temen que la implementación de esta tecnología pueda llevar a una vigilancia excesiva de ciertos sectores de la sociedad. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto en la libertad de expresión y el riesgo de una mayor represión. Amnesty International ha señalado que esta vigilancia masiva puede fomentar la autocensura, ya que las personas podrían abstenerse de compartir sus ideas por miedo a ser monitoreadas.
El Centro de Estudios sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de Argentina también ha advertido que tecnologías similares han sido históricamente utilizadas para perfilar a académicos, periodistas, políticos y activistas, lo cual, sin una supervisión adecuada, pone en peligro la privacidad individual.
El presidente Milei, conocido por su postura dura contra el crimen y su inclinación hacia políticas de seguridad militarizadas, ha generado inquietud por sus intentos de replicar modelos controvertidos de otros países y su respuesta severa a las protestas. Esta nueva medida ha exacerbado el temor en un país con un pasado oscuro de represión estatal, en el que se estima que aproximadamente 30,000 personas fueron desaparecidas durante la dictadura de 1976 a 1983.
A pesar de que la nueva unidad promete operar dentro del marco legal vigente, incluida la Ley de Protección de Información Personal, las preocupaciones persisten sobre cómo se gestionará y supervisará el uso de esta tecnología para evitar abusos.